- Ernesto Ruffo Appel y otros cuatro imputados permanecerán en el penal federal del Altiplano, mientras continúa el proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
- La FGR investiga una red de huachicol ferroviario que habría utilizado declaraciones aduaneras falsas para introducir combustible al país y evadir el pago de impuestos.
- Las autoridades identificaron movimientos financieros por más de 3 mil millones de pesos relacionados con la empresa Ingemar y estiman un daño superior a 4 mil millones de pesos al erario.
Exgobernador de Baja California permanecerá en el penal del Altiplano
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanecerá en prisión preventiva luego de que una jueza federal le impusiera esa medida cautelar por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de combustibles, conocido como huachicol ferroviario.
La decisión fue tomada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, al concluir una audiencia inicial que se extendió por casi 40 horas, durante la cual la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar las imputaciones por delincuencia organizada y contrabando.
Cinco imputados serán recluidos en un penal de máxima seguridad
Además de Ruffo Appel, la medida cautelar fue impuesta a Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes serán trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número Uno “Altiplano”, en el Estado de México.
Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán bajo prisión preventiva domiciliaria debido a su estado de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén cumplirá la medida cautelar en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
La defensa solicita más tiempo para responder a las acusaciones
Aunque ya fueron imputados, los ocho acusados aún no han sido vinculados a proceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez concedió un plazo adicional para resolver su situación jurídica.
Durante ese periodo, todos los imputados deberán permanecer bajo las medidas cautelares determinadas por la autoridad judicial.
FGR investiga una presunta red de contrabando de combustibles
La investigación federal señala que los acusados habrían participado en un esquema de importación ilegal de combustibles procedentes de Estados Unidos.
De acuerdo con la FGR, el combustible ingresaba a México mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o clasificando la mercancía como otros productos para evitar el pago de impuestos.
Las autoridades sostienen que este mecanismo generó pérdidas millonarias para las finanzas públicas y benefició económicamente a la organización investigada.
Ingemar, en el centro de las investigaciones financieras
Como parte de las indagatorias, la FGR identificó a Ingemar, empresa de la que Ernesto Ruffo Appel es accionista mayoritario, como una de las compañías presuntamente involucradas en la operación financiera del esquema.
Según la investigación, entre junio de 2024 y julio de 2025, la empresa realizó transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos, recursos que presuntamente estarían relacionados con actividades de contrabando de combustibles.
La Fiscalía también documentó vínculos comerciales entre Ingemar y las empresas estadounidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC, ambas establecidas en Houston, Texas.
Asimismo, señala que Crismón Hidrocarburos y Derivados fue la principal fuente de recursos para Ingemar, lo que, de acuerdo con los análisis financieros, evidenciaría un posible esquema de triangulación de dinero.
Autoridades estiman un daño superior a 4 mil millones de pesos
La FGR calcula que las operaciones atribuidas a esta organización ocasionaron un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos, debido al incumplimiento de obligaciones fiscales derivadas de la importación y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Las investigaciones continúan y será en la próxima audiencia cuando el Poder Judicial determine si existen elementos suficientes para vincular formalmente a proceso a los ocho imputados.
