- Lima afirma que no considera ingresar por la fuerza a la sede diplomática mexicana
- El diferendo por el asilo fue llevado a consulta ante la OEA
- El salvoconducto para la salida de Chávez permanece en suspenso
El Gobierno de Perú rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de ingresar por la fuerza a la residencia de la México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada tras ser condenada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de 2022.
El canciller Hugo de Zela subrayó que esa opción “ni siquiera se está considerando” y reiteró que la postura del Ejecutivo se mantiene firme desde que México otorgó el asilo. Con ello, Lima buscó despejar versiones sobre una eventual acción que vulnere la inviolabilidad diplomática.
Posición oficial y contexto diplomático
De Zela insistió en que, pese a la tensión bilateral, Perú respetará el derecho internacional y no replicará precedentes regionales recientes que derivaron en crisis diplomáticas. Tras la concesión del asilo, ambos países rompieron relaciones a todo nivel y, desde hace dos semanas, Perú aceptó que Brasil asuma la protección de las sedes diplomáticas mexicanas en su territorio.
Consultas ante la OEA
El Ejecutivo peruano trasladó el diferendo al ámbito regional al presentar consultas ante la Organización de Estados Americanos sobre la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático. Lima sostiene que el beneficio fue otorgado de manera indebida al tratarse —a su juicio— de delitos comunes; sin embargo, la convención establece que corresponde al Estado asilante determinar si existe persecución política.
Salvoconducto, condicionado
La entrega del salvoconducto que permitiría a Chávez salir de Perú rumbo a México quedó supeditada al resultado de las consultas en la OEA. Mientras tanto, las autoridades peruanas mantienen vigilancia en el entorno de la embajada sin afectar su inviolabilidad.
Antecedentes judiciales
Chávez fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, luego de que la Corte Suprema determinó su participación en el mensaje a la nación emitido por el entonces presidente Pedro Castillo el 5 de diciembre de 2022, cuando anunció el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial. El intento fracasó y Castillo fue detenido ese mismo día, detonando la crisis política que derivó en el actual conflicto diplomático.
