La pregunta incómoda ronda lo mismo en los pasillos del Poder Judicial de la Federación que en los círculos políticos y empresariales del país. Y tiene que ver ya no sólo con la preocupación y el temor que genera entre los grandes inversionistas del país la posibilidad de que la ministra Lenia Batres pueda llegar a asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en medio de la antinomia que hoy existe entre los artículos 94 y 87 constitucionales, sino también con los constantes errores, gazapos, exhibiciones de ignorancia jurídica y actuaciones ideologizadas de la autonombrada “ministra del pueblo”.
Porque Batres Guadarrama cumple ya tres años desempeñando el cargo de ministra, entre los dos años que duró en la antigua integración cuando la designó directamente el entonces presidente López Obrador y el año que ya cumple como parte de la nueva Corte que resultó de la controvertida Reforma Judicial y la elección de los acordeones. Pero esos tres años de ejercer el más alto cargo público al que puede aspirar cualquier jurista al parecer no le han servido a la ministra para entender, aprender y dominar la delicada responsabilidad que se le ha otorgado, y en la que sigue cometiendo errores de principiante y asumiendo posiciones que desafían y contradicen las normas básicas de la administración de la justicia.
Los ejemplos sobran y el más reciente tuvo lugar ayer. En la sesión del pleno de la Corte que, por ausencia momentánea del presidente Hugo Aguilar Ortiz, tuvo que asumir la presidencia la ministra Batres, hubo un episodio que volvió a mostrar el desconocimiento y la falta de preparación que acusa el personaje en cuestión. La presidenta en funciones quiso someter a votación un asunto que se había presentado sobre una “contradicción de criterios” pero se olvidó de consultar antes a sus pares ministros para escuchar su posicionamiento sobre el proyecto que se discutía.
Como Batres no se enteraba de que estaba violentando el procedimiento de discusión y votación en el pleno, tuvo que intervenir el ministro Irving Espinosa para explicarle que antes de pedir el voto de los integrantes del pleno, debía escuchar los posicionamientos de los ministros. “Antes de votar yo si quisiera hacer consideraciones con relación al punto número 23 que es la contradicción de criterios 84/2026, antes de someterlo a votación porque en el caso particular yo no comparto el proyecto que se pone a consideración por parte de la ministra ponente, y antes de votar si quisiera hacer las consideraciones y escuchar las de los ministras y ministros”, dijo Espinosa corrigiéndole el error de procedimiento a la presidenta.
Por supuesto que es entendible que la ministra en funciones temporales de presidenta se equivoque, como le puede pasar a cualquiera. El problema es que ese tipo de errores, que muestran desconocimiento del proceso jurídico, son frecuentes y constantes no sólo en Lenia Batres, sino también en algunas otros de sus compañeros que recién llegaron a la Corte por la vía del voto y los “acordeones”, sólo que en su caso ella tuvo ya una curva de aprendizaje de tres años que parecen más que suficiente para que, si llego a ese cargo sin estar plenamente capacitada, ya debería de haber aprendido y dominar la ministra, que además cuenta con todo un equipo de asesores, secretarios y personal jurídico de apoyo que tiene carrera judicial y conoce a la perfección los procedimientos que ella debe dominar.
Y ojalá el problema fuera solo de desconocimiento e ignorancia de los procedimientos judiciales. El mayor cuestionamiento que le hacen a Lenia Batres sus críticos y detractores, es que no se apega al respeto irrestricto de lo que dicta la norma jurídica, la Constitución, las leyes y el estado de derecho al momento de presentar sus proyectos de sentencia, en los que, ya en varias ocasiones, introduce propuestas, razonamientos o planteamientos jurídicos que violentan principios básicos y torales del estado de Derecho y de la certeza jurídica a la que está obligada la Suprema Corte en sus interpretaciones y fallos constitucionales.
Los ejemplos de los disparates jurídicos de Lenia, que son más bien posiciones políticas o ideológicas personales, como buena integrante que es del ala más radical de Morena, sobran: desde intentar revivir casos que ya fueron juzgados y sentenciados por la Corte, violentando el principio de la “cosa juzgada”, hasta asumir posiciones abiertamente adversas a empresas litigantes en adeudos con el fisco (el polémico caso de la empresa coreana Samsung) o incluso quejarse de que sus compañeros rechacen sus proyectos o voten en contra, acusándolos de tener “razones personales” contra ella o de estar enojados porque ella impugnó el presupuesto solicitado para sus ponencias.
Lo de la ministra Lenia con sus constantes errores y equivocaciones o con sus posiciones ideológicas y antijurídicas, es algo que ya rebasa lo anecdótico y que amenaza con convertirse en un problema serio para la propia Corte y para la credibilidad y seriedad del Poder Judicial de la Federación. En lo político, sus yerros y radicalismos ya le generaron a la presidenta Sheinbaum una queja directa de los 12 empresarios más ricos del país que, en la reunión privada que tuvieron los magnates mexicanos con la mandataria allá por el mes de mayo pasado, le dijeron claramente que la posible presidencia de Batres Guadarrama en la Corte les genera temor, rechazo e incertidumbre para sus millonarias inversiones en el país.
Ante tal preocupación de los poderosos empresarios, la Presidenta respondió con lo que ya ha expresado públicamente en sus conferencias, en las que ya reconoció que sí existió dicha reunión y las quejas y preocupaciones que le expresaron los empresarios. “Que sea la propia Corte la que defina cómo se debe elegir a su próximo presidente”, dijo la doctora salomónicamente para no enfrentarse al poder que tiene el apellido Batres en el ala más radical de la llamada 4T.
Y hasta ahora, en la definición que tendrá que tomarse a más tardar en agosto del próximo año 2027, antes del 1 de septiembre de ese año, no hay una definición clara de si se aplicará el artículo 94 reformado, que dice que la Presidencia de la Corte corresponde al segundo lugar en votación, una vez que termine la actual de Hugo Aguilar Ortíz, o si se impone el artículo 97 que establece que al presidente del pleno judicial lo deben elegir los propios ministros por mayoría entre cualquiera de sus integrantes que se postule para la Presidencia.
En espera de que llegue esa definición y de la incertidumbre que hoy permea a las inversiones nacionales y extranjeras por el actuar de los nuevos integrantes de la Corte, hay dos certezas: la primera, que Lenia Batres está obsesionada con convertirse en presidenta, como parte de un plan político para aumentar su influencia en las decisiones judiciales; y la segunda, que la “ministra del pueblo” se está quedando sola y sin el apoyo de sus compañeros para esa o cualquier otra aspiración, ante sus constantes exhibiciones de ignorancia, soberbia y desconocimiento de la materia jurídica.
Así que la pregunta sigue flotando en el ambiente jurídico, político y empresarial del país: ¿Qué hacemos con Lenia?, que se va a convertir en otra “Roncha” -y no precisamente Moya- más para el gobierno de la 4T.
NOTAS INDISCRETAS…
Una de dos: o el senador Enrique Inzunza es muy valiente, como para desafiar el “consejo” que le dio la presidenta Sheinbaum para que se retirara del Senado con una licencia definitiva ante las investigaciones en su contra, o de plano el sinaloense es temerario y se siente muy protegido por algún poder más grande que el de Palacio Nacional. Porque su decisión de no solicitar licencia al cargo de senador y en cambio renunciar a la bancada de Morena para declararse senador independiente, sin duda puede tener alguna base legal en la independencia y autonomía que la Constitución les da a los miembros del Senado, en tanto representantes de uno de los tres poderes, pero lo que no tiene esa decisión del cuestionado Inzunza es ni sentido común, ni sensibilidad política y mucho menos lealtad al partido en el que milita y que lo postuló para ese cargo. Vaya, que Inzunza decidió, como antes lo hizo su compadre Rocha Moya, irse por la libre y rebelarse a la autoridad presidencial y al consejo que le daban sus propios compañeros de bancada. Veremos si a él, que está plenamente identificado en Sinaloa como el operador real en la relación entre el gobierno de Rocha Moya y una de las facciones del Cártel sinaloense, si le dejan pasar su acto de rebeldía o si correrá la misma suerte que su amigo que hoy está políticamente desahuciado. La pregunta es si el senador Insunza se sigue sintiendo protegido e intocable, aún ya con el desconocimiento de la Presidenta y de Morena, ¿cuál es el poder que lo hace sentir tan impune? La respuesta es más que obvia…La designación de Santiago Nieto para convertirse en el futuro candidato de Morena al gobierno de Querétaro causó sin duda reacciones inmediatas en el panismo queretano. Y aunque los panistas descalifican a Nieto y lo acusan de tener falta de pertenencia y presencia en la entidad queretana, lo cierto es que en el blanquiazul saben que la marca de Morena les puede dar pelea en la elección estatal del 2027. Quizá por ello el gobernador Mauricio Kuri, que sabe que no puede confiarse si no quiere terminar como otros panistas que han entregado sus estados al morenismo, ya empezó a operar y negoció para que se diera una reconciliación que dividía al panismo de su estado entre el exgobernador Francisco Domínguez y el actual senador Ricardo Anaya. Los traían en un pleito añejo e irreconciliable, pero con la operación de Kuri, que les pidió dejar atrás sus reyertas y diferencias, para enfrentar a Morena en el 27, parece que esa fractura del panismo queretano ya empezó a cicatrizar…Y es que no sólo los gobernadores del PRI han sido acusados de doblar las manos ante López Obrador y entregar sus estados a Morena. En el PAN también hay exmandatarios estatales que están bajo sospecha de traición por parte de sus correligionarios. Es el caso de Mauricio Vila, ex gobernador de Yucatán que perdió el estado en las elecciones del 2024 y le entregó la gubernatura a Morena después de que las encuestas no le daban mayores posibilidades al actual gobernador Huacho Díaz, que además es de origen panista. Vila en su momento no quería al candidato del PAN, Renán Barrera, con quien tiene fuertes diferencias, pero ante la popularidad y competitividad del exalcalde de Mérida en tres ocasiones, tuvo que aceptar la decisión del CEN panista para que Renán fuera el candidato. Pero resulta que al final, con todo y su buena imagen y calificación de los yucatecos, el PAN perdió el gobierno estatal y Vila se fue como senador de la República y luego se tomó el tiempo para irse a estudiar una maestría a una universidad del extranjero. La historia viene a cuento porque justo esta semana Renán Barrera anunció su renuncia al CEN del PAN, donde colaboraba con Jorge Romero, acusando la incongruencia del dirigente nacional panista que ofreció “abrir el partido a los ciudadanos y permitir las candidaturas de nuevos perfiles” pero en el caso de Yucatán, acusó Barrera, los operadores de Mauricio Vila en el estado afirman que ya tienen entregadas y designadas 72 candidaturas para las elecciones de 2027, las cuales habrían sido decididas por el exgobernador para sus cuates y amigos. ¿Y entonces el discurso de Romero de que cualquier ciudadano podría ser candidato del PAN si tiene el perfil adecuado era pura propaganda? Por lo pronto el exalcalde de Mérida abandonó el CEN y acusó que el “cacicazgo de Mauricio Vila y su grupo sigue vigente en Yucatán y quieren imponer ellos a los candidatos panistas”, es decir, que Jorge Romero es pura lengua y miente cuando habla de apertura del partido a la sociedad, pero premia y mantiene como cacique local en Yucatán al gobernador que perdió el estado para su partido y se lo entregó a Morena. Vaya congruencia la del señor Romero…Los dados mandaron Escalera Doble. Subimos.
