- Consejeros del INE y representantes del gobierno federal buscan fortalecer el sistema electoral.
- Se estableció un grupo técnico de trabajo y un listado de temas prioritarios para revisión.
- El INE garantizó aportar datos operativos y técnicos para dar certeza ciudadana.
Primeros acuerdos
Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvieron una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, en la sede de la Secretaría de Gobernación.
Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de impulsar una iniciativa que modernice y refuerce el sistema electoral mexicano, garantizando confianza ciudadana y viabilidad operativa.
Uno de los principales acuerdos fue la creación de un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y soporte técnico a los temas de la reforma. También se elaborará un listado de asuntos específicos a analizar en las próximas etapas.
Compromiso del INE
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el INE aportará la información técnica y logística necesaria para que los cambios propuestos puedan aplicarse con certeza. “Nuestra tarea es garantizar que lo que se establezca en la reforma electoral sea operable y confiable para la ciudadanía”, señaló.
Participantes del encuentro
A la reunión asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; José Antonio Peña, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores; y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador de Política y Gobierno.
Por parte del INE participaron las consejeras Rita Bell López, Claudia Zavala, Norma de la Cruz y los consejeros Martín Faz Mora, Jorge Montaño Ventura, Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona, además de la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino.
Temas en discusión
Entre los asuntos presentados destacan la organización de procesos electorales, la concurrencia de comicios ordinarios y judiciales, el uso de nuevas tecnologías, la fiscalización, la autonomía legal y financiera del sistema, la transparencia y el modelo de comunicación política.
