Como suele hacerlo ante casi cualquier cuestionamiento, la presidenta descalificó las críticas y alertas que despertó su reforma a la Ley de la Guardia Nacional que, al mismo tiempo que le retira el carácter “civil” a ese cuerpo policiaco, les crea una nueva figura legal a los militares para que puedan postularse a cargos de elección popular.
Porque aunque la doctora esquivara los cuestionamientos sobre el peligro de su reforma invocando la reforma constitucional de 1917, que les otorga a los militares el derecho de buscar cargos populares, siempre y cuando soliciten licencia definitiva para separarse de la vida militar, la realidad es que la redacción de la reforma a la Guardia Nacional difiere de lo establecido en la Constitución.
Y es que la reforma del presidente Carranza, a propuesta del general Álvaro Obregón, entonces secretario de Guerra y Marina, señala claramente que los militares sólo podrán postularse a cargos de elección popular, si se separan previamente de la vida militar mediante una licencia definitiva a su carrera marcial. En cambio la reforma que ayer aprobaron en lo general, la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados, se refiere a una licencia que podría ser temporal, que le otorgarían el secretario de la Defensa Nacional o el presidente en turno, y nunca se refiere al concepto de una separación total de la vida militar.
Claramente no hablan de lo mismo la reforma carrancista, con la que en su momento se puso freno a los militares y generales revolucionarios que se habían apoderado del poder civil y del gobierno, que la reforma de Sheinbaum que crea una nueva figura de “licencias especiales y temporales” a los militares de la Guardia Nacional que quieran contender por un cargo de elección popular.
Y cualquiera, de los que están facultados, para presentar una controversia constitucional contra esa reforma legal la ganaría en la Suprema Corte, aunque no necesariamente en la “Nueva Suprema Corte” que se instalará el 1 de septiembre próximo y en donde todos los ministros, la totalidad de los que fueron electos el pasado 1 de junio y que además coincidieron con los mencionados en los acordeones que mandó imprimir el gobierno y el partido Morena para inducir el voto en esos comicios, tienen vínculos claros y evidentes con el régimen gobernante.
Tal vez esta reforma inaugure la nueva era en la que, al autoritarismo parlamentario de Morena ya no sólo apruebe lo que se le dé la gana con sus mayorías absolutas y artificiales, sino que además aprobarán las reformas que quieran, por más absurdas, burdas o inconstitucionales que resulten, con el cinismo y la tranquilidad de que ya no habrá Suprema Corte que se atreva a invalidar o declarar inconstitucional cualquier cambio constitucional o legal que sirva a los intereses del régimen.
Lo que no acaba de quedar claro es la lógica de la reforma presentada por la doctora Sheinbaum para allanarles a los militares el camino de regreso al poder civil. ¿Será que la doctora o Morena han puesto los ojos en algún o algunos militares para ser promovidos a cargos políticos como alcaldes o gobernadores? ¿Cómo empatar eso con las convicciones de militante de la izquierda de la presidenta que siempre se dijo opositora a la militarización? O de plano ¿qué le están pagando a las Fuerzas Armadas que ya habían recibido el sexenio pasado funciones civiles, contratos, concesiones federales y hasta un presupuesto millonario para su operación y para financiar obras, concesiones o empresas públicas que administran?
En lugar de molestarse y acusar de “ignorancia” a los diputados de oposición que cuestionaron su reforma militar, la presidenta tendría que explicar bien claro a todos los mexicanos y no sólo a sus bases políticas clientelares, cuál es la intención real de su reforma con la que les abre las puertas del poder político a los militares sin necesidad de que renuncien o se separen definitivamente de la vida militar. ¿Se van a apoyar ahora en un gabinete o en gobiernos encabezados por militares de formación?
NOTAS INDISCRETAS… En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya mayoría de magistrados se han plegado y sometido a los intereses del oficialismo y se han alineado al nuevo régimen, el gesto de dignidad que ayer tuvo la magistrada Janine Otalora es de llamar la atención. Porque mientras la triada de magistrados que tienen la mayoría cada vez se ven más abyectos al poder, al grado de aceptar ahora convertirse en “verdugos” de ciudadanos que ejerzan su libertad de expresión, el que una de las cinco integrantes de la Sala Superior decida concluir su encargo con la fecha original para la que fue electa por el Senado de la República, en lugar de aceptar los dos años que, como concesión política, les otorgó la cuestionada Reforma Judicial, es digno de reconocerse. “Tengo un nombramiento original y lo voy a ejercer. Me atengo a mi primer nombramiento”, dijo la expresidenta del Tribunal Electoral, al declinar permanecer hasta 2027 en el cargo, como le permitía la reforma morenista. Otros, en cambio, se quedarán los dos años extra para dejarse arrullar por el canto de las mieles del poder… Primer acto: la presidenta reitera enfática, casi molesta, que “no hay censura” en su gobierno y que respeta la libertad de expresión, pero ella misma se pregunta: “¿En qué país del mundo una televisora que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde y noche en contra de la presidenta con un montón de mentiras?”. Segundo acto, luego de la muy clara alusión de la titular del Ejecutivo a Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, y en interesante coincidencia, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó, por unanimidad de sus magistrados, el amparo directo de la empresa Elektra contra la resolución del SAT de 2017 que confirmó el adeudo de un crédito fiscal por 2 mil 400 millones de pesos que omitió pagar Elektra más los recargos e intereses. ¿Cómo se llamó la obra?… Los dados mandaron Capicúa. Se vuelve a lanzar el tiro.
