Detrás de la salida sorpresiva y fulminante de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República hay una historia de corrupción de la que se enteraron la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy, pero que lejos de investigarla y sancionar al funcionario, decidieron ocultarla, enterrarla y darle a Lara una “salida digna” con su renuncia al cargo “por motivos personales”.
Con apenas seis meses como titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y siendo el hombre de mayor confianza de Godoy, Ulises Lara anunció su decisión de abandonar el cargo sin dar mayores explicaciones, mientras la FGR se limitó a emitir un comunicado hermético en el que no daban ninguna explicación de por qué se iba de manera tan inesperada el colaborador más cercano de Godoy.
Luego se sabría, por la columna del periodista Carlos Loret, que la razón de la sorpresiva renuncia había sido un acto de corrupción en el que Ulises Lara habría recibido 1 millón de dólares como soborno para que influyera en uno de los litigios de alto nivel que llevaba el fiscal, sin que se dieran más detalles de qué asunto se trataba.
“La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se presentó con lágrimas en los ojos ante su jefa, la Presidenta Claudia Sheinbaum. Llevaba bajo el brazo una vergüenza, una confesión: habían descubierto a su protegido, Ulises Lara, en un acto de corrupción por el equivalente a un millón de dólares.Para la fiscal Ernestina Godoy era un golpe político y un golpe personal. Ella había invertido mucho de su capital político en Ulises Lara para dotarlo de los mejores cargos y oportunidades, a pesar de su paupérrimo historial. Era su discípulo favorito”, narró Loret en su columna “Historias de Reportero” del pasado 23 de septiembre.
Fuentes de la FGR que conocieron de la investigación interna que documentó el acto de corrupción de Lara, confirman que el expediente existe y que tiene que ver con un expediente judicial que abrió la Fiscalía en la disputa legal que existe por la zona de aviación privada del Aeropuerto Internacional de Toluca, en la que la Secretaría de Marina cuestiona y desconoce un convenio firmado entre los dueños originales de los terrenos del aeropuerto y la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) para la operación de dicha zona de aviación privada.
La Semar, que ahora administra el aeropuerto mexiquense, desconoció dicho convenio y exigió a la empresa Operadora de Aviación General de Toluca (OAG) el pago de cambio de favorecerlos en el caso de una carpeta judicial que la Fiscalía federal judicializó en su contra, ante una jueza federal de Almoloya de Juárez, en la que los acusan de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude fiscal, como parte del conflicto que la Secretaría de Marina inició en contra de esa empresa a la que le exige el pago de servicios de “seguridad y vigilancia”; uso de rampa, tráfico y despacho de aeronaves; y le exigen pagar el 5 por ciento de sus ingresos brutos desde 2006, por “aprovechamiento del aeropuerto”.
Ante la negativa de la empresa a pagarle a la Semar los cobros que considera ilegales, se abrió un litigio que comenzó en la vía civil, pero escaló a lo penal cuando la Fiscalía General de la República judicializó, por presiones de la Marina, la causa 39//2025 en la que acusó a los socios de OAG, José Miguel Simón Galindo, Estrella Baz Ceniceros y José Luis Parra Patiño, de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude fiscal. Los acusados de denunciaron desde entonces que las denuncias en su contra respondían a las presiones de la Secretaría de Marina para despojarlos del control de la zona privada del aeropuerto de Toluca.
El pleito legal escaló cuando, según los dueños de OAG, que hoy controlan a las principales empresas de aviación privada que operan en Toluca, aparecieron en todo este pleito dos empresarios de muy alto nivel, que son cercanos al gobierno de la presidenta Sheinbaum, y que aliados con la Semar, pretenden hacerse del control del aeropuerto privado mexiquense. Se trata de Bernardo Gómez, de Grupo Televisa e ICA y José Miguel Bejos, de Mota Engil-México, quienes buscarían ser favorecidos con una nueva concesión del Grupo Aeroportuario de la Marina para operar la aviación privada en Toluca.
Y fue a partir de que ese pleito escaló y aumentaron las presiones sobre los dueños de OAG que, según las propias fuentes de la FGR, el fiscal Ulises Lara habría pedido a los actuales dueños de la aviación privada que le pagaran 1 millón de dólares a cambio de ayudarlos en la mencionada causa penal en su contra, pago que habría ocurrido y que, meses después, fue descubierto por la fiscal Ernestina Godoy, quien acudió a denunciarlo ante la presidenta, quien habría sugerido la separación inmediata del cargo del Fiscal de Asuntos Relevantes ocurrida el pasado 14 de julio.
Y así, como quien perdona a un niño que hizo una travesura, la presidenta y la fiscal, habrían acordado en privado y en Palacio Nacional, que la mejor salida, para evitar el escándalo de corrupción en la FGR, era mandar a su casa a Ulises Lara, sin que el delito que cometió al aceptar sobornos para manipular una causa judicial hubiera sido plenamente investigado y sancionado al funcionario corrupto.
Hace unos días, en su conferencia matutina, la doctora decía, con toda contundencia, que “cuando una autoridad descubre que se está cometiendo o se cometió un delito, está obligado a denunciarlo y a vigilar que se castigue y sancione por la vía judicial”. Y la pregunta entonces es ¿qué fue lo que pasó con los presuntos delitos cometidos por el Fiscal Ulises Lara? O será que las dos doctoras, una en derecho y otra en ciencias, prefirieron ocultar un presunto delito para darle impunidad al hombre de confianza de Godoy. Pregunta que no tiene más respuesta que la ilegalidad y la complicidad desde el máximo poder.
NOTAS INDISCRETAS…”Guadalupe Tadei debe ir a la cárcel”. La sentencia resonó ayer de manera clara y contundente durante la reunión de Comisiones legislativas que recibieron la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras. Pero quién pidió cárcel para la ex presidenta del INE no fue ningún diputado de oposición, sino el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien sostuvo que las investigaciones por la corrupción en la gestión de Tadei en el instituto electoral deben llegar hasta las últimas consecuencias y deslindar todas las responsabilidades administrativas y penales. Ramírez Cuéllar exigió que la Fiscalía General de la República abra una investigación de oficio y actúe de manera inmediata para determinar la existencia de posibles conductas delictivas porque no basta con la renuncia de Tadei y se deben asegurar los bienes y las cuentas relacionados con grupos y empresas proveedoras de materiales e insumos electorales que pudieran estar involucradas. “El país necesita abrir un maxiproceso”, sostuvo el diputado de Morena al señalar que las investigaciones no deben limitarse a personas o acontecimientos recientes, sino revisar la forma en que se construyeron durante años las relaciones entre autoridades electorales, proveedores y contratistas. Por ello, consideró necesario que anteriores responsables de los órganos de fiscalización e interno de control aporten información que permita esclarecer completamente los hechos porque de lo contrario se debilitaría a la autoridad electoral del país. “Necesitamos un Instituto Nacional Electoral fuerte, independiente y transparente. Defender al INE también significa investigar a fondo cualquier irregularidad, terminar con la impunidad y garantizar que los recursos públicos destinados a la organización de las elecciones se ejerzan con absoluta legalidad y transparencia”, dijo Ramírez Cuellar. Vaya, al menos sí existen morenistas que saben reconocer la realidad, que son capaces de ejercer la autocrítica y llaman a las cosas por su nombre…Por cierto que ayer también compareció ante la Comisión de Vigilancia, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, quien acudió a presentar los resultados de la auditoria a la Cuenta Pública 2025. Y entre los asuntos que el auditor le informó a los diputados, destaca el caso de la corrupción en el Gobierno de Nuevo León que encabeza el emecista, Samuel García. La ASF, indico el auditor en su informe, ha encontrado desvíos y triangulaciones de recursos públicos entre el gobierno de Nuevo León y empresas particulares relacionadas con familiares directos del gobernador. Presentó los avances de una investigación sobre la administración de Samuel García en la que documenta pagos por 961 millones de pesos del gobierno estatal a una empresa comercializadora, que a a su vez pagó 247 millones de pesos a una empresa de alimentos y ésta hizo transferencias por 209 millones de pesos a una empresa fundada por un familiar de un funcionarios el gobierno de Nuevo León. Menciona también operaciones por 1 mil millones de pesos entre en un funcionario del gobierno con el despacho jurídico y fiscal del padre del gobernador, y también investiga la compra de bienes inmuebles por parte de dicho funcionario. El propio auditor menciona en su informe que en estos casos se solicitarían acciones penales si no hay una comprobación total de los recursos a partir de la investigación particular del caso de Nuevo León…Sobre la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se ha dicho ya mucho. Baste decir que el ingeniero, que se convirtió en un actor clave para la democratización de México, murió sin haber visto concretado su idel de una democracia libre y que velara por el bien y la igualdad de los mexicanos. El mismo lo decía antes de morir que quienes llegaron al poder gracias a su lucha y la de muchos otros mexicanos, no representaban los verdaderos ideales de la izquierda mexicana ni eran un gobierno que se distinguiera del pasado autocrático y corrupto. Así que con todo y homenajes en Bellas Artes, los que lloraron en Morena por la partidad el ingeniero, sacaron lágrimas hipócritas porque todos ellos, empezando por su líder y pastor, Andrés Manuel López Obrador y siguiendo por quienes le sucedieron, traicionaron la lucha de Cárdenas por una izquierda democrática y lejos de construir un régimen que vele por el bienestar de todos los mexicanos, sin distingos, están empeñados en consumar una Autorcracia que concentre todo el poder en perjucio de los ciudadanos, con el único fin de eterninzarse en el poder…Los dados mandan Escalera Doble. Feliz Puente de Muertos para todos los amables lectores.
