• ONU advierte que la magnitud de las desapariciones podría constituir crimen de lesa humanidad
• Más de 6 mil cuerpos y 76 mil restos han sido localizados en fosas clandestinas
• El caso será analizado por la Asamblea General para definir acciones de apoyo
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU alertó que la crisis de desapariciones en México ha alcanzado un nivel alarmante, al grado de que podría ser considerada como un crimen de lesa humanidad por su alcance, recurrencia y afectación a la población civil.
Gravedad y alcance del problema
El organismo subrayó que la clasificación de estos delitos no depende necesariamente de que exista una política de Estado, sino de la magnitud y sistematicidad de los hechos. En ese sentido, su presidente, Juan Albán-Alencastro, señaló: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
Como parte de la evidencia, se destacó el hallazgo continuo de fosas clandestinas, donde se han recuperado más de 6 mil 200 cuerpos y cerca de 76 mil restos humanos, en su mayoría sin identificar.
Persisten rezagos y falta de resultados
El comité advirtió que, pese a las medidas adoptadas tras su visita a México en 2021, no se han observado avances significativos. Señaló que las autoridades continúan rebasadas por la dimensión del problema y que siguen siendo necesarias reformas estructurales para atender y prevenir este delito.
Asimismo, México concentra el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial. Entre 2012 y febrero de 2026 se han registrado 819 casos, lo que representa el 38 % del total global. Tan solo en los últimos cinco meses se sumaron 40 nuevas solicitudes, evidenciando un repunte reciente.
Contexto de violencia y posibles responsabilidades
El informe indica que muchas desapariciones están relacionadas con la violencia del crimen organizado, en el marco de la estrategia contra el narcotráfico. Aunque no hay pruebas de una política federal sistemática, los expertos advirtieron que existen casos en los que se investiga la posible participación directa de funcionarios públicos o su colaboración con grupos delictivos.
El caso será llevado ante la ONU
La solicitud del comité fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, para que el tema sea remitido a la Asamblea General.
Entre las medidas que podrían implementarse se contemplan apoyo técnico, recursos financieros y asistencia especializada en búsqueda de personas, análisis forense e investigación, además del fortalecimiento de las capacidades institucionales en México.
