La administración del gobernador Miguel Barbosa plantea que se conduzcan con legalidad, honestidad, austeridad, imparcialidad, objetividad y transparencia
· Deberán desempeñar sus funciones con respeto a los derechos humanos, con visión de género y erradicando cualquier forma de violencia en contra de las mujeres
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con la finalidad de rediseñar el servicio público y que el ejercicio de la función pública se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, el Gobierno del Estado presenta el acuerdo de actuación de las y los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
El acuerdo, que entró en vigor el pasado miércoles 8 de enero, busca empoderar al ciudadano haciéndolo el eje de acción de la administración pública, colocándolo en el centro de la gestión estatal, considerando que lo más importante de la función pública es servir a las personas.
Dentro de los lineamientos destaca que los servidores públicos deben de conducirse con legalidad, honestidad, austeridad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad y sobre todo con calidad y calidez hacia las y los usuarios, a los que se les deben de ofrecer respuestas expeditas, claras y satisfactorias, y a quienes se les debe de garantizar el resguardo y protección de sus datos personales.
Deben de abstenerse, además, de recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios.
También se establece que los funcionarios deben conducirse con estricto apego a la austeridad republicana, es decir, vivir en la sana medianía, evitando los derroches, la frivolidad y el dispendio; realizar su trabajo con honestidad, rechazando y denunciando cualquier acto de corrupción, sin favorecer a ningún ciudadano por motivos personales ni de ninguna índole.
De igual forma el acuerdo contempla que deben desempeñar sus funciones con respeto a los derechos humanos, con visión de género y erradicando cualquier forma de violencia en contra de las mujeres; y servir a toda la ciudadanía por igual, de forma objetiva, empática y cortés, sin discriminación y sin distinciones por razón de raza, religión, identidad sexual, opinión pública, origen, posición económica o cualquier otra condición.
Teniendo en cuenta que uno de los principales propósitos del gobernador Miguel Barbosa Huerta es concretar un gobierno incluyente y cercano a la gente, el acuerdo establece que los servidores públicos deben conocer y comunicar a la población los “Mecanismos de Atención Ciudadana” disponibles.
Como parte de los compromisos de la administración estatal con los grupos con vulnerabilidad física, también se plantea que los servidores deben de implementar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y que las gestiones se realicen en el menor tiempo posible para los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas en compañía de niños menores de cinco años.
Además, los servidores públicos deberán aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones para coadyuvar a transparentar la función pública y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas.
Cuidar el aspecto personal en el trato con la ciudadanía, responder y utilizar lenguaje claro y sencillo y portar durante su horario laboral y de forma visible la credencial que los identifique, son otros aspectos que contempla el acuerdo.
En cuanto a los titulares de las dependencias y entidades, deben garantizar que, en caso de que el servidor público solicite algún obsequio o compensación por el servicio ofrecido, los ciudadanos denuncien ante la autoridad competente, ya sea de forma verbal (en el número de 800 466 37 86), por escrito o por cualquier medio digital (denunciaciudadana@puebla.gob.mx).
Debe subrayarse que la Secretaría de la Función Pública y los correspondientes Órganos Internos de Control, serán los encargados de vigilar el cumplimiento del acuerdo que establece los lineamientos de actuación de las y los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
