El Instituto Nacional Electoral, colonizado por la 4T y bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, habrá perdido independencia, autonomía y profesionalismo, pero lo que sí mantiene son los negocios que se pueden hacer al amparo de los millonarios contratos que otorga el órgano electoral a las empresas particulares.
Es el caso de la emisión de las credenciales para votar que constantemente se están renovando y representan uno de los contratos más grandes y por mayores recursos que asigna el INE. Y en esta ocasión, para producir las nuevas credenciales que demandan los electores, Guadalupe Taddei cambió las bases de licitación para la fabricación de los plásticos con el único objetivo de favorecer a proveedores muy específicos encabezados, nuevamente, por José Alfredo Hernández Casillas, a través de las empresas Litoformas, S.A. de C.V.
Hernández Casillas es un empresario cuestionado en el sector de las impresiones, quien junto con su hermano Raymundo Hernández Casillas, utilizan las razones sociales Corporativo ZEG y Cajas Graf, que han sido favorecidas con varios contratos en el INE para la elaboración de mamparas, casillas y urnas, y que también reciben contratos en varios organismos electorales de los estados gobernados por Morena, como Campeche, Veracruz y Morelos, a pesar de que también tienen varias observaciones por parte de otros OPLES y se menciona que ambas empresas han sido intervenidas por la Unidad de Inteligencia Financiera a petición de la FGR, por denuncias públicas que han recibido por tratarse de empresas de impresión fantasma vinculadas a prácticas de sobornos en diversas licitaciones.
De acuerdo con fuentes internas, el actual director ejecutivo de administración del INE, Jesús Octavio García González, es familiar de los Hernández Casillas y exempleado representante legal de Corporativo ZEG SA de CV y Cajas Graf SA de CV, las dos empresas favorecidas por el instituto y resulta que su familiar es uno de los responsables de poner a modo las bases de la licitación para la fabricación e impresión de las nuevas credenciales de elector.
Octavio García González, además de ser sobrino de José Alfredo Hernández Casillas y de haber sido representante legal de una de sus empresas, participó en el proceso de selección de consejeros del Instituto Electoral de Veracruz y ha ayudado a obtener contratos para Cajas Graf en el instituto veracruzano durante las últimas 3 elecciones. Tan solo en este 2025, según las fuentes del INE, el director administrativo ayudó a obtener 2 contratos para Lithoformas en el OPLE de Veracruz
Las nuevas bases de licitación para la manufactura de estas credenciales, afirman las fuentes, limitan la competencia y favorecen a ciertos proveedores. Las reglas actuales, comparadas con las de 2019, muestran requisitos más restrictivos y duplicidad en certificaciones técnicas, lo que reduce la posibilidad de participación de nuevos fabricantes y genera riesgos de dependencia tecnológica.
Como ejemplo mencionan que a pesar de que el INE no puede favorecer a marcas o fabricantes específicos en las licitaciones, en materia de solución de identidad para códigos bidimensionales (códigos QR) se enfoca en favorecer al fabricante HuBOX, y con las nuevas bases no permite ofrecer una solución con características similares o superiores. En el 2022 HuBOX cotizó esos códigos de alta densidad en US 1.7 centavos cada uno. Sin justificación alguna para el 2025 cotiza exactamente lo mismo en US$ 12 centavos lo cual deja entrever el tamaño de corrupción al interior del instituto
También en las nuevas bases de licitación de las credenciales se observan diferencias notables en los criterios de experiencia, certificaciones y localización de centros de producción. La combinación de estos factores reduce la competencia efectiva, incrementa costos en perjuicio del presupuesto público y crea condiciones para monopolios tecnológicos que comprometan la seguridad y continuidad de procesos estratégicos, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.
Así es que con el INE morenizado la capacidad de fiscalización de los procesos de ese instituto también se ha visto afectada, pero las denuncias de favoritismo desde la presidencia de Guadalupe Taddei en la asignación de contratos millonarios, ameritaría una revisión técnica y de integridad por parte de los órganos de control y auditoría, a fin de garantizar que los contratos públicos cumplan con los principios de imparcialidad, eficiencia y libre competencia que establece la ley.
La relación de negocios que hay entre la presidenta del INE y los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández Casillas (con un familiar y exempleado sembrado dentro del instituto) ameritan claramente una nueva ruta de investigación: la manufactura de credenciales para votar a partir de bases de licitación diseñadas a la medida para favorecer a Litoformas SA de CV y HuBOX, entre otros. ¿O será que en la medida que se el instituto, otrora ciudadano, se ha alineado ya a los postulados de la 4T, también permitirá la corrupción como una práctica común y tolerada? Es pregunta.
NOTAS INDISCRETAS… Dice el viejo refrán que “si no puedes con el enemigo, únetele” y este fin de semana, desde la 4T promovieron y organizaron su propia marcha de la “Generación Z”, en la que jóvenes de los llamados centennials, que comulgan con la ideología izquierdista de Morena, salieron a las calles de varias ciudades a manifestarse, en un claro intento de dividir y debilitar a la otra Marcha de dicha Generación “Z”, que ha sido convocada para el próximo 15 de noviembre desde diversas cuentas de redes sociales. Con el argumento, repetido hasta el cansancio desde la mañanera y las granjas de bots del oficialismo, de que la movilización de los jóvenes nacidos entre 1997 y el 2011, estaba siendo coptada por la derecha y que se promovía con “intereses políticos” oscuros, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien incluso ordenó, en un claro exceso autoritario, una investigación de las cuentas de redes sociales que promovían dicha marcha, desde el oficialismo decidieron adelantarse y organizar su propia marcha en la que los jóvenes, preocupados por su futuro, se supone se manifestaría contra el mal gobierno y contra la situación de violencia e inestabilidad en el país, terminaron coreando vivas a Palestina y otro tipo de consignas descafeinadas, pero sin mencionar ninguna vez al gobierno de Sheinbaum y mucho menos incurrir en actos disruptivos. Así que, fieles a aquella vieja consigna romana del “Divide y vencerás”, los oficialistas sacaron a sus jóvenes simpatizantes a marchar, en una manifestación que pasó casi desapercibida y que resultó más aburrida, como dicen coloquialmente, que bailar entre hermanos. Veremos ya en esta división y polarización que hacen de la Generación “Z”, qué tal viene la marcha del próximo domingo 15 y, dependiendo de lo que ocurra la próxima semana, se verá qué tan orgánicas y representativas fueron ambas marchas de los jóvenes que, sin duda, están despertando en este país y el mejor ejemplo son las protestas estudiantiles en Michoacán… El SNTE, que encabeza el Senador Alfonso Cepeda Salas, propone en el Congreso de la Unión reformas legales para que el poder político del Estado no intervenga en las decisiones sindicales. Aprobada por unanimidad en el Senado de la República, la iniciativa de reforma al artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, que corresponde a los trabajadores al servicio del Estado, contempla 19 conductas que serán entendidas como injerencia sindical y meritorias de sanciones, entre las que están amenazar a agremiados para abstenerse de votar por un dirigente y ofrecer beneficios laborales, como ascensos a cambio de apoyo sindical, además de usar fondos institucionales para favorecer a determinada planilla sindical, difundir propaganda a favor o en contra de una candidatura, permitir el uso de infraestructura pública para actos de campaña sindical, realizar aportaciones o solicitar contribuciones a subordinados para actividades sindicales, así como usar el cargo para influir en la opinión y afectar la libertad del voto. El senador Cepeda Salas precisó que con las nuevas disposiciones se tipifica como falta administrativa grave cualquier acción de funcionarios que condicionen el voto sindical, por lo que confía en que la Cámara de Diputados apruebe en breve las modificaciones legales que salvaguardan la autonomía sindical y sancionan toda injerencia de servidores públicos en la vida interna de esas organizaciones. Así que el sindicato magisterial propone una reforma a la ley que, en la práctica, debiera traducirse en sindicatos más fuertes, transparentes y cercanos a su base trabajadora, pero sobre todo, con independencia del poder político en turno, para no repetir los esquemas corporativos del pasado que, hasta ahora, están siendo replicados en la 4T… Se baten los dados en busca de una Escalera, pero acecha la Serpiente. La semana se viene complicada.
