• Más de 6.2 millones de metros cúbicos de agua al año están concesionados a 31 figuras políticas
• El volumen equivale a 2 mil 511 albercas olímpicas en un contexto de sequía y estrés hídrico
• La nueva Ley General de Aguas endurece reglas y concentra mayor control en el Estado
Al menos 31 figuras políticas que han ocupado cargos públicos en los últimos siete años cuentan con concesiones de agua vigentes a su nombre. En conjunto, estos permisos autorizan el uso de más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año, una cantidad comparable con el llenado de 2 mil 511 albercas olímpicas, de acuerdo con registros oficiales.
La magnitud del volumen concesionado ha colocado nuevamente el acceso y la concentración del agua en el centro del debate público, particularmente en un país donde diversas regiones enfrentan sequías prolongadas y restricciones en el abasto para consumo humano y actividades productivas.
Quiénes concentran los mayores volúmenes
Entre los casos con mayor volumen autorizado se encuentran el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la diputada Olga Sánchez Cordero, el exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo Garza, la ministra de la Suprema Corte María Estela Ríos González y el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya.
Estos volúmenes corresponden principalmente a usos agrícolas y pecuarios, y fueron otorgados bajo el marco legal vigente en distintos momentos de las últimas dos décadas. Los titulares han sostenido que sus concesiones son legales y que el aprovechamiento del recurso se ajusta a los fines autorizados.
Concesiones en los tres niveles de poder
La revisión de los registros muestra que el acceso a concesiones de agua no se limita a un solo ámbito. Hay títulos vigentes en manos de legisladores federales, gobernadores en funciones, exgobernadores, ministros del Poder Judicial y exfuncionarios federales.
En el Poder Judicial, por ejemplo, María Estela Ríos González cuenta con una concesión para uso agrícola en Guanajuato y ha señalado que se apegará a lo establecido en la nueva legislación. En el ámbito legislativo, Ramírez Marín concentra el mayor volumen concesionado, con tres títulos en Yucatán que superan 1.4 millones de metros cúbicos anuales.
En los gobiernos estatales también figuran mandatarios en funciones y exgobernadores con concesiones activas en los estados que administran o administraron, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la concentración del recurso en zonas con problemas de disponibilidad.
Reforma legal y protestas sociales
El 4 de diciembre se expidió la Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales, en un proceso legislativo marcado por protestas de campesinos y agricultores en estados como Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Los inconformes advirtieron posibles afectaciones al acceso al agua para actividades productivas, aunque las manifestaciones no lograron frenar la aprobación.
La nueva legislación introduce cambios relevantes al modelo de concesiones. Entre ellos, prohíbe la transmisión de títulos entre particulares y otorga mayores facultades a la Comisión Nacional del Agua para reasignar volúmenes cuando cambie la propiedad de la tierra, existan procesos de herencia o se modifiquen las condiciones del predio concesionado.
Riesgos de opacidad y control estatal
Especialistas con experiencia en la gestión del agua han advertido que las reformas fortalecen el control del Estado sobre el recurso hídrico, pero también podrían generar riesgos de opacidad si no se publican criterios claros y transparentes para la reasignación de concesiones.
Estas preocupaciones se sumaron a un debate legislativo que derivó en acusaciones cruzadas entre partidos, con señalamientos mutuos sobre qué actores políticos concentran concesiones. Sin embargo, los registros confirman que existen títulos vigentes en prácticamente todas las fuerzas políticas, tanto entre quienes votaron a favor como en contra de la reforma.
El fondo del debate
Más allá de la legalidad de las concesiones, el eje de la discusión pública se concentra en la magnitud del volumen autorizado, la escasez hídrica regional y la necesidad de mayor transparencia en el nuevo esquema. En un escenario de estrés hídrico creciente, el uso y control del agua se perfila como uno de los temas más sensibles para la gobernabilidad, la justicia social y el desarrollo económico del país.
