• Asegura no tener recursos para pagar abogados y ofrece probarlo ante el juez
• Defensa acusa que sanciones de EE. UU. bloquean financiamiento legal
• Solicitan desestimar el caso por violaciones a derechos constitucionales
El equipo legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores informó a un tribunal federal en Nueva York que ambos carecen de recursos económicos para costear su defensa en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Estados Unidos.
En un escrito enviado al juez Alvin Hellerstein, los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly incluyeron declaraciones juradas en las que sostienen que sus clientes no pueden pagar honorarios legales. Además, manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere, como parte de su estrategia para solicitar la desestimación de los cargos.
La presentación ocurre días antes de la audiencia programada para el 26 de marzo, en la que podría definirse el rumbo del proceso judicial.
Sanciones impiden cubrir gastos legales
La defensa argumenta que las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han impedido que el gobierno venezolano financie su representación legal.
Según el documento, esta limitación afecta directamente el derecho de los acusados a elegir a sus propios abogados. Los litigantes sostienen que esta medida vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense —que garantiza la libre elección de defensa— y la Quinta Enmienda, relacionada con el debido proceso.
También señalaron que en otros casos la OFAC ha permitido que personas sancionadas cubran honorarios legales, lo que, a su juicio, evidencia un trato inconsistente.
Rechazan defensa de oficio y piden anular el proceso
El gobierno estadounidense ha planteado como alternativa la asignación de un abogado de oficio, opción que fue rechazada por la defensa al considerar que no sustituye el derecho a elegir representación legal.
“Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado”, argumentaron.
Por ello, solicitaron al juez que el caso sea desestimado por considerarlo “inconstitucionalmente defectuoso”, o en su defecto, que se convoque a una audiencia para analizar las condiciones del proceso.
La decisión final quedará en manos del tribunal, en un caso que podría complicarse por los efectos de las sanciones y su impacto en la defensa legal de los acusados.
