En medio de tropiezos, dislates legales y evidente desconocimiento de la materia jurídica de la mayoría de sus nuevos ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está convirtiendo, en esta nueva y reciente etapa, no en una fuente de certeza jurídica y de garantía de constitucionalidad, sino más bien en una institución que, con sus debates y ocurrencias políticas y hasta ideológicas de algunos de sus integrantes, empieza a generar tensión e incertidumbre sobre la fortaleza de la legalidad y del nuevo sistema jurídico surgido de la cuestionada elección judicial de junio pasado.
Prueba de ello son las múltiples quejas y preocupaciones expresadas hasta ahora por empresas extranjeras, la mayoría de origen estadounidense, que han manifestado las dudas y preocupaciones que les provocan los nuevos juzgadores electos por el voto popular, desde los nuevos jueces de la materia civil y mercantil, hasta los magistrados y los ministros de la Corte que nomás no logran pasar la curva de aprendizaje y se muestran torpes, inexpertos y hasta prepotentes a la hora de revisar los recursos judiciales que tienen que resolver.
Apenas el 11 de noviembre pasado, la Cámara de Comerciode los Estados Unidos, USCC por sus siglas en inglés, le pidió públicamente a la administración de Donald Trump que apoyara a las 3 millones de empresas de todos los tamaños, sectores y regiones, y a las asociaciones industriales estatales y locales de su país, fortaleciendo la protección de las inversiones estadounidenses en el TMEC, para contrarrestar los efectos negativos que observan tras la Reforma Judicial en México.
“Lamentablemente, en los últimos años, las empresas estadounidenses que invierten en México han sufrido discriminación y expropiación, y han tenido que recurrir a las protecciones de inversiones fundamentales que se encuentran en el acuerdo. La revisión del TMEC debe respaldar, como mínimo, el nivel actual de protección (ISDS y SSDS), y el gobierno debería considerar fortalecer sus medidas de aplicación”, dijo la USCC en su carta al presidente Trump.
A ellos se sumaron los directivos de las principales corporaciones transnacionales de Estados, agrupados en la Business Roundtable (BRT), quienes también le expresaron al gobierno de su país su preocupación por la Reforma Judicial mexicana, al considerar que “politizan” al Poder Judicial y amenazan los mecanismos de arbitraje independiente entre empresas y el Estado mexicano. Unos 200 CEOs de las mayores compañías estadounidenses, entre ellos Tim Cook, de Apple; Jamie Dimomn, de JP Morgan; Raj Subramarian, de FedEx, y Mary Barra, de General Motors, le pidieron a Trump renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en 2026, pero asegurando mayores garantías para sus inversiones en territorio mexicano.
La desconfianza que ahora generan los tribunales judiciales de México a las empresas extranjeras también se manifestó con el posicionamiento de cerca de 600 empresas estadounidenses del sector energético, que acusaron recientemente que nuestro país “está violando el TMEC” al favorecer con sus leyes y política energética a Pemex y a la CFE. El Instituto Americano del Petróleo y otras organizaciones del vecino país, le pidieron a la Casa Blanca “endurecer el TMEC” en la próxima revisión y solicitaron, específicamente, ampliar los mecanismos de arbitraje internacional para evitar que sus empresas tengan que comparecer primero ante tribunales mexicanos.
Toda esa desconfianza y cuestionamiento al nuevo modelo judicial que impulsó la presidenta Sheinbaum, a partir de la idea de su antecesor, se materializó y le dio la razón a los temores de inversionistas estadounidenses cuando, en sesión del pleno de la Suprema Corte, el pasado 26 de noviembre, un bloque de los nuevos ministros pretendieron imponer un polémico y preocupante criterio que abre la puerta a impugnar sentencias previamente consideradas firmes, lo que en el mundo jurídico se conoce como “cosa juzgada”.
El peligroso precedente que pretende imponer surgió al discutir una contradicción de criterios y fue impulsado por las radicales ideas de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien recibió el respaldo de los ministros Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinoza Betanzo y hasta del presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Estos ministros quieren imponer un retrógrado criterio que permitirá reabrir todos los juicios en México, a pesar de que se encuentren totalmente concluidos.
Bajo el pretexto de que la figura de “nulidad de juicio concluido” aplica para todos los procedimientos, aunque la ley no lo prevea, pretenden romper con el principio de seguridad jurídica que había regido tradicionalmente en México, pues con ello se permitiría reabrir asuntos concluidos y volver a litigar decisiones que ya habían adquirido firmeza.
Y aunque la intentona de romper el principio de “cosa juzgada” no prosperó porque solo tuvieron 5 votos, cuando se requerían 6 ministros para modificar el criterio mencionado, el hecho de que hayan planteado y discutido algo tan peligroso y dañino para la certidumbre legal que necesita el país, los mexicanos y hasta los extranjeros que invierten aquí, despertó toda una ola de reacciones que llevaron a que a ese grupo de 5 ministros radicales se les denominara como el “Bloque Negro” dentro de la Corte, en un símil con los grupos anarquistas de jóvenes que salen a las manifestaciones, sobre todo de la oposición, a romperlo y destruirlo todo, empañando y ensuciando las legítimas protestas sociales.
El mote de “Bloque Negro” para los ministros que encabeza Lenia Batres, quien logró coptar y convencer al presidente Hugo Aguilar y a otros cuatro ministros en su aventura inconstitucional y que es calificada de aberración jurídica, ya lo utilizan incluso dentro de la Corte para identificar al ala más radical del nuevo pleno, que decidió seguir los alocados e ideologizados proyectos de la ministra Batres que, en una muestra más de su inexperiencia y desconocimiento jurídico, ahora encabeza lo que, con toda razón, los inversionistas estadounidenses llaman la “politización” de la justicia.
Qué tan fuerte y negativo sería el mensaje que mandaron los ministros que integran el “Bloque Negro” en la Corte, que hasta la presidenta Sheinbaum, de quien se sabe tiene una cercana relación con al menos una de las integrantes de ese bloque, la ministra Sara Irene Herrerías, salió públicamente a corregirles la plana y a descalificar la intentona de dinamitar la certeza jurídica en el país, modificando el criterio de “cosa juzgada”.
“Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente, lo que ya fue juzgado ya fue juzgado, hay muchos temas que tiene pendiente la Corte. Obviamente, ellos son autónomos, ellos pueden decidir con autonomía y nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte. Ya que lo preguntas, aprovecho para dar mi opinión, lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Y que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”, dijo con toda claridad la presidenta, quien de paso le recordó a los ministros anarquistas que “ellos no legislan” y que la Corte debe avocarse solo a los asuntos y facultades constitucionales que le son encomendados por la Carta Magna.
Después de ese coscorrón de la Presidenta, los integrantes del “Bloque Negro” de la Corte se replegaron y salieron a explicar que la intención de su proyecto y su votación no era dinamitar el principio constitucional de “cosa juzgada” y que solo se referían a la posibilidad de modificar un criterio que permita reabrir casos ya juzgados y sentenciados por la propia Corte solo en casos en los que se presuma –no necesariamente se acredite— un “fraude procesal”.
El sábado en este espacio comentaremos más detalles del “Bloque Negro de la Corte”, de cómo se formó y de cómo las ideas radicales de la ministra Batres, como ariete de los grupos más radicales y duros de Morena y de la 4T lograron copar y coptar a la mayoría simple de ministros de la Corte para construir una mayoría que impulse proyectos y resoluciones cada vez más extremistas e ideologizadas desde el pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
NOTAS INDISCRETAS… La simulación de Morena y de la presidenta Sheinbaum se consumó anoche, tras un apuradísimo y falso proceso, para convalidar la decisión tomada desde el pasado jueves para que Ernestina Godoy se convirtiera en la nueva titular de la Fiscalía General de la República. 97 votos a favor terminaron convalidando un nombramiento y un proceso a todas luces manipulado y simulado por la mayoría de Morena en el Senado de la República, que al final no actuó sola y logró coptar y comprar 19 votos de las bancadas de la oposición que se prestaron a legitimar el nombramiento de la segunda titular de la FGR. No hubo, al final, ni sorpresas ni sobresaltos, y salvo los discursos y cuestionamientos de senadores del PRI y del PAN, que exhibieron y cuestionaron a la nueva fiscal “carnala” de la República, al final se cumplió la orden presidencial, tomada desde hace casi una semana, para que Godoy se convierta en la fiscal que procesará y acelerará las órdenes que surjan desde el poder, sobre todo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien tendrá en Godoy Ramos una aliada incondicional para sus estrategias y operativos de inteligencia en la persecución del crimen organizado y el narcotráfico. Por el bien de la República y de la procuración de justicia en México, más vale que la doctora Godoy termine siendo leal a las estrategias de seguridad de García Harfuch y de la presidenta y no termine convirtiéndose en una persecutora e investigadora de opositores y críticos del régimen, porque al final, después de todo el cinismo y descaro que presenciamos todos los mexicanos, ya pedirle autonomía a la nueva fiscal es como pedirle peras al olmo… Los dados mandaron Escalera Doble, subimos a pesar de toda la adversidad que se cierne sobre la República.
