- El PAN afirmó que la Ciudad de México mantiene un rezago de seis años en la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial.
- Señaló que Morena, por contar con la mayoría legislativa, tiene la responsabilidad de impulsar la legislación pendiente.
- Advirtió que la falta de esta norma genera incertidumbre jurídica y afecta la participación de pueblos y barrios originarios.
PAN responsabiliza a Morena por el rezago legislativo
La dirigencia del PAN en la Ciudad de México exigió al Congreso capitalino aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, una legislación que, aseguró, permanece pendiente desde hace seis años pese a estar contemplada en la Constitución local.
La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, criticó que el Congreso, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, no haya impulsado esta iniciativa durante las agendas legislativas de 2024, 2025 y 2026.
La dirigente sostuvo que la capital sigue sin contar con una norma que permita una adecuada planeación del desarrollo urbano.
“Pero Morena y sus aliados no han querido incluir la creación de la Ley de Ordenamiento Territorial en sus agendas legislativas de 2024, 2025 y 2026, no se han realizado las consultas obligatorias ni se han destinado recursos para cumplir con el mandato legal”, señaló.
Afirman que existe un vacío legal en materia urbana
El diputado federal y vocero del PAN capitalino, Federico Döring, recordó que desde la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, en 2018, el Congreso local estaba obligado a expedir esta legislación.
El legislador aseguró que, tras casi dos sexenios, no existen avances concretos y cuestionó que se hayan destinado recursos a otros proyectos en lugar de cumplir con este mandato.
“Pero van a pasar dos sexenios sin ningún avance, porque en vez de hacer la ley se han gastado nuestros impuestos en ajolotizar la Ciudad con los colores que no servían y tuvieron que cambiar. Qué ironía que utilizan al ajolote como especie endémica de identidad de la Ciudad, pero no quieren hacer la consulta a Pueblos y Barrios Originarios para poder hacer esta Ley de Ordenamiento Territorial”, expresó.
Advierten riesgos jurídicos y afectaciones a comunidades
De acuerdo con el PAN, la ausencia de esta ley mantiene vigente la Ley de Desarrollo Urbano de 2010, la cual consideran incompatible con el marco constitucional aprobado en 2017.
También señalaron que especialistas han advertido que los actuales instrumentos de planeación carecen de un sustento legal sólido, situación que, afirmaron, puede propiciar incertidumbre jurídica y favorecer prácticas de corrupción inmobiliaria.
Asimismo, sostuvieron que el retraso implica una vulneración de derechos para los pueblos y barrios originarios, al no haberse realizado la consulta obligatoria que les permitiría participar de manera vinculante en las decisiones relacionadas con el ordenamiento de sus territorios.
