- La amnistía abarcaría hechos de violencia política ocurridos entre 1999 y la actualidad.
- Quedan excluidos delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos.
- El centro de detención del Helicoide dejará de operar y será reconvertido para uso social y comunitario.
Anuncio durante la apertura del año judicial
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el impulso de una ley de amnistía general durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, en un acto transmitido por la televisión estatal. La iniciativa busca cubrir todo el periodo de confrontación y violencia política registrado en el país desde 1999 hasta el presente.
Rodríguez informó que el proyecto será enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional de Venezuela, con el objetivo de “reparar las heridas” derivadas de décadas de polarización política y reencauzar la convivencia entre la población. En su mensaje, llamó a que el proceso se conduzca sin venganza ni revancha.
Alcance de la amnistía y exclusiones
La propuesta contempla beneficiar a personas detenidas por motivos políticos, aunque establece exclusiones claras. No podrán acceder a la amnistía quienes estén procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. Hasta el momento, el texto completo de la iniciativa no ha sido publicado, por lo que los criterios específicos de aplicación siguen bajo revisión.
El anuncio se da en paralelo a un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero. De acuerdo con la organización Foro Penal, aún permanecen alrededor de 700 personas detenidas por motivos políticos, aunque más de 300 han sido liberadas recientemente. La misma organización advierte que miles de ciudadanos continúan sujetos a medidas restrictivas de su libertad.
Cierre del Helicoide y reconversión del inmueble
Como parte de las medidas anunciadas, Rodríguez ordenó el cierre definitivo de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, señalado durante años por organizaciones nacionales e internacionales como un centro de detención asociado a torturas y abusos.
La presidenta interina indicó que el inmueble será transformado en un centro social, deportivo, cultural y de servicios, destinado tanto a la familia policial como a las comunidades aledañas, con el objetivo de resignificar el espacio.
Reacciones y antecedentes
Organizaciones de derechos humanos han recibido el anuncio con cautela y han insistido en que la amnistía debe entenderse como restitución de derechos fundamentales y no como un acto discrecional de clemencia. También subrayan la necesidad de garantizar que el proceso sea amplio, transparente y sin discriminación.
Venezuela cuenta con antecedentes similares: en 2007 se promulgó una ley de amnistía vinculada al golpe de Estado de 2002; en 2016, una iniciativa legislativa fue anulada por el TSJ; y en 2020 se otorgaron indultos a opositores antes de las elecciones legislativas. La nueva propuesta quedará ahora en manos del Parlamento, mientras organismos nacionales e internacionales mantienen seguimiento sobre su alcance real.
