El matrimonio político entre Morena y el Partido Verde está en su crisis de los 7 años. La alianza electoral de conveniencia que comenzó en 2018 y que ha sido para los dos partidos altamente redituable —a los morenos porque les ayudó a formar mayorías legislativas que no hubieran alcanzado solos y a los verdes porque les aumentó votos, dinero público y posiciones de poder— se encuentra en un momento crítico en el que las ambiciones y las diferencias los confrontan cada vez más, al grado que ya de los dos lados hablan de rompimientos o divorcio.
Y como toda pareja en crisis, han comenzado las habladurías y hasta las infidelidades. Los de Morena se quejan de que “los verdes piden demasiado y se cuelgan de nuestro movimiento”, mientras que los del PVEM acusan traiciones y deslealtades del partido gobernante que pretende arrebatarles gubernaturas que ellos conquistaron con sus candidatos como la codiciada Quintana Roo y la de San Luis Potosí.
Una de las cosas que más está tensando la alianza guinda y verde, es la reforma electoral constitucional que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir la reelección legislativa y, sobre todo, para prohibir el “nepotismo familiar” en los cargos de elección popular a partir del 2027. Y es que los verdes dicen que la legislación antinepotismo lleva dedicatoria directa para su polémico gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, quien pretende, a como dé lugar, postular como candidata a la gubernatura a su esposa, la actual senadora Ruth Miriam González.
De aprobarse esa iniciativa, que entraría en vigor en 2027, justo el año en que se renueva la gubernatura potosina, la senadora Ruth González quedaría impedida para ser candidata y el gobernador no podría impulsarla como su sucesora en el cargo por su relación familiar y conyugal. Eso, según los verdes, sería una maniobra política de Morena y de la presidenta para habilitar como candidata a gobernadora de San Luis a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , a quien, además de despejarle el camino a la gubernatura, le pondrían en bandeja su venganza contra el gobernador Gallardo, quien en las pasadas elecciones al Senado saboteó a la hermana de la titular de Segob, Rita Ozalia Rodríguez, para favorecer a su esposa Ruth González.
Si a eso se suma lo que sucede en Quintana Roo, donde el pleito entre los aliados también ha estallado con las denuncias de los verdes que acusan al actual titular de Aduanas federales, Rafael Marín Mollinedo, de estar promoviendo su candidatura a gobernador por Morena, aprovechando su compadrazgo con el expresidente y al amparo de negocios millonarios hechos por su clan familiar en Tulum y en las obras del Tren Maya, está claro que sí hay una crisis delicada entre Morena y su satélite verde.
Del lado del PVEM, su dirigente y dueño, Jorge Emilio González, ya ha dado línea a sus dirigencias y a sus bancadas para decirles que “no nos vamos a dejar y vamos a pelear con todo” para que Quintana Roo y San Luis sigan en poder del verde, acusando que Morena pretende arrebatarles esas posiciones y que el partido gobernante “nos maltrata y no valora las aportaciones del partido que le ha dado mayoría en ambas cámaras y les ha permitido sacar sus reformas constitucionales”.
Mientras tanto, del lado de la 4T hay molestia contra los verdes porque sienten que “se aprovechan de nosotros y venden muy caro sus votos al exigir posiciones que ellos no podrían ganar si no fuera por la marca de Morena. Nos cuestan demasiado”, son las expresiones que más suelen repetir, como queja, en el partido gobernante para referirse a sus aliados satélite.
Qué tan mal andarán las cosas y la crisis en el matrimonio de conveniencia que, ante la negativa de las bancadas del PVEM para aceptar la reforma constitucional contra el nepotismo —que los verdes se niegan a votar si no se cambia la fecha de entrada en vigor del 27 al 2030—, el coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López, desesperado, ya está en busca de nuevos aliados para sustituir al Verde y poder sacar esas reformas tal y como las propuso la presidenta Sheinbaum.
Nos dicen fuentes directas que Adán fue a ver al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para pedirle que los senadores priistas le dieran su voto a las reformas electorales de la doctora. “Esos del Verde ya se pusieron muy pendejos y exigentes, si tu bancada me apoya los mando a la fregada”, habría dicho el líder parlamentario al senador priista. Pero colmilludo y resbaladizo como es, Alito Moreno contestó la propuesta de noviazgo del morenista con la siguiente frase: “N’ombre, si eso les hacen a sus aliados que tanto los han apoyado, imagínate como nos tratarían a nosotros”.
Así es que, entre pleitos, ambiciones de poder y hasta infidelidades, cada vez se ve más tambaleante el matrimonio electoral de conveniencia entre Morena y el PVEM que cumple justamente siete años. Los terapistas de pareja dicen que toda relación o matrimonio vive, entre los 5 y los 7 años, una “coyuntura crítica” a la que denominan la “crisis de los 7 años” en la que las parejas, o en este caso aliados, “experimentan cambios en su relación y comienzan a revaluarla”; de esa crisis muchas parejas pueden salir fortalecidas, pero otras terminan en ruptura o divorcio. ¿Será que Morena y los verdes se divorcian antes de los estratégicos comicios intermedios de 2027?
NOTAS INDISCRETAS… El reloj no se detiene y las presiones aumentan para el gobierno de la 4T. Por un lado les quedan ya solo 7 días, a partir de hoy, para que venza el plazo para la imposición de aranceles a los productos mexicanos y el presidente Donald Trump parece disfrutar los apuros mexicanos cuando dice, sin especificar: “No estoy nada contento con lo que han hecho México ni Canadá”. Y por el otro lado, como si fuera la cuenta regresiva de una bomba de tiempo, las exigencias y amenazas del capo Ismael El Mayo Zambada a las autoridades mexicanas siguen subiendo de tono, con las declaraciones que ayer le hizo a Reuters, el abogado del narcotraficante mexicano, Frank Pérez, quien dijo que su cliente está dispuesto a negociar con el Departamento de Justicia declararse “culpable” de los cargos que le imputan a cambio de que no le den como sentencia la pena de muerte. “El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte”, dijo Pérez a la agencia noticiosa. Los comentarios del abogado del Mayo, quien se declaró inocente en septiembre pasado y espera su juicio, abonan a las advertencias y amenazas que la semana pasada hizo Zambada García en la carta que entregó en el consulado mexicano el pasado viernes y en la que exige que el gobierno mexicano gestione su repatriación a México o de lo contrario, “colapsará la relación bilateral”. Es decir que ahora El Mayo amenaza con declararse culpable y negociar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos como un aumento en la presión para que el gobierno de Sheinbaum se decida a “rescatarlo”, con todo el enorme costo político y diplomático que eso puede tener para la doctora y su administración… Ayer, niños de escasos 6 años y padres de familia del Instituto Pascual Borgia, ubicado en la Colonia Argentina, de la Miguel Hidalgo, protestaban con bloqueos en calles y avenidas, exigiendo justicia a la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, luego de que el domingo por la madrugada su escuela, que tiene operando más de 50 años en el edificio ubicado en la calle Lago Argentina 17, fuera desalojado por golpeadores encapuchados y policías capitalinos que se presentaron, sin orden judicial y cuando aún hay un juicio inconcluso, para echarlos literalmente a la calle con todo y los libros, pupitres y computadoras. Los niños y padres de familia, muchos de ellos de escasos recursos y que reciben apoyo con becas de la fundación Celamex-Italia, exigían que se hiciera justicia y se les devolviera el inmueble desalojado, toda vez que no se ha probado ni existe un fallo de un juez que le otorgue la propiedad al empresario invasor, Jorge Toriello, a quien parecen estar favoreciendo desde la FIDAMPU al otorgarle de manera ilegal y extrajudicial la posesión del inmueble en disputa, cuando el juez aún no ha emitido sentencia y cuando Toriello falsificó un acta empresarial y hasta hizo revivir a un muerto para adjudicarse la propiedad de dicho inmueble. Las imágenes y los gritos de los pequeños ayer en la calle y sin escuela, dejaban muy claro que no se están cumpliendo, al menos en este caso, las promesas con las que tomó posesión la fiscal Bertha Alcalde el pasado 12 de febrero, cuando ofreció en su discurso, sobre los inmuebles asegurados por la FGJCDMX, lo siguiente: “Transparentar y agilizar la devolución de inmuebles asegurados. El descontrol sobre el aseguramiento de inmuebles permite que en muchos casos se lucre, desde la Fiscalía con la propiedad; por ello, vamos a crear un registro público y consultable sobre los inmuebles asegurados de la institución, y vamos a evaluar, caso a caso, los méritos del aseguramiento y la validez de las razones, para no devolver un inmueble ante quejas”. ¿Qué espera entonces la fiscal Alcalde para devolverle el inmueble al Instituto Pascual Borgia a sus legítimos propietarios, al menos mientras no haya un fallo del juez que diga lo contrario? ¿O será que el empresario Toriello tiene palancas o corrompió a alguien en la fiscalía para que le entregaran el inmueble por la fuerza, de madrugada y sin fallo judicial, echando a la calle a los pequeños estudiantes?… Los dados mandaron Escalera Doble. Subida directa.
