• Exgobernador enfrenta acusaciones por homicidio, tortura y abuso de autoridad
• Caso se origina en el operativo de Arantepacua en 2017 con cuatro víctimas mortales
• Autoridades mantienen búsqueda; también hay órdenes contra exfuncionarios y policías
Fallo judicial mantiene acciones penales
Una jueza federal determinó no conceder la suspensión definitiva que buscaba frenar cualquier orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Con esta resolución, las autoridades pueden continuar con la ejecución de los mandamientos judiciales en su contra.
La decisión deja sin efecto la medida provisional que anteriormente impedía su detención, por lo que actualmente no existe obstáculo legal para proceder.
Hechos que originaron las acusaciones
Las investigaciones se derivan del operativo realizado el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. En ese despliegue de seguridad murieron cuatro habitantes y se documentaron denuncias por detenciones arbitrarias y presuntos actos de tortura.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, existen 16 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura y homicidio extrajudicial. Entre los señalados también se encuentra Juan Bernardo Corona Martínez, entonces secretario de Seguridad Pública, así como varios elementos de la policía estatal.
Responsabilidad de mandos y proceso judicial
Las autoridades sostienen que el operativo habría sido ordenado desde niveles superiores del gobierno estatal, lo que permitió fincar responsabilidades penales contra exfuncionarios y mandos de seguridad.
El caso permaneció durante años bajo exigencias de justicia por parte de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, que denunciaron violaciones graves a derechos humanos. Con la incorporación de nuevos elementos, un juez consideró que hay bases suficientes para avanzar en el proceso penal.
Hasta ahora, Aureoles no ha sido localizado, por lo que es considerado prófugo.
Investigaciones adicionales en curso
De manera paralela, la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones desde 2023 contra el exmandatario y excolaboradores por presuntos delitos financieros, entre ellos peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Estas indagatorias están relacionadas con un posible daño patrimonial superior a 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán.
