Consejero jurídico afirma que el caso de Grupo Empresarial Dalka no responde a motivaciones políticas ni mediáticas, sino a un litigio revisado durante más de tres años por instancias administrativas, judiciales y federales.
• Advierte que en ningún momento de los procedimientos legales se denunció un supuesto cobro de “moches” por parte de familiares del gobernador y sostiene que las investigaciones actuales derivan de presuntas inconsistencias documentales.
Redacción
Ciudad Victoria, TAMPS. – El consejero jurídico de la Oficina del Ejecutivo estatal, Marco Antonio García Barrientos, aseguró que los procedimientos legales relacionados con la empresa Grupo Empresarial Dalka no obedecen a motivaciones políticas o mediáticas, ni a diferencias personales. “No hay ninguna persecución política”, indicó.
Al aclarar que se trata de un litigio desarrollado durante más de tres años ante instancias administrativas, judiciales y federales, dejó claro que en ningún momento la parte interesada ha acusado ante ninguna autoridad que Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya, haya exigido “moches” a cambio de un contrato millonario.
García Barrientos recalcó que durante más de tres años de litigio en instancias locales y federales no existe registro alguno dentro de los expedientes judiciales de acusaciones relacionadas con presuntos cobros indebidos o solicitudes de beneficios económicos por parte de familiares del gobernador.
Subrayó que tales afirmaciones -vertidas por el representante de la empresa en diversos medios de comunicación durante la última semana- no formaron parte de las demandas, recursos, pruebas o promociones presentadas durante el desarrollo del litigio y tampoco fueron materia de análisis por parte de las autoridades que conocieron del caso.
“Las resoluciones emitidas por los tribunales se construyeron con base en documentos, pruebas y elementos incorporados formalmente a los expedientes, no a partir de declaraciones realizadas en medios de comunicación”, puntualizó.
En conferencia de prensa, en la que ofreció una explicación pública sobre el caso, el consejero jurídico sostuvo que las actuaciones del Gobierno de Tamaulipas han sido revisadas por autoridades estatales y federales, las cuales han confirmado hasta ahora la legalidad de las decisiones adoptadas por la administración estatal.
“El objetivo es que la ciudadanía conozca el contexto completo de este asunto. No estamos frente a una controversia política ni mediática; estamos frente a un caso que ha sido analizado durante años por tribunales, autoridades administrativas, fiscalías y órganos jurisdiccionales competentes”, afirmó.
Explicó que el origen del conflicto se remonta al contrato celebrado el 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas, mismo que posteriormente fue rescindido por el Gobierno del Estado al considerar que la empresa incumplió una obligación esencial relacionada con la presentación de las pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento de sus compromisos contractuales.
Tras la rescisión, la empresa promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa reclamando una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, las resoluciones emitidas dentro del procedimiento han sido objeto de revisión por distintas instancias.
Recordó que, aunque inicialmente una sala unitaria resolvió a favor de la empresa, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa revocó esa determinación por unanimidad y ordenó la reposición del procedimiento, resolución que más adelante fue confirmada por autoridades federales al resolver un juicio de amparo.
García Barrientos explicó que la investigación penal contra el dueño y representante de la empresa, actualmente en curso, tampoco deriva de declaraciones públicas ni de diferencias políticas, sino de hechos detectados durante el desarrollo de los propios procedimientos legales.
Detalló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó información a la institución afianzadora encargada de emitir las pólizas de garantía relacionadas con el contrato y que fueron presentadas por la empresa, encontrando una discrepancia entre las fechas asentadas en la demanda y la información proporcionada por la propia afianzadora.
Según expuso, mientras en el juicio administrativo se sostuvo que las pólizas habían sido entregadas el día de la firma del contrato, la institución emisora informó que dichos documentos fueron expedidos casi un mes después.
“Fue precisamente esa contradicción documental la que dio origen a la investigación. No se trata de opiniones ni de diferencias políticas; se trata de hechos contenidos en expedientes oficiales que hoy son objeto de análisis por parte de las autoridades competentes”, señaló.
El consejero jurídico también rechazó que exista algún tipo de restricción a la libertad de movimiento de la persona involucrada en el procedimiento penal.
Precisó que no existe una medida cautelar de arraigo y reveló que incluso el pasado 3 de junio la propia representación de la empresa solicitó una pausa dentro de una audiencia judicial para explorar una posible conciliación con el Gobierno del Estado.
Derivado de esa solicitud, explicó, el representante de la empresa acudió personalmente a Palacio de Gobierno, donde fue recibido por autoridades estatales en un marco de respeto institucional y apertura al diálogo. Incluso mostró un video donde se ve al representante de la empresa caminar por los pasillos de Palacio de Gobierno.
“Ese hecho demuestra que no existe ninguna limitación para desplazarse libremente y también acredita la disposición institucional para escuchar y atender a todas las partes dentro de los cauces legales correspondientes”, indicó.
El funcionario reiteró que la actuación del Gobierno de Tamaulipas ha estado orientada a proteger el interés público y garantizar el uso responsable de los recursos estatales.
En ese sentido, recordó que posteriormente el suministro de despensas fue realizado a través de DICONSA, institución federal que ofrecía mejores condiciones para el Estado y para las familias beneficiarias de los programas alimentarios.
Finalmente, Marco Antonio García Barrientos sostuvo que serán las autoridades competentes quienes determinen el fondo del asunto y llamó a distinguir entre los procesos judiciales y las declaraciones públicas.
“Las partes tienen derecho a defenderse y a ejercer los recursos legales que consideren procedentes. Al final, las decisiones de la justicia no se construyen en entrevistas o conferencias de prensa, sino con hechos, pruebas y resoluciones emitidas por las autoridades competentes”, concluyó.
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