• Familias acusan al gobierno de minimizar la gravedad del problema
• ONU advierte fallas estructurales y posible carácter sistemático del delito
• Autoridades rechazan informe y defienden avances institucionales
Reclamo de colectivos ante postura oficial
Organizaciones de familiares de personas desaparecidas expresaron su inconformidad con la respuesta del gobierno federal a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que se está restando importancia a la crisis que enfrenta el país.
Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza, sostuvo que el posicionamiento oficial refleja una continuidad en la falta de reconocimiento del problema. Señaló que minimizar la situación impide atenderla de manera efectiva y criticó que los esfuerzos institucionales no estén dando resultados visibles.
“Es terrible y grave la respuesta del Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación y realmente pues parece ser que continúa esta misma política desde la administración pasada, con un desconocimiento institucional de la crisis al tratar de minimizarla”, afirmó.
Exigen participación de expertos internacionales
Los colectivos consideraron necesario que México acepte el acompañamiento de instancias internacionales, particularmente en materia forense, para fortalecer la identificación de personas y mejorar las estrategias de búsqueda.
Advirtieron que el fenómeno de desapariciones mantiene patrones persistentes, vinculados en muchos casos con la operación de grupos delictivos y el reclutamiento forzado, lo que exige medidas extraordinarias.
También subrayaron que reconocer la magnitud del problema sería un paso clave para rediseñar la política pública y avanzar en la localización de víctimas.
División de posturas sobre el informe de la ONU
Mientras organizaciones civiles llamaron a utilizar el informe como una oportunidad para fortalecer las acciones del Estado, instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron sus conclusiones al considerar que carecen de sustento y no reflejan los avances recientes.
La CNDH defendió que la desaparición forzada ya no responde a una política de Estado y cuestionó el papel de organismos internacionales y de algunas organizaciones civiles en la construcción del diagnóstico.
En la misma línea, legisladores de Morena respaldaron al gobierno federal y calificaron el informe como una visión sesgada que no toma en cuenta el contexto actual ni los esfuerzos implementados.
Avances institucionales y retos pendientes
El gobierno ha destacado la creación de instituciones especializadas, el incremento del presupuesto y el uso de herramientas tecnológicas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Entre los resultados reportados se encuentran miles de acciones de búsqueda y cientos de localizaciones, además del fortalecimiento de registros forenses y bases de datos genéticos.
No obstante, organismos internacionales han advertido sobre deficiencias en la coordinación, limitaciones en la participación de familiares y la necesidad de mejorar los mecanismos de protección para buscadores.
Debate sobre la dimensión de la crisis
La discusión evidencia una brecha entre la visión oficial y la de las víctimas. Mientras las autoridades sostienen que se han logrado avances importantes, los colectivos insisten en que la crisis persiste y requiere acciones más contundentes.
En este contexto, las familias reiteraron su exigencia de verdad, justicia y la implementación de estrategias eficaces que permitan enfrentar el problema de fondo.
