- La administración de Donald Trump reactivó la regla de “carga pública”, que permite negar la residencia permanente a extranjeros considerados una posible dependencia de apoyos gubernamentales.
- La medida entrará en vigor el 18 de septiembre y devuelve a los funcionarios migratorios mayor margen para evaluar cada caso de manera individual.
- Organizaciones defensoras de migrantes alertan que la política podría afectar principalmente a familias de bajos ingresos y con integrantes de distintos estatus migratorios.
Gobierno de Trump retoma la regla de “carga pública”
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactivó una política migratoria que permitirá a las autoridades negar solicitudes de residencia permanente, conocida como “green card”, a extranjeros que consideren que podrían convertirse en una “carga pública” para el país.
La medida fue anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y establece nuevos criterios para evaluar las solicitudes de ajuste de estatus migratorio.
La norma entrará en vigor el próximo 18 de septiembre y sustituye los límites establecidos durante la administración del expresidente Joe Biden.
Funcionarios migratorios evaluarán cada solicitud
Con la nueva regulación, los agentes de inmigración tendrán la facultad de analizar cada caso de manera individual y determinar si un solicitante tiene posibilidades de depender de programas públicos en el futuro.
La evaluación tomará en cuenta factores como la situación económica, laboral, familiar y otros elementos relacionados con la capacidad del extranjero para mantenerse por sus propios medios.
El gobierno estadounidense argumentó que la medida busca reforzar el principio de autosuficiencia y evitar que los recursos públicos sean utilizados por personas que, según su criterio, podrían representar una carga económica para los contribuyentes.
La política fue creada durante el primer mandato de Trump
La regla de “carga pública” fue impulsada originalmente durante la primera administración de Donald Trump entre 2017 y 2021 como parte de una estrategia para endurecer los requisitos de la inmigración legal.
Durante ese periodo, las autoridades podían considerar el uso de ciertos beneficios públicos, incluidos programas relacionados con alimentación, vivienda y atención médica, como elementos para determinar si una persona era elegible para obtener la residencia permanente.
La administración de Joe Biden modificó posteriormente la norma y redujo los criterios que podían utilizarse para rechazar solicitudes migratorias.
Ahora, el gobierno de Trump eliminó esa regulación y retomó una interpretación más amplia de la política.
Migrantes temen afectaciones por la nueva medida
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron preocupación por el regreso de esta política, al señalar que podría generar incertidumbre entre comunidades vulnerables.
Los grupos de apoyo migratorio advierten que algunas personas podrían dejar de solicitar servicios médicos, apoyos alimentarios o programas de asistencia por temor a que afecten sus procesos migratorios, incluso cuando tengan derecho a recibirlos.
También señalaron que la medida podría tener impacto en familias de estatus mixto, donde algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses y otros se encuentran en proceso de regularización.
Trump endurece también reglas para estudiantes y periodistas extranjeros
Además de la política de residencia permanente, el gobierno estadounidense anunció nuevas restricciones para algunos tipos de visas.
Los cambios afectan principalmente a extranjeros con visas de estudiante F, intercambio académico J y periodistas extranjeros I, al reducir los periodos de permanencia autorizada y aumentar la frecuencia con la que deberán solicitar extensiones.
La administración Trump justificó estas modificaciones al señalar que buscan fortalecer la supervisión migratoria y evitar que algunos extranjeros permanezcan en Estados Unidos después de que sus permisos hayan vencido.
Críticas y defensa de la medida
El gobierno estadounidense sostiene que la nueva regulación protege los recursos públicos y garantiza que quienes buscan vivir legalmente en Estados Unidos puedan demostrar estabilidad económica.
En contraste, organizaciones civiles y expertos en políticas migratorias han criticado la medida al considerar que puede convertirse en una barrera económica para quienes buscan regularizar su situación y afectar a comunidades de menores ingresos.
La aplicación de la nueva regla dependerá de las evaluaciones individuales realizadas por los funcionarios migratorios a partir de su entrada en vigor.
