La cuenta regresiva de la justicia estadounidense comenzó para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; para su senador consentido, Enrique Inzunza, y para otros ocho políticos y funcionarios de la entidad sinaloense.
Las acusaciones y delitos que les imputa la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, por “haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos” se convertirán en una bomba de tiempo con la que la administración del presidente Donald Trump presionará y amenazará al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que endurezca su lucha contra las organizaciones del narcotráfico, so pena del enorme daño para la imagen de su partido Morena.
Lo que tanto negaron desde Palacio Nacional y del gabinete de seguridad, donde decían desconocer que existía una lista con nombres de políticos y funcionarios mexicanos, a los que el gobierno estadounidense investigaba por presuntos vínculos con el narcotráfico, se confirmó finalmente con el anuncio que ayer hizo el embajador Ronald Johnson, y que representa un duro golpe para la llamada Cuarta Transformación, cuyos políticos y militantes de Sinaloa son señalados por “corrupción que facilita el crimen organizado y afecta a ambos países”, lo que abre la puerta para que otros integrantes de Morena y de la 4T se sumen a la lista de acusaciones por narcotráfico y “delitos relacionados con armas” en los próximos días.
Porque según las informaciones que se habían publicado en la prensa mexicana y estadounidense, que finalmente son confirmadas por el anuncio de ayer, la lista total de políticos y funcionarios de México que son investigados por el Departamento de Justicia y por agencias como la DEA, la CIA y el FBI —la gran mayoría pertenecientes al partido Morena, aunque tambien se mencionan nombres de otros partidos políticos— asciende a unos 51 nombres, entre los que se incluyen otros gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y hasta secretarios del gabinete de la doctora Sheinbaum.
La primera reacción del gobierno mexicano ha sido la de proteger y tratar de blindar a Rocha Moya y al resto de los acusados por Estados Unidos, argumentando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que, de acuerdo con su análisis jurídico, no “cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita su detención con fines de extradición” y, en un claro intento de retrasar y alargar la respuesta a la petición estadounidense, han derivado el caso a la Fiscalía General de la República, a cargo de la militante morenista Ernestina Godoy, para que sea la que determine si existen pruebas o evidencias de la corrupción e involucramiento de los 10 funcionarios reclamados por asociación con el cártel sinaloense.
Y mientras la FGR de Godoy nunca ha investigado ni requerido a ninguno de los acusados por Estados Unidos, a pesar de las múltiples denuncias y señalamientos públicos que han existido en su contra, es muy probable que el gobierno de Sheinbaum termine negando la extradición de los 10 políticos solicitados o que decida entregar sólo a algunos de ellos, los de menor rango político, para tratar de calmar la presión estadounidense.
Por lo pronto, la sola petición hecha pública por el embajador Johnson sin informarle antes al gobierno de Sheinbaum es un duro revés para la Presidenta y para su antecesor, el expresidente López Obrador, que públicamente y en reiteradas ocasiones, no solo negaron que existieran investigaciones contra figuras prominentes de su partido, como el gobernador Rocha Moya, sino que además los defendieron y arroparon desde la Presidencia de la República, acusando que se trataba de “campañas de desprestigio de la derecha” contra su movimiento político.
Todavía resuenan las declaraciones que el entonces presidente en funciones y la presidenta electa emitieron en El Rosario, Sinaloa, el 25 de agosto de 2024, en defensa de los señalamientos contra el gobernador morenista: “Refrendando lo que aquí externó la presidenta electa, próxima presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa y lo felicito porque da la cara”, dijo López Obrador en aquella gira desde Culiacán en la que estuvo acompañado por la actual Presidenta.
Ayer, ya sin la defensa abierta de ninguno de sus dos protectores, el propio gobernador sinaloense salió ante los medios para dar su respuesta a las acusaciones del Departamento de Justicia del vecino país: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, declaró ayer el mandatario de Morena, quien ubicó las denuncias del gobierno estadounidense como “un ataque al proyecto político de la Cuarta Transformación”.
Hoy ya no hay duda de que el gobierno de Donald Trump ha decidido iniciar la cacería de políticos mexicanos vinculados, ya sea por omisión o comisión, a los cárteles de la droga. Ya no se trata de “versiones periodísticas”, rumores o trascendidos. La petición de extradición de 10 políticos sinaloenses, confirman fuentes en Estados Unidos, es apenas el inicio de una larga lista de nombres que comenzarán a ser pedidos por el Departamento de Justicia para que sean acusados y enjuiciados por la justicia de su país.
La única duda que hoy queda es cómo va a responder a esas solicitudes la presidenta Sheinbaum y si decidirá seguir protegiendo políticamente a su partido y a su movimiento, a costa de tensar aún más su relación con Trump, o si, actuando como Jefa de Estado y no de partido, privilegia la cooperación de la que tanto habla con el gobierno estadounidense y entrega a los presuntos narcopolíticos señalados por Washington. La decisión que tome la doctora definirá el futuro de su administración y de la relación con el país vecino.
Si hasta ahora la Presidenta de México ha defendido la política de la “cabeza fría” en su complicada relación con el agresivo mandatario estadounidense, llegó el momento de probar qué tan fría y meditada será su respuesta a las peticiones de extradición de un gobernador, un senador y un alcalde de su partido. Negar esas solicitudes sin fundamento, podría meter al país en un callejón sin salida que escalaría las intenciones de Trump de intervenir militarmente en el territorio nacional contra los cárteles de la droga; aceptarlas y entregar a los acusados por la Casa Blanca, no sólo le bajaría presión y tensión a la relación bilateral, sino que podría significar también la oportunidad de Sheinbaum para terminar de deslindarse del narcogobierno de su antecesor López Obrador.
Las dos decisiones tendrán costos y beneficios y en cualquiera de las dos su partido y movimiento, al que tanto defiende la doctora, quedará inevitablemente marcado y pagará un alto costo electoral en los comicios del 2027. Pero si ella opta por salvar a su partido y se niega a cooperar con Trump extraditando a los políticos que reclama Washington, el peor costo será para el país, que pagará las consecuencias de tener una gobernante que privilegia la defensa de su movimiento político por encima de los intereses estratégicos de la República.
Llegó la hora de que Sheinbaum se defina: ¿o jefa de partido o Jefa de Estado? Porque hoy esos dos roles se han vuelto incompatibles.
NOTAS INDISCRETAS…
En apenas unas horas y como era de esperarse, la Fiscalía General de la República, a cargo de la morenista Ernestina Godoy, salió a decir que la petición de extradición de los Estados Unidos contra 10 políticos sinaloenses, encabezados por el gobernador Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, “no presenta evidencias contundentes”. En un video difundido ayer, el robotizado vocero de la FGR, Ulises Lara, afirmó que, ahora sí, la Fiscalía va a realizar una investigación sobre los acusados por los Estados Unidos para determinar si sus acusaciones tienen sustento. Y tal como antes lo había hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, el vocero se quejó de que la embajada estadounidense haya dado a conocer públicamente las peticiones de extradición, aduciendo que eso puede afectar los procesos judiciales tanto en México con en los mismos Estados Unidos. En síntesis, la FGR se apresta a darle largas a la solicitud estadounidense con argumentos de constitucionalidad, lo cual parece más una maniobra política que jurídica. Veremos cómo responden a eso al otro lado del Río Bravo…Anoche, desde varios estados de la República se reportaban ataques de pánico en Palacios de Gobierno estatales, municipales y en las oficinas de congresistas de Morena en toda la República; incluso en alguna secretaría de Estado hubo reportes de nerviosismo y confusión tras conocerse la primera ofensiva estadounidense contra políticos mexicanos. En todas esas oficinas se oía una pregunta que recordaba aquella última cena de Jesús con sus apóstoles: “¿Acaso seré yo?”, se preguntaban gobernadores, alcaldes, secretarios y congresistas del partido gobernante. Y es que, por más que anoche cerraban filas todos los morenistas en la defensa de Rocha Moya y del resto de los extraditables solicitados por Washington, en el fondo todos los que han sido mencionados en las listas estadounidenses saben bien que, por más resistencia que ponga el gobierno federal y por más artimañas legales que se inventen para tratar de impedir las extradiciones, el dilema al final es si esto se resolverá por la vía de la extradición o de la extracción. O como ya se vio claramente en el caso de Maduro y también en el caso mexicano de Ismael “El Mayo” Zambada, el mensaje desde el otro lado del Bravo es más que claro: “o me los entregas o voy yo por ellos”. Y lo que está de fondo en todo esto es la urgencia de levantar la popularidad de Donald Trump, que cayó por los suelos ante su fracaso en Irán y el escándalo de pedofilia de la red de su amigo Epstein. ¿Alguien cree a estas alturas que Donald Trump se detendrá por el discurso de la “soberanía” para convertir su cacería contra los cárteles mexicanos y contra los narcopolíticos que los apoyan, si con eso logra levantar su deteriorada imagen rumbo a las elecciones de noviembre? Quién así lo crea es más que ingenuo y hoy para el gobierno mexicano sólo hay dos opciones: o Trump o la Chingada…Los dados mandaron Serpiente Doble. Se vienen semanas turbulentas.
