- Especialistas advierten que la falta de autonomía de la CRT podría provocar decisiones con criterios políticos o ideológicos.
- El proyecto establece nuevas obligaciones para radio y televisión, entre ellas la creación de códigos de ética, defensorías de las audiencias y mecanismos para atender quejas
- El Gobierno afirma que la propuesta no pretende censurar a los medios y mantiene abierta la consulta pública para incorporar observaciones.
Cuestionan la independencia de la autoridad reguladora
Uno de los principales señalamientos de especialistas se centra en la integración de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo encargado de aplicar los nuevos lineamientos.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), señaló que la desaparición de un regulador autónomo y su sustitución por un organismo dependiente del Gobierno genera preocupación sobre la imparcialidad con la que podrían resolverse las controversias relacionadas con los derechos de las audiencias.
A su juicio, existe el riesgo de que las resoluciones respondan a criterios políticos en lugar de fundamentos estrictamente técnicos, lo que podría afectar tanto a periodistas como a empresas de comunicación.
El “deber de diligencia noticiosa” concentra las principales críticas
Especialistas en telecomunicaciones consideran que uno de los aspectos más sensibles del proyecto es la obligación para concesionarios de radio y televisión de adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa, inexacta o descontextualizada.
Gerardo Flores, integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), afirmó que esta disposición amplía el alcance de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que convierte en obligaciones específicas principios generales que, hasta ahora, no imponían deberes concretos a cada medio de comunicación.
En su opinión, esa interpretación podría generar incertidumbre sobre los límites entre la regulación de las audiencias y la libertad editorial.
Temen que las quejas sean utilizadas para presionar a medios
Otro de los puntos que ha despertado inquietud es el mecanismo para presentar inconformidades.
Los especialistas consideran que, sin controles suficientes, podrían promoverse campañas coordinadas de denuncias mediante identidades falsas con el propósito de ejercer presión sobre periodistas, empresas de comunicación o defensores de las audiencias.
También señalaron que la autoridad reguladora debe limitarse a supervisar el cumplimiento de los mecanismos previstos en la ley, sin intervenir en las decisiones editoriales de los concesionarios.
¿Qué buscan los nuevos lineamientos?
La propuesta desarrolla los mecanismos para garantizar los derechos de las audiencias previstos en la Constitución y en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Entre las principales obligaciones para los concesionarios de radio y televisión destacan:
- Elaborar y registrar un Código de Ética.
- Designar una persona Defensora de las Audiencias con independencia e imparcialidad.
- Establecer procedimientos para recibir y resolver quejas del público.
- Publicar informes periódicos sobre las inconformidades recibidas.
- Implementar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
Asimismo, el proyecto prevé que las resoluciones de las defensorías puedan ser revisadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cuando exista un recurso de inconformidad.
Organizaciones advierten posibles efectos sobre la libertad de expresión
Diversas organizaciones y representantes de la industria consideran que algunos conceptos incluidos en la propuesta, como “información veraz”, “información descontextualizada” o “deber de diligencia noticiosa”, requieren definiciones más precisas para evitar interpretaciones discrecionales.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó que, aunque respalda el fortalecimiento de los derechos de las audiencias, el proyecto contiene disposiciones que podrían afectar la autonomía de los medios y modificar el modelo de autorregulación previsto originalmente.
Por su parte, organizaciones defensoras de la libertad de expresión señalaron que el procedimiento podría incentivar la autocensura si los medios perciben que cualquier contenido puede derivar en procedimientos administrativos o sanciones.
Gobierno rechaza que la propuesta represente censura
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los lineamientos no tienen como finalidad restringir la libertad de expresión ni controlar los contenidos difundidos por los medios de comunicación.
Explicó que el objetivo consiste en fortalecer los mecanismos de protección para las audiencias y privilegiar la autorregulación antes de recurrir a cualquier medida sancionatoria.
En el mismo sentido, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, señaló que las multas previstas en el proyecto continúan sujetas al proceso de consulta pública y que podrán modificarse a partir de las observaciones recibidas.
Especialistas consideran que los medios públicos también deberán sujetarse a las reglas
Analistas coincidieron en que, si los lineamientos son aprobados, las disposiciones deberán aplicarse de manera uniforme tanto a medios privados como a medios públicos.
En ese contexto, señalaron que las conferencias matutinas presidenciales transmitidas por canales públicos también podrían ser objeto de quejas cuando alguna audiencia considere vulnerados sus derechos, correspondiendo a las defensorías analizar cada caso conforme al procedimiento establecido.
Consulta pública definirá el contenido final
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantendrá abierta la consulta pública hasta el 21 de agosto de 2026.
Durante este periodo, ciudadanos, especialistas, académicos, concesionarios y organizaciones podrán enviar propuestas para modificar el proyecto antes de que la autoridad emita la versión definitiva de los lineamientos.
