El vicealmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires y en poder de la justicia de Argentina, se convertirá en una auténtica bomba que amenaza con destapar la cloaca del huachicol fiscal operado por la Secretaría de Marina y tolerado y protegido desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No es para nada casualidad que al sobrino prófugo del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, lo hayan capturado las autoridades del gobierno de Javier Milei, distante de la presidenta Claudia Sheinbaum y muy cercano a Trump, y que al parecer no tienen intenciones de deportar al marino mexicano, al que le concederán el “asilo político” que el mismo Farías ya solicitó, para sacarle toda la información sobre la red de defraudación fiscal millonaria que operaba en la administración lopezobradorista y que ya es incluso investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con todo y que el gobierno mexicano insistirá en solicitar la deportación del sobrino al que le urge traer al país por la información que tiene y lo que puede revelar al gobierno de Argentina, cada vez se ve más claro que la Fiscalía del país sudamericano no tiene intenciones de devolver a Farías Laguna a México y, por el contrario, pretenden aprovecharlo con la figura del asilo para ofrecerle que se convierta en “testigo protegido” de la justicia ya sea argentina o estadounidense, algo que podría destapar la cloaca del huachicol fiscal a gran escala operado en el sexenio obradorista.
Porque como decía aquella canción de Rubén Blades, “la vida te da sorpresas”, y hoy todo apunta a que con Farías Laguna le aplicarán a la 4T y de paso a la doctora Sheinbaum la misma receta que el expresidente López Obrador aplicó en Ecuador al gobierno derechista de Daniel Noboa cuando, en abril de 2024 y a pesar de saber que el exvicepresidente Jorge Glas estaba sujeto a una investigación penal en su país, decidió otorgarle “asilo político” y lo escondió en la embajada mexicana en Quito, desatando un conflicto diplomático y político cuando el gobierno ecuatoriano irrumpió con su policía en la sede mexicana para llevarse al prófugo Glas.
Hoy, con Fernando Farías Laguna, quien después de varios meses prófugo de la justicia mexicano curiosamente apareció en Buenos Aires, todo apunta a que el gobierno de Milei le otorgará asilo político para que se quede en su país y desde allá revele todo lo que sabe sobre la red huachicolera que involucra a su tío, el exsecretario de Marina, Ojeda Durán, y por ende al gobierno de López Obrador.
Milei sabe que esa información es “oro molido” para Donald Trump y sus intenciones de investigar y castigar el contrabando de combustibles desde su país a México, una trama que involucra no sólo al extitular de Marina y a sus dos sobrinos, sino a los hijos del expresidente López Obrador, marcadamente a Andrés Manuel López Beltrán, quien aparece referido en investigaciones en curso por el Departamento de Justicia, que ya investiga, por ejemplo, a Javier López Núñez, cercanísimo a la familia López Obrador, y quien cobró sobornos de hasta 3.5 millones de dólares para la firma de contratos en Pemex y era parte de una red de funcionarios que operaban desde la petrolera con vínculos directos hacia Andy.
La sorpresiva petición de “asilo político” que hizo el viernes Farías Laguna, un día después de su detención, confirma que el sobrino tampoco quiere regresar a México, donde dice que teme que lo maten y que ya tiene algún tipo de acuerdo o pacto con el gobierno de Milei, y eventualmente con Estados Unidos, porque ha empezado a hacer declaraciones ante la justicia argentina en las que afirma tener evidencias, como capturas de pantalla, con las que afirma que él informó personalmente al almirante Ojeda Durán, de la red huachicolera en la que participaba, sin que el integrante del gabinete de López Obrador hubiera hecho nada para detener ese esquema criminal de contrabando de combustibles.
Dice la sabiduría popular que el que a hierro mata a hierro muere y hoy, con la presencia del sobrino huachicolero del exsecretario de Marina en Buenos Aires, parece repetirse la historia con la cual López Obrador daba asilo a políticos prófugos o acusados, lo mismo en Ecuador que en Perú, donde intentó traerse asilado al depuesto presidente Pedro Castillo, y hoy desde Argentina preparan una “bomba” judicial y declarativa con el marino Fernando Farías, a quien es más fácil que Milei lo mande a Estados Unidos que a México, porque saben que el sobrino es la pieza clave para descubrir hasta dónde llegaba la protección y el negocio del huachicol fiscal en el sexenio de López Obrador.
Así que si en Palacio Nacional saben contar, que no cuenten con que les mandarán desde Argentina al sobrino prófugo del almirante Ojeda Durán, a quien la presidenta Sheinbaum ha protegido, ya sea por decisión propia o por instrucciones de Palenque. Y es más probable que veamos al vicealmirante, ya como asilado político, entonarse y agarrar aire para soltar, en un do de pecho que puede resultar fatal para el obradorismo y para la 4T, si Farías Laguna decide, a cambio de protección argentina o estadounidense, decir todo lo que sabe sobre los altos mandos del gobierno de López Obrador que auspiciaron, aprovecharon y se enriquecieron con el fraude multimillonario de los combustibles contrabandeados desde Estados Unidos.
NOTAS INDISCRETAS… Todavía resuenan los ecos del duro discurso con el que el embajador Ronald Johnson, molesto por el sabotaje al evento inaugural que encabezaría en Topolobampo para la megaplanta de Mexinol, alertó sobre la falta de certeza jurídica y la corrupción que afectan a las inversiones extranjeras en México. Y es que Johnson tocó una fibra que le preocupa mucho a la presidenta Sheinbaum y que debe preocupar a todos los mexicanos, porque efectivamente en los últimos meses, y marcadamente a partir del fallido y burdo experimento de la elección judicial, la inversión extranjera se detuvo y miles de millones de dólares en fondos de inversión y empresas de todo el mundo que estaban ya listos para llegar a México, decidieron frenarse y terminaron cancelando sus inversiones en el país, ante el entuerto vergonzoso en el que se convirtió el Poder Judicial de la Federación, empezando por los ministros burros y del acordeón en la Suprema Corte y siguiendo por los lamentables casos de jueces y magistrados sin conocimientos ni experiencia que con sus pifias, ocurrencias y dislates ideológicos, se volvieron el terror de los inversionistas nacionales y extranjeros. Y los ejemplos del fracaso y el peligro de la supuesta “democratización” del Poder Judicial sobran y se ven todos los días, lo mismo en la ignorancia y el cantinfleo de la ministra Estela Ríos, que no tiene idea de nada, que en los agandalles y desplantes ideológicos y radicales de la ministra Lenia Batres, que hace lo que se le da la gana en la Corte, ante la debilidad del ministro presidente, y sin importarle ya las formas incurre en flagrantes y evidentes conflictos de interés… Pero también en los juzgados y Tribunales colegiados federales de toda la República sobran ejemplos de jueces y magistrados ignorantes del derecho y de los procesos judiciales o que de plano utilizan su cargo para impartir justicia a modo y con precio para quienes puedan pagarla. Ese es el caso de la jueza Primera de lo Civil del Distrito Judicial de Bravos en Chihuahua, Perla Patricia Royval Gurrero. Resulta que la juzgadora ordenó frenar un fallo federal que concedía a una mujer de 96 años de edad acceder a una pensión alimentaria y compensación patrimonial por la que ha peleado por décadas. La mujer afectada es Evangelina López Guzmán, cuyo poderoso cónyuge Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del conglomerado Zeta Gas, ha echado mano de un ejército de abogados tanto en México como en Estados Unidos para litigar contra la mujer con la que procreó 11 hijos y compartió una vida familiar vinculada al negocio. Y es que fue el juez federal Alfredo Montes de Oca, con sede en Toluca, quien después de revisar el caso determinó que el llamado “zar del gas”, Zaragoza Fuentes, debía pagar 100 millones de pesos mensuales a su todavía esposa, durante medio año, como parte de una de las medidas cautelares que han sido dictadas en favor de la mujer. Inconforme con la decisión, el empresario recurrió al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos para tratar de revertir la decisión del juzgador federal, y sin más, la jueza Perla Patricia Royval Guerrero se lo concedió fallando a favor de Zaragoza y en contra de su esposa, lo que encendió las alertas del Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua porque no es la primera vez en que a esa impartidora se le vincula con una controvertida resolución. El caso ya llegó al magistrado Francisco Javier Acosta Molina, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y se revisa el proceder de la jueza Royval Guerrero no solo por contravenir un ordenamiento judicial federal, sino también por actos que constituyen faltas administrativas graves y violatorias a los derechos humanos. Veremos en qué termina este caso que vuelve a demostrar que juezas como esta, que apenas tiene un año de “electa” y ya está en el centro del escándalo, ahora proliferan también por todos los juzgados de la República… Se baten los dados. Escalera para este lunes. La semana promete.
