- Verificadores en puertos marítimos encubrieron descargas de combustible disfrazadas de aditivos.
- Se manipulaban frascos de muestra para simular legalidad en la carga de los buquetanques.
- La FGR acusa a marinos y agentes aduanales de operar una red de huachicol fiscal.
El fraude en los puertos
La Fiscalía General de la República (FGR) documentó una red de corrupción en las aduanas marítimas de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, donde funcionarios permitieron el ingreso de millones de litros de diésel ilegal al país. Los verificadores presentaban frascos con sustancias distintas a las que transportaban los buques, para simular que eran aditivos de aceite y así encubrir el contrabando de combustible.
Manipulación de muestras
En Tampico, bajo la dirección del capitán Sergio Varela Morales, se elaboraban pruebas falsas que eran enviadas al laboratorio de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El testigo protegido conocido como Santo declaró que entregaba 50 mil pesos por cada buque inspeccionado, dinero proveniente del capitán Miguel Ángel Solano, alias Sol. Entre abril de 2024 y enero de 2025, al menos 14 embarcaciones entraron de esta manera.
Otros verificadores, como Antonio Campos Vera y Leonardo Macías Valdivia, también habrían recibido sobornos de hasta 40 mil pesos por manipular los análisis con el equipo especializado denominado “Géminis”.
Expansión de la red
La FGR señala que esta estructura, vinculada a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, alcanzó varios puertos. En Guaymas, Sonora, se permitió que el buque Torm Agnes descargara dos millones de litros de diésel ilegal. Según la investigación, el laboratorio de la ANAM siempre arrojaba resultados negativos a hidrocarburos, lo que evidenciaría que la red tenía influencia directa en esos procesos.
Funcionarios detenidos
Hasta ahora, tres verificadores de la aduana de Tampico han sido vinculados a proceso: Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia J. Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías. De acuerdo con la FGR, ellos se encargaban de remitir las muestras falsas y validar los documentos de embarcaciones que en realidad transportaban combustible ilícito.
La fiscalía sostiene que sin la complicidad de estos funcionarios, los cargamentos de huachicol fiscal no hubieran podido ingresar al país.
