La alcaldía de Tlalpan, que ocupa el 20% del territorio total de la Ciudad de México y es considera el vergel y el mayor suelo de conservación ambiental e hídrica para la capital del país, es también el lugar donde viven y han radicado los dos presidentes de México en la era de la llamada 4T. El que Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento morenista, tenga su lugar de residencia en la demarcación tlalpense, al igual que la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que además fue alcaldesa del lugar, ha hecho que a esta alcaldía sureña se le conozca entre los obradoristas como “el nuevo Atlacomulco”, en alusión al municipio mexiquense que fue cuna y sede uno de los grupos políticos más fuertes del antiguo priismo.
Al igual que la Ciudad de México, Tlalpan ha estado dominado y controlado políticamente por la izquierda morenista desde hace 29 años, cuando en 1997 el PRD logró ganar la entonces delegación con Salvador Martínez de la Roca, el “Pino”, exlíder estudiantil del movimiento del 68. Desde entonces 5 jefes delegacionales perredistas, Gilberto López y Rivas, Carlos Imaz, Guillermo Sánchez Torres, Higinio Chávez García y Marisela Contreras, desfilaron por la antigua Jefatura Delegacional, con algunos interinatos, entre el año 2000 y el 2015.
Luego, tras el surgimiento de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo y Patricia Aceves gobernaron del 2015 al 2021, cuando el morenismo perdió la alcaldía a manos de una alianza PRI-PAN-PRD que llevó a la perredista Alfa González al gobierno tlalpense en el 2021, para un pronto regreso de Morena con la actual alcaldesa Gabriela Osorio, que ganó la elección del 2024.
Hoy, a unos meses de las próximas elecciones del 2027, donde se renovarán las 16 alcaldías capitalinas y el Congreso local, el dominio morenista e izquierdista del territorio de Tlalpan podría cambiar por una fuerte división interna entre los grupos políticos tlalpenses. Y es que la actual alcaldesa Gabriela Osorio, más que ganar por ella misma las elecciones de 2024, en realidad su triunfo fue obra de la operación política y electoral del diputado federal y líder sindical Pedro Haces Barba, quien se ha convertido desde hace tiempo en un poderoso actor en la alcaldía tlalpense.
Su hijo, el diputado local Pedro Haces Lago, buscó ser candidato a alcalde en las pasadas elecciones y compitió en la interna morenista con Gabriela Osorio, a quien derrotó por amplio margen en las encuestas, pero una operación política al más alto nivel del morenismo obligó a Haces Lago a hacerse a un lado y a dejar pasar a la actual alcaldesa a cambio de que aceptara cualquier otra posición que pidiera, lo que terminó volviéndolo diputado plurinominal por Tlalpan.
Mientras al hijo, que tiene ya varios años haciendo trabajo social y político en la zona de los pueblos del Ajusco lo convencían, a nombre de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, de no pelear la alcaldía y aceptar que Gabriela fuera candidata, al padre Haces Barba le pidieron también desde la oficina de la doctora que les ayudara a hacer ganar a la joven Osorio, quien finalmente se alzó con el triunfo en los comicios del 2024, no porque tuviera fuerza o presencia propia en Tlalpan sino por la operación electoral y el sometimiento de los Haces.
Y es que Osorio es una lideresa estudiantil de la UNAM que fue reclutada desde el 2013 por el entonces movimiento de López Obrador. Fue Alfonso Ramírez Cuéllar quien se la acercó a Claudia Sheinbaum y ésta, surgida también de las lides estudiantiles a la política, vio con simpatía a la joven universitaria y decidió arroparla con su círculo más cercano. En el 2021, ya apoyada por Sheinbaum y su grupo, Gabriela fue candidata a la alcaldía de Tlalpan pero perdió en contra de la perredista Alfa González, a quién solo pudo derrotar tres años después, en el 2024 gracias al apoyo de la familia Haces.
Hoy, tres años después de su administración, Gabriela Osorio ha dedicado más tiempo, recursos y campañas a promover su imagen que a resolver las muchas problemáticas de la alcaldía tlalpense, sobre todo en los llamados “pueblos originarios” o pueblos del Ajusco, donde se concentran no sólo las mayores necesidades, rezagos y problemas de seguridad, sino también la mayor parte del voto electoral de la alcaldía.
Con todo y eso, apelando al padrinazgo directo de la presidenta y de su grupo, Osorio ha manifestado su intención de reelegirse como alcaldesa en el 2027, y para ello volvió a buscar el apoyo de los Haces, sabedora de que por sí sola, ni siquiera con la ayuda de Palacio Nacional, podría ganar otra elección. A principios de julio la alcaldesa buscó un encuentro con Pedro Haces Lago, quién también aspira de nueva cuenta a la alcaldía y ha iniciado, desde hace ya varios meses, un despliegue político por toda la alcaldía, especialmente en la zona del Ajusco, aprovechando su condición de diputado tlalpense.
El encuentro entre los dos, nos cuentan, no terminó nada bien. Gabriela Osorio le pidió a Haces Lago que la volviera a apoyar para reelegirse, pero la respuesta del diputado morenista fue una negativa rotunda, a partir de que le reclamó a la alcaldesa que durante su gestión se ha negado a atender peticiones de colonias populares del Ajusco que le hizo llegar el diputado, más de 1,600 solicitudes de apoyo, de las cuales ni una sola fue atendida o resuelta por la alcaldía. El tono de la reunión se fue tornando cada vez más tenso y, en medio de gritos y reclamos, Osorio salió del encuentro sin lograr su cometido, mientras que Haces Lago salió resuelto a competir de nueva cuenta en su contra y a no dejarla pasar una nueva ocasión.
El 21 de septiembre próximo, según lo acordó Morena en su Consejo Nacional del pasado mes de marzo, se abre el proceso para el registro y selección de los candidatos a las alcaldías por ese partido. Pero ya desde ahora, como ya es costumbre de ese partido y en abierta violación a las leyes electorales, sus aspirantes están haciendo promoción y proselitismo de su imagen y Tlalpan no es la excepción. Tanto la alcaldesa, utilizando recursos públicos, como Haces Lago, han tapizado la alcaldía de mantas, carteles y mensajes que anuncian la guerra política que viene por el territorio más extenso que existe en la Ciudad de México.
Lo que se ve venir es una lucha de poder en la que Osorio podría ser respaldada por sus madrinas políticas, desde el más alto nivel de poder, mientras que Haces Lago apelaría a la operación política y social que lleva años realizando en las zonas más pobres de Tlalpan y, por supuesto, también al poder de su padre el diputado y líder de la poderosa CATEM. Si en Morena intentan nuevamente imponer a la actual alcaldesa, con todo y los pobres resultados de su gestión, la fractura sería inevitable y podría incluso formarse una alianza de partidos opositores para postular al diputado local. Veremos en qué termina la guerra por Tlalpan o, como dicen algunos morenistas, el “nuevo Atlacomulco de la 4T”.
NOTAS INDISCRETAS…
Algo huele muy mal en la ola de despojos de departamentos y casas que vive la Ciudad de México. Lo que solía ser un problema de la periferia capitalina, de municipios del Estado de México y de otras entidades del país, hoy está ocurriendo de manera cada vez más burda y descarada en plena capital de la República y en zonas céntricas y de alta plusvalía, como la Colonia del Valle. Las denuncias que se multiplican en las alcaldías de Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco, entre otras, coinciden en la descripción de un modus operandi cada vez más organizado y orquestado por lo que ya pueden llamarse “mafias del despojo” que operan, hasta ahora, con la complacencia y tolerancia de las autoridades del gobierno capitalino. Porque no fue sino hasta que estalló el escándalo en redes sociales, por la difusión de un video en el que una mujer de nombre Virgina Vázquez García invade un departamento en la calle Matías Romero 18 en la Colonia del Valle, al que se metió ilegalmente y cambió chapas y muebles ostentándose como la dueña, y cuando es confrontada por el verdadero dueño, actuó con total impunidad y ni siquiera fue detenida por la policía a la que el propietario legal le pidió apoyo para desalojarla, que la fiscal Bertha Luján se vio obligada a salir a hablar del tema y a tratar de explicar por qué esa mujer, que además aparece mencionada ya en al menos seis denuncias de despojo en la ciudad, ni siquiera ha sido detenida. Según la fiscal capitalina no la detuvieron “porque no estaba en flagrancia”, aún cuando en el video se le ve dentro del departamento que es reclamado por su legítimo dueño. El escándalo creció tanto que la fiscal Luján tuvo que recibir ayer a un grupo de víctimas de despojo con quienes se reunió en su oficina para escuchar sus denuncias y peticiones. A reserva de ver si la fiscal realmente actúa y pone un alto a los invasores y despojadores de propiedades en la ciudad, lo que ya queda claro es que se trata de mafias, casi cárteles que operan con la colusión y complicidad de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, quienes ubican y dan información de propiedades e inmuebles de adultos mayores, personas vulnerables o con litigios legales, las cuales son invadidas por personas que a su vez tienen contactos y protección de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que también cuentan con una red de funcionarios coludidos en la Fiscalía de Justicia de la CDMX, sí la misma que encabeza la señora Bertha Luján. El modus operandi es ubicar una propiedad ya sea en litigio o habitada por personas vulnerables, cuya ausencia temporal o momentánea es aprovechada para meterse a su casa o departamento. Los invasores llevan consigo una mudanza y cerrajeros con los que hacen cambio de chapas y de muebles y se posesionan de la propiedad. Para cuando el dueño real aparece, ya sea alertado por vecinos o familiares, los despojadores, que tienen todo un adiestramiento legal por sus cómplices funcionarios, les dicen que la propiedad es de ellos y que el dueño legítimo tiene que acreditar su propiedad y que vaya a poner una denuncia; si el despojado pide ayuda de la policía, éstos que también están coludidos, se niegan a actuar y a desalojar “porque no existe flagrancia” y al afectado solo le queda buscar un abogado e interponer una denuncia. Pero cuando llega a la Fiscalía a denunciar, los cómplices del despojo en el MP comienzan a cuestionar al dueño, a decirle que si no le han quitado la propiedad y sigue a su nombre entonces el delito no es “despojo” sino “fraude procesal” y le piden reformular su denuncia. En todo ese tiempo en el que el despojado recibe largas y es obligado a cumplir con trámites y formalismos legales, el cártel del despojo comienza a mover sus contactos en el Registro Público de la Propiedad y desde adentro se hacen modificaciones y cambios a las escrituras y documentos del dueño original, de tal modo que sus escrituras ya no sean válidas y que tenga que interponer nuevos recursos legales para demostrar su propiedad. La tardanza de las autoridades en atender las denuncias es parte del modus operandi y, en muchos de los casos denunciados y documentados en la ciudad -25 mil en los últimos 6 años según un recuento del sitio Animal Político-, los denunciantes y despojados son acosados y amenazados por personas armadas que los acosan y vigilan a ellos y a sus familias, ostentándose incluso como servidores públicos del gobierno capitalino o de algunas alcaldías y presumiendo influencias. Muchos despojados, ante el miedo, las amenazas y la falta de apoyo de las autoridades de la Fiscalía, terminan rindiéndose, abandonan sus propiedades o de plano se van de la ciudad. Por eso la fiscal Bertha Luján tendrá que demostrar, con los compromisos que hizo ayer con el grupo de víctimas a los que recibió en su oficina, que ella y su equipo son ajenos a estas mafias del despojo y que realmente activará protocolos y mecanismos de apoyo inmediato y urgente a las víctimas de despojo en la ciudad. Toda esta grave situación y el modus operandi con el que actúan los Cárteles del Despojo y su colusión con autoridades judiciales y ministeriales, recuerda inevitablemente lo sucedido en Venezuela, donde durante la dictadura chavista, sobre todo en la época de Nicolás Maduro, la invasión y despojo de propiedades en Caracas y en otras ciudades venezolanas, se volvió una práctica recurrente y auspiciada por el régimen. La única diferencia es que allá los despojadores, que llegaban armados y eran parte de las llamadas “guardias bolivarianas”, argumentaban que la propiedad invadida era “confiscada por la Revolución Bolivariana” a personas de clase media y alta. Acá, en varios estados de la República y ahora también en la capital, no hay proclamas ideológicas, pero sí colusión, corrupción y evidente tolerancia o incapacidad de las autoridades para hacer respetar la propiedad privada, una de las bases del sistema legal y constitucional mexicano…Los dados mandaron Capicúa. Se repite el tiro.
