- La Secretaría de Hacienda publicó nuevas reglas para fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Las personas y empresas que realizan actividades vulnerables deberán identificar, evaluar y documentar los riesgos de sus operaciones.
- La aplicación de los nuevos controles será gradual y tendrá en cuenta el nivel de riesgo de cada actividad.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
El nuevo marco establece criterios para aplicar las obligaciones previstas en la legislación y precisa las responsabilidades de quienes realizan actividades vulnerables, además de definir las atribuciones de las autoridades encargadas de supervisar y verificar su cumplimiento.
La actualización busca fortalecer el sistema mexicano de prevención y combate al lavado de dinero, mejorar la identificación de operaciones de riesgo y establecer criterios homogéneos para los sectores sujetos a estas disposiciones.
Un nuevo modelo para identificar operaciones de riesgo
Uno de los principales cambios es la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como eje del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.
A partir de este modelo, quienes realizan actividades vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos relacionados con sus clientes o usuarios, así como con las operaciones, productos, servicios, canales utilizados y zonas geográficas en las que desarrollan sus actividades.
La finalidad es que los sujetos obligados cuenten con metodologías que les permitan detectar con mayor precisión operaciones que puedan estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Mayor control sobre clientes y beneficiarios
Las nuevas reglas también fortalecen los procedimientos para conocer e identificar a clientes y usuarios.
Entre las medidas se incluyen disposiciones relacionadas con la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, además del fortalecimiento de los controles internos, la conservación de información y la presentación de avisos.
Estos mecanismos buscan mejorar la calidad de la información disponible para detectar posibles operaciones de riesgo y facilitar las labores de supervisión de las autoridades.
Supervisión enfocada en los sectores más expuestos
La Secretaría de Hacienda también aplicará el Enfoque Basado en Riesgo en sus labores de supervisión y verificación.
Con ello, las autoridades podrán concentrar sus esfuerzos en las actividades y sectores que presenten una mayor exposición a operaciones relacionadas con el lavado de dinero.
El modelo pretende que la supervisión sea más eficiente y que los recursos destinados a la prevención se dirijan prioritariamente a los ámbitos considerados de mayor riesgo.
Controles proporcionales a cada actividad
Las disposiciones incorporan además un modelo de cumplimiento proporcional. Bajo este esquema, las obligaciones y medidas de supervisión deberán considerar el nivel de riesgo de cada actividad vulnerable.
Esto permitirá que los controles se ajusten a las características específicas de cada sector, en lugar de aplicar necesariamente las mismas medidas a todas las actividades reguladas.
Hacienda señaló que el modelo busca optimizar los recursos destinados a la prevención y facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación.
Implementación gradual de las nuevas reglas
La entrada en vigor de las disposiciones será gradual, con el objetivo de que los sujetos obligados puedan adaptar sus procesos internos y desarrollar las capacidades necesarias para cumplir con los nuevos requerimientos.
La transición busca facilitar una implementación ordenada y permitir que empresas y personas que realizan actividades vulnerables incorporen progresivamente las nuevas metodologías y controles.
México busca fortalecer su sistema antilavado
Hacienda indicó que las nuevas reglas forman parte del proceso de actualización del marco mexicano para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las disposiciones se aplicarán conforme a la legislación vigente y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con estas medidas, el Gobierno federal busca fortalecer la detección de operaciones sospechosas, mejorar la supervisión de los sectores vulnerables y proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
