- La investigación se amplía hasta marzo de 2026 para integrar pruebas adicionales
- El exsecretario de Seguridad seguirá en prisión preventiva en el penal del Altiplano
- El proceso penal es por extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa
Audiencia y decisión judicial
Un juez del estado de Tabasco autorizó a la Fiscalía General del Estado una ampliación de tres meses para continuar la investigación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública y presunto líder del grupo criminal La Barredora.
La resolución se emitió tras una audiencia realizada este martes, en la que Bermúdez Requena compareció por videoconferencia ante el juez de la Región Nueve, con sede en Villahermosa. Con la prórroga concedida, el cierre de la investigación complementaria se extenderá hasta el 24 de marzo de 2026.
Delitos y situación jurídica
El exfuncionario enfrenta un proceso penal del fuero común por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa. Tras ser extraditado a México desde Paraguay, fue vinculado a proceso y se le impuso la medida de prisión preventiva justificada.
Actualmente, Bermúdez Requena permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Argumentos de la Fiscalía
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo al señalar que aún se encuentran en integración diversos elementos probatorios necesarios para sustentar la acusación formal. El juez consideró procedente la solicitud y otorgó el tiempo adicional para fortalecer el expediente.
Con esta prórroga, la Fiscalía de Tabasco deberá definir, antes de que concluya marzo de 2026, si presenta la acusación formal ante el órgano judicial o, en su caso, solicita el sobreseimiento del proceso.
Contexto del caso
Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “El Comandante H”, ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración estatal anterior. Su detención y procesamiento se vinculan con investigaciones por presuntos nexos con estructuras delictivas y con omisiones graves en materia de seguridad pública en la entidad.
