- Integrantes del Sindicato Nacional Renovación realizan paro de brazos caídos en varias sedes judiciales.
- Exigen frenar despidos y atender carencias de materiales y equipo.
- El Órgano de Administración Judicial evalúa las afectaciones y prepara respuesta.
Protesta nacional del Sindicato Renovación
Desde la madrugada de este viernes 31 de octubre, integrantes del Sindicato Nacional Renovación (SNR) del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de “brazos caídos” para denunciar despidos masivos, falta de insumos y el incumplimiento del incremento salarial anual.
El movimiento comenzó alrededor de las cinco de la mañana con el cierre de diversas sedes judiciales, entre ellas el Palacio de Justicia de San Lázaro, Revolución y Periférico, así como el edificio del Órgano de Administración Judicial (OAJ). También se reportaron cierres en instalaciones del Poder Judicial en Tabasco, Guanajuato y Nuevo León.
Cierre de tribunales y atención limitada
Juan Prado, dirigente del Sindicato Nacional Renovación, encabezó la clausura simbólica del edificio de San Lázaro y aseguró que solo se atenderán casos urgentes mientras dure el paro.
“Hoy 31 de octubre suspendemos labores de brazos caídos. No es por capricho, pedimos comprensión a la ciudadanía, pero exigimos condiciones dignas para trabajar”, declaró.
El líder sindical afirmó que el cierre continuará hasta que las autoridades del OAJ establezcan una fecha para resolver los pagos pendientes y el retroactivo correspondiente.
Reacción del Poder Judicial
El Órgano de Administración Judicial informó que emitirá un comunicado oficial sobre el cierre de instalaciones y las medidas para garantizar la atención en asuntos urgentes.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), organización mayoritaria, aclaró que no participa en este paro y se mantiene a la espera de la definición de los pagos del aumento salarial anual.
Funcionarios del Poder Judicial reconocieron la falta de materiales de oficina y equipos, pero aseguraron que ya se implementan acciones para resolver los problemas mediante nuevos contratos y reasignación de suministros en juzgados y tribunales del país.
