• El dictamen concentra facultades en autoridades federales y fiscalías sin supervisión externa
• Organizaciones denuncian exclusión de familias en decisiones clave del sistema de búsqueda
• Reforma no garantiza transparencia, protección de datos ni cambios en el modelo forense
Centralización persiste pese a modificaciones
Aunque incorpora más de 500 propuestas y 30 cambios tras el diálogo con colectivos, el dictamen de reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Personas mantiene una estructura centralizada. Las organizaciones advierten que el control del sistema sigue concentrado en la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías, sin mecanismos de supervisión externa ni control ciudadano.
Participación de víctimas sigue siendo limitada
El dictamen no garantiza un rol vinculante para las familias en decisiones sobre protocolos, acceso a información o seguimiento de casos. Aunque se reconoce la figura de “familia social”, no se establece su participación decisiva en los procesos de búsqueda o investigación.
Uso de datos personales sin garantías claras
La reforma permite el acceso de la Plataforma Única de Identidad a datos de instituciones públicas y privadas, incluidos historiales médicos, registros del INE, telecomunicaciones y estaciones migratorias. Sin embargo, colectivos denuncian la falta de reglas claras para proteger los datos personales y evitar abusos.
Sin transformación del modelo forense
A pesar de que se ordena realizar pruebas genéticas antes de inhumaciones, no se establecen recursos ni plazos claros para atender el rezago forense. Las organizaciones alertan que persiste el riesgo de inhumaciones sin identificación adecuada y sin un registro público transparente.
Falta de medidas para garantizar la implementación
La reforma no contempla sanciones para fiscalías que ignoren denuncias o nieguen atención. Además, se eliminó el artículo 23 Bis, que buscaba impedir que las fiscalías se nieguen a investigar y transfieran casos de manera informal, práctica conocida como “peloteo”.
Riesgos de militarización e intervención del gabinete de seguridad
Aunque no menciona de forma directa a las Fuerzas Armadas, la reforma permite la participación de autoridades del Gabinete de Seguridad, lo que preocupa a los colectivos por el historial de abusos en contextos de desapariciones.
Lenguaje ambiguo y difusión limitada
Colectivos LGBTIQ+ señalan que, a pesar de incorporar términos como “nombre social” y “familia afectiva”, la redacción es ambigua y puede dejar vacíos legales que dificulten el reconocimiento de identidades diversas en los procesos de búsqueda.
Temor a una aprobación sin cambios de fondo
A pesar de que el gobierno federal presenta el dictamen como resultado de un proceso participativo, organizaciones como Guerreros Buscadores y Sabuesos Guerreras temen que sea aprobado en el actual periodo extraordinario sin atender las demandas estructurales de las víctimas.
