-Tras la detención del presunto agresor, el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que: “En Puebla no hay impunidad: quien cometa un delito enfrentará la ley”.
-La detención fue resultado de una investigación coordinada entre los tres órdenes de gobierno, con inteligencia, tecnología y más de dos mil horas de trabajo especializado.
CIUDAD DE MÉXICO.- Como resultado de una investigación coordinada entre los tres órdenes de gobierno, el Gobierno del Estado informó sobre la detención de Rafael N., presunto responsable de las agresiones registradas en la Vía Atlixcáyotl. El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la estrategia de seguridad se ejecutó con inteligencia, tecnología, equipo altamente especializado y estricto apego a la ley para devolver la tranquilidad a las familias poblanas.
Precisó que en la entidad se respetan los principios de presunción de inocencia y se garantiza el debido proceso, pero dejó claro que no existe espacio para la impunidad. Confirmó que el detenido es un empresario de la industria farmacéutica de origen español, proveedor desde 2005, y reveló que podrían existir más denuncias en su contra, por lo que las investigaciones continuarán hasta llegar a las últimas consecuencias.
“En Puebla, quien comete un delito se enfrenta al escrutinio de la ley, sea quien sea, con el parentesco que tenga, con el compadrazgo que tenga y con la afiliación partidista política que tenga, con la condición económica que tenga, será investigado, será sancionado y se le aplicará la ley por las autoridades competentes”, sentenció el gobernador.
El titular del Ejecutivo reconoció el desempeño de la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, y del secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, quienes, dijo, cumplen su responsabilidad sin protagonismos.
Subrayó que su administración actúa con firmeza contra la delincuencia y recordó que durante este gobierno también se han logrado detenciones de personajes que, presuntamente, operaron durante al menos dos sexenios con la complicidad de autoridades. Asimismo, señaló que mientras en el primer año de la administración se detectaban en promedio 1.5 tomas clandestinas de combustible en ductos, este año el promedio es de dos, lo que refleja el fortalecimiento de las acciones de vigilancia y combate a este delito.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que el primer reporte relacionado con las agresiones en la Vía Atlixcáyotl se recibió en abril. A partir de ese momento se desplegó un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Marina, con presencia terrestre y aérea. Precisó que se documentaron 10 ataques en distintos puntos y horarios.
Explicó que, junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), se integró una estrategia basada en investigación de campo, acopio de información y pruebas sólidas, lo que permitió identificar al presunto agresor y ubicar su domicilio. El secretario reconoció la labor de la FGE y del personal que participó en la operación, además del respaldo de las autoridades federales para restablecer la tranquilidad en Puebla y municipios colindantes. También, destacó que el uso de drones, la capacitación permanente y la integración de personal especializado en inteligencia fortalecieron el éxito de la investigación. “Sin voluntad política no hubiera resultados y nosotros tenemos todo el respaldo del gobernador Alejandro Armenta”, expresó.
En su intervención, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que Rafael N., señalado como presunto agresor de la Vía Atlixcáyotl, fue aprehendido en el fraccionamiento Santa Fe, en San Andrés Cholula, en total apego a la legalidad, tras más de dos mil horas de trabajo de investigación y análisis. Precisó que la carpeta de investigación incluye delitos como tentativa de homicidio, lesiones, daños en propiedad ajena y ataques peligrosos.
Finalmente, la Fiscal indicó que la institución mantiene el cruce de información con investigaciones previas para fortalecer las indagatorias y garantizar que ningún delito quede impune.
