El exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, es lo que bien podría llamarse un converso político. Porque cuando fue anunciado como titular de la Armada de México, el 22 de octubre de 2018, por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el almirante, que tenía una larga y brillante trayectoria, era un marino cuya única lealtad era a la institución naval que lo había formado y en la que creció hasta alcanzar el máximo cargo al que puede aspirar un miembro de la Marina. Pero seis años después, cuando concluyó su encargo, Ojeda Durán ya actuaba más como un fanático convencido de la “cuarta transformación”, y su lealtad, por encima de la fuerza naval, se volvió política, no sólo hacia la figura del titular del Ejecutivo que lo nombró secretario, sino a las ideas y postulados políticos del obradorismo.
Podría decirse que en su “transformación” y conversión política, el almirante, que hoy se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse la red de corrupción que operó en la institución durante su mandato, con sus sobrinos, los hermanos Farías Laguna, como cabezas de una organización dedicada a la importación ilegal de huachicol fiscal y de contrabando de todo tipo, incluidas drogas y armas, en las aduanas marítimas del país, terminó actuando más movido por sus nuevas convicciones ideológicas y políticas, que por los principios de “honor, deber, lealtad y patriotismo” que le inculcaron en las fuerzas armadas y de los cuales claramente la Marina se apartó durante su gestión como secretario.
Ya desde los primeros años de la administración de López Obrador, el cambio en el secretario de Marina comenzó a ser evidente incluso para sus pares del gabinete que desde entonces comentaban que el almirante se desvivía por quedar bien con el Presidente, no sólo en lo que se refería al cumplimiento de su labor, sino en comentarios, expresiones y formas que lo hacían ver “demasiado efusivo y con comentarios muy politizados e ideológicos” en las reuniones diarias del gabinete de seguridad. Uno de los secretarios que asistían a esos encuentros tempraneros en el Palacio Nacional nos comentó en una ocasión que la forma de conducirse del titular de la Marina con el Presidente “se volvió cada vez más servil” y era frecuente escucharlo expresarse con un tono muy ideológico, que parecía más el de un militante convencido de Morena, que el de un integrante de las Fuerzas Armadas.
Esa situación se volvió tan evidente que incluso empezó a provocar roces y diferencias entre los titulares de las Fuerzas Armadas, pues incluso en la Secretaría de la Defensa cuestionaban el cambio en el comportamiento del almirante Ojeda que, decían entre los generales, rebasaba los cánones de la lealtad y obediencia institucional a la que están obligadas, constitucionalmente, las instituciones castrenses y sus secretarios.
Curiosamente su llegada al cargo sucedió sin que él estuviera entre la lista de nombres que le había presentado al presidente electo López Obrador, el secretario de Marina saliente, Vidal Francisco Soberón Sanz, que había presentado las propuestas que, de acuerdo a la tradición que imperaba hasta ese entonces en las Fuerzas Armadas, se definían de acuerdo al escalafón militar y a los méritos que los titulares salientes consideraban tenían los almirantes que podían desempeñar el cargo. Fue una recomendación del general retirado, Audomaro Martínez Zapata, militar de todas las confianzas del entonces presidente electo, la que pesó para su designación como secretario en 2018.
Hoy, cuando desde el gobierno de la presidenta Sheinbaum y desde la Fiscalía General de la República han intentado a toda costa protegerlo y deslindarlo de la red de corrupción huachicolera que proliferó bajo su mando, diciendo que él no tuvo nada y que incluso –dice el fiscal Gertz Manero— “fue el quien denunció desde hace dos años” los negocios ilícitos de sus sobrinos y de toda la red de oficiales de la Marina que se involucraron en el millonario negocio ilegal del tráfico de combustibles y sustancias por los puertos marítimos que administraban, cada vez surgen más hechos y evidencias que contradicen la supuesta inocencia que le atribuyen las autoridades federales.
Porque el almirante supo, desde principios del 2022, de la existencia de la corrupción en su institución, porque se lo dijo el entonces director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, cuando acusó a varios de los marinos que se desempeñaban como administradores de la Aduana de Manzanillo, el puerto más importante del país. Y fue el mismo secretario quien ordenó el cambio del entonces subdirector de Administración de dicha aduana, el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zuñiga, quien fue removido a finales de abril de 2022 de su cargo, bajo señalamientos de corrupción en la entrada de contenedores con todo tipo de contrabando, incluidas sustancias y precursores químicos para la fabricación de fentanilo, que eran autorizados sin revisión, a cambio de pagos millonarios a los marinos.
Extrañamente el capitán Del Ángel Zuñiga murió en una “práctica de tiro” real en Puerto Peñasco, Sonora, el pasado 9 de septiembre. Pero no fue el único oficial de Marina que murió después de haber colaborado con el almirante. También está documentado el caso del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, quien denunció ante el propio secretario Rafael Ojeda las actividades de huachicol fiscal que llevaban a cabo sus dos sobrinos, Roberto y Fernando Farías Laguna, en los principales puertos y aduanas marítimas del país. La denuncia, de acuerdo con información que ha citado el diario Reforma, la habría hecho el contralmirante Guerrero Alcantar personalmente al almirante secretario en noviembre de 2024, y unas semanas después de que denunciara, el marino transitaba en su camioneta por una transitada avenida de Manzanillo, cuando dos sicarios armados se le emparejaron y descargaron sus armas dejándolo muerto –y silenciado— en el lugar.
Y para sumar a todo eso, está el hecho de que los dos sobrinos políticos del almirante, consentidos de su señora esposa, Sandra Luz Laguna Rivera, fueron promovidos y condecorados por su tío político, que los propuso a la secretaría de Gobernación entre 2022 y 2023 para que ascendieran al grado de contralmirante y vicealmirante, según reveló ayer en estas páginas el columnista Mario Maldonado, quien publicó en su columna que fue el almirante Ojeda quién incluyó a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna en los listados que envió al entonces titular de Segob, Adán Augusto López, quién a su vez los mandó al Senado para su aprobación, y también ante la posterior secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que hizo lo propio para que los dos que hoy son acusados de encabezar la red de huachicol, recibieran un ascenso en su carrera naval.
¿Cómo entonces afirma temerariamente el fiscal Gertz Manero que fue el almirante Ojeda quien denunció a sus muy cercanos sobrinos desde 2023, cuando justo en ese año el secretario de Marina los estaba promoviendo para ser ascendidos y condecorando por su desempeño?
Cada vez queda más claro que el intento burdo y desesperado de la Presidenta, del fiscal y hasta del secretario Omar García Harfuch por deslindar y exonerar anticipadamente y sin que se le haya investigado o al menos interrogado, al almirante Rafael Ojeda, no tiene que ver con que haya pruebas contundentes de su presunta inocencia, sino más bien con la enorme cercanía política e ideológica que llegó a tener el exsecretario de la Marina con el expresidente López Obrador, quien lo sigue protegiendo y le agradece así su conversión política al morenismo. Dice una frase que “todo converso necesita un amigo”, y sin duda el almirante Ojeda lo tiene en Palenque.
Los dados insisten en la Serpiente. La caída continúa.
