Demasiados marinos muertos en los últimos meses y días, todos ellos vinculados a los escándalos de contrabando y huachicol en el sistema aduanero nacional, empiezan a configurar un patrón que se parece más a una estrategia para “limpiar” la corrupción dentro de la Secretaría de Marina, desapareciendo testigos y acallando a informantes, que a una casualidad atribuible a lo efímera que es la vida.
Porque justo cuando se destapó la cloaca de corrupción que se anidó en las aduanas marítimas desde el pasado sexenio, los cadáveres de marinos de distinto grado, todos vinculados a las administraciones portuarias más importantes como Manzanillo y Altamira, empiezan a salir a la superficie como evidencia humana de la corrupción que alcanzó a las más altas esferas de la Armada mexicana en el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Ayer la misma Secretaría de Marina informó en un nuevo comunicado la muerte sorpresiva de otro más de sus mandos navales en Puerto Peñasco durante una “práctica de tiro real”. El marino desgraciado que tuvo la mala suerte de ser alcanzado por las balas en dicha práctica resultó ser el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zuñiga, quien estuvo encargado en la Aduana marítima de Manzanillo, en el 2023, de donde habría salido tras un “acuerdo” entre el entonces director de las Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y con el entonces secretario, el almirante Rafael Ojeda, según consigna en su columna de ayer el periodista Héctor de Mauleon.
“La Secretaría de Marina expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, publicó la Semar en un escueto mensaje en sus redes sociales.
La “mala suerte” del Capitán Del Ángel de morir en una práctica de tiro justo cuando crece el escándalo por la corrupción en las aduanas marítimas, ocurre justo un día después del extraño suicidio del también Capitán de Navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien el pasado lunes se quitó la vida, presuntamente de un balazo en el pecho, luego de que su nombre apareciera en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, sobre la red huachicolera de los hermanos Farías Laguna, como uno de los funcionarios que recibió sobornos en dinero por dejar pasar los buques cargueros llenos de huachicol fiscal por la Aduana de Altamira, donde se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria.
Extrañamente, aun cuando el capitán Jeremías figura en los expedientes de la investigación federal y él mismo antes de morir decía haber recibido 100 mil pesos por cada buque que entrababa con cargamento ilegal de gasolinas que eran reportadas como aceites, ayer tanto el fiscal Alejandro Gertz Manero, como la presidenta Sheinbaum, dijeron casi al unísono en la conferencia matutina en Palacio Nacional por su sorpresiva muerte por suicidio, que “no hay certeza de que haya estado involucrado” en el proceso del huachicol, mientras Gertz sostuvo que su suicidio “no es un delito federal y es un asunto de índole personal”.
Lo más curioso de todo es que cada una de esas muertes de mandos de la Marina tiene vinculaciones muy claras con la corrupción aduanera. Por ejemplo, cuando el capitán Omar del Ángel, fallecido ayer, fue relevado de la Aduana de Manzanillo, quién llegó a sustituirlo fue Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, como subdirector de Operación Aduanera. Apenas tenía unas semanas en el cargo cuando en mayo de 2023 a Sergio Emanuel lo levantaron hombres armados en un restaurante del puerto de Manzanillo y se lo llevaron para después aparecerlo ejecutado. Y para completar el cuadro, este mismo Martínez Covarrubias había llegado a Manzanillo procedente de la Aduana de Matamoros, la misma en la que operaba el huachicol fiscal el asesinado empresario tamaulipeco, Sergio Carmona Angulo.
Antes de estas muertes recientes de mandos de la Marina en situaciones sospechosas, por decir lo menos, está documentado el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 también en Manzanillo, Colima, desde donde el oficial naval había denunciado a la mafia huachicolera que operaban los hermanos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido, y su hermano contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda. La denuncia que hizo ante los actuales titulares de la Semar, que recibieron la información y conocieron la ubicación del contralmirante Guerrero, terminó con su asesinato aún no aclarado ni investigado, con el que claramente intentaron acallar sus denuncias.
A todas esas muertes de marinos, que claramente aparecen conectadas a la mafia huachicolera que operaba dentro de Semar, por más que las autoridades intenten desconocerlo, se podría añadir la ejecución del delegado de la FGR, Ernesto Vázquez, en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 5 de agosto.
Al delegado lo asesinaron en la misma zona de influencia de las mafias huachicoleras que operan en las aduanas tamaulipecas, tanto en Reynosa como en Matamoros, y hay una versión que comparten periodistas reynosenses, que indica que su brutal ejecución a plena luz del día en el boulevard Hidalgo, a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, tuvo que ver justo con los operativos federales antihuachicol que comenzaron en esa zona fronteriza, y se debió a que el delegado pasó información errónea a los grupos criminales sobre el megaoperativo de decomiso de 1.8 millones de litros huachicol que tuvo lugar el 25 de julio pasado, cuando al funcionario le dieron mal el domicilio los coordinadores federales de dicho operativo porque ya sabían de su papel de “informante” del crimen organizado.
Así que mientras los mandos y marinos vinculados a la red de corrupción huachicolera en las aduanas marítimas caen como moscas en sospechosos suicidios y extraños accidentes, que apuntan a que alguien está eliminando y limpiando a testigos y participantes, la FGR de Gertz Manero y la súper secretaría de García Harfuch sólo han detenido a 14 personas involucradas en esa red, empezando por uno de los dos sobrinos del exsecretario de Marina y algunos otros funcionarios tanto de la Marina como civiles, pero claramente están apuntando sólo a los mandos operativos en esta red de corrupción, sin atreverse a hablar de los mandos políticos que auspiciaron y protegieron a esa mafia huachicolera que operaba impunemente, con todo y las insignias navales, durante el sexenio del expresidente López Obrador. ¿Será que sólo se quedarán en los que ejecutaban el delito, pero no irán a las cabezas políticas que protegían el fraude huachicolero?
NOTAS INDISCRETAS…
En otra de esas raras coincidencias, justo ayer que se cumplió un año de la violencia generada por la guerra narca en Sinaloa, que ha alterado la paz, la normalidad, la economía y la vida de los sinaloenses, la UNAM anunció el inicio de la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz, un foro abierto que tendrá lugar en la casa de estudios a partir de hoy y hasta el viernes 12 de septiembre, y en el que personalidades de la talla de Rigoberta Menchú y el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, junto con destacados académicos mexicanos y de otros países, dialogarán y hablarán de cómo construir una estrategia para instaurar la cultura de la paz en México y lograr la erradicación de las diversas formas de violencia que hoy afectan a los mexicanos. El foro abierto, impulsado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, se desarrollará con ocho paneles en los que se abordarán temas como la Educación y Ciencia para la Paz; Derechos Humanos y resolución pacífica de conflictos: violencias sociales y resistencia para la paz; Tejido social comunitario y redes de apoyo; Estado de Derecho y justicia social; Género, diversidades y paz; Jóvenes y cultura de paz; y Medio ambiente, territorio y paz sostenible. Además de Menchú y Santos, participan como ponentes la científica Ana María Cetto, el secretario general de la ANUIES, Luis Armando González Plascencia, la periodista Gabriela Warketin, la escritora Eufrosina Cruz, la presidenta de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez; el fundador de SERAPAZ, Miguel Álvarez Gándara; la activista Mariclaire Acosta y el jurista y académico, Diego Valadés. Veremos a qué conclusiones y propuestas llegan en esta primera semana para la cultura de la paz en la UNAM y qué tanto estas reflexiones pueden aportar para tratar de pacificar a un país que sigue inmerso en la violencia más cruel y descarnada del narcotráfico…Ayer en el Senado, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, respondió, a pregunta expresa de los reporteros, que no piensa solicitar una investigación al expresidente López Obrador por la corrupción huachicolera que empieza a aflorar en su sexenio. “¿Quién lo pide?”, preguntó el morenista a los reporteros. “La Oposición”, le dijeron. “Ah bueno, esos pueden irse de rodillas aquí a la Basílica (de Guadalupe) a ver si les hace el milagro”, respondió socarrón el senador. Y tal vez no le falta razón al tabasqueño, porque a estas alturas creo que es más fácil que la señora del Tepeyac haga el milagro de que se llegue a investigar y castigar toda la corrupción y malversación de fondos que hubo en el sexenio de López Obrador, a que lo haga la señora del Palacio…Se agita el tiro. Capicúa de los dados.
