- El decreto fue publicado el 3 de febrero en el Diario Oficial de la Federación
- Los terrenos se localizan en cinco estados del sureste y corresponden a los tramos 1 al 6
- La federación deberá indemnizar a los propietarios conforme a avalúos oficiales
Publicación del decreto federal
El Gobierno federal publicó este martes un decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se autoriza la expropiación, por causa de utilidad pública, de 51 mil 187.83 metros cuadrados destinados al proyecto del Tren Maya, S.A. de C.V.. La medida comprende un total de 21 inmuebles de propiedad privada que pasarán a favor de la Federación.
Estados y municipios involucrados
Los predios expropiados se ubican en municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. En específico, abarcan zonas de Palenque; Candelaria, Champotón y Dzitbalché; Balancán; Izamal, Chocholá y Tinum; así como Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum y Felipe Carrillo Puerto.
El decreto precisa que la expropiación incluye tanto los terrenos como las construcciones e instalaciones existentes en ellos.
Ocupación inmediata y pago de indemnizaciones
El documento faculta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para llevar a cabo la ocupación inmediata de los inmuebles. Asimismo, establece que la empresa Tren Maya, S.A. de C.V. deberá cubrir las indemnizaciones correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, conforme a los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Sustento del proyecto
La expropiación se fundamenta en el Proyecto de Nación del actual gobierno, el cual se basa en los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el periodo 2025–2030, integrados en el Plan Nacional de Desarrollo. En este marco, el Tren Maya es considerado una obra estratégica de infraestructura.
Alcances económicos y sociales
De acuerdo con el decreto, el proyecto ferroviario tiene como objetivo impulsar el desarrollo socioeconómico y turístico del sureste, fortalecer la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán, generar empleo y promover el ordenamiento territorial. También se plantea como una vía para fomentar el desarrollo sostenible, la protección ambiental y la operación de un corredor humanitario en la región.
