• Washington analiza posibles investigaciones contra funcionarios mexicanos ligados al crimen organizado
• Declaraciones del embajador Ronald Johnson apuntan a medidas más allá de cancelación de visas
• Sheinbaum exige pruebas y rechaza acusaciones sin sustento
Posibles investigaciones y advertencias diplomáticas
El gobierno de Estados Unidos evalúa iniciar investigaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, de acuerdo con reportes difundidos en medios internacionales. Este escenario se da en medio de tensiones por temas de seguridad, corrupción y cooperación bilateral.
Durante un evento en Los Mochis, Sinaloa, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó la relevancia de la relación entre ambos países en el marco de la construcción de la planta de metanol Pacífico Mexinol, proyecto valuado en más de 2 mil 300 millones de dólares.
Sin embargo, su discurso se centró en la corrupción, la cual calificó como “un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”. Además, advirtió que podrían venir acciones concretas en este ámbito: “es posible que pronto veamos medidas significativas en este frente”.
Campaña anticorrupción con posibles consecuencias legales
De acuerdo con versiones periodísticas, estas declaraciones formarían parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Donald Trump para combatir la corrupción vinculada al crimen organizado en México.
Las acciones contempladas no se limitarían a la revocación de visas, sino que podrían incluir procesos judiciales en tribunales federales de Estados Unidos contra políticos mexicanos, incluso integrantes del partido gobernante.
Esta posible ofensiva surge en un contexto clave para la relación bilateral, especialmente por la revisión del tratado comercial de América del Norte, considerado fundamental para la economía mexicana.
Revocación de visas y señales políticas
Entre los casos mencionados destaca la presunta revocación de la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El mandatario estatal no participó en el evento donde estuvo presente el embajador estadounidense, ya que sostuvo reuniones con manifestantes que se oponen a la construcción de la planta.
Reportes también indican que otros actores políticos habrían sido objeto de medidas similares por parte del Departamento de Estado.
Postura de México: exigencia de pruebas
Ante estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que cualquier acusación debe estar respaldada por evidencia sólida y verificable. Recalcó que la investigación de posibles actos de corrupción corresponde a las instituciones mexicanas.
“La lucha contra la corrupción le corresponde al gobierno de México (…) igual que en Estados Unidos les corresponde atender los actos de corrupción de sus propios funcionarios”, afirmó.
La mandataria recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 en Estados Unidos y posteriormente liberado al no encontrarse pruebas suficientes, como ejemplo de la necesidad de sustentar cualquier acusación.
Asimismo, aseguró que su administración no protegerá a ningún funcionario en caso de comprobarse delitos, pero insistió en que toda investigación extranjera debe ser revisada por autoridades nacionales.
Finalmente, Sheinbaum señaló que México también ha solicitado a Estados Unidos actuar en casos como el “huachicol fiscal”, donde presuntamente están involucrados empresarios con doble nacionalidad.
