- Rocha Moya solicita licencia para enfrentar investigación de la FGR
- EE.UU. lo acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
- México exige pruebas antes de proceder con acciones legales
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo mientras se desarrolla la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), tras las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El mandatario informó que presentó su solicitud ante el Congreso local con el objetivo de facilitar las indagatorias y evitar cualquier interferencia institucional. La decisión se da en un contexto de alta tensión política y diplomática entre ambos países.
Acusaciones desde Nueva York y alcance del caso
Las imputaciones provienen de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presunta participación en una red de protección al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el expediente, los implicados habrían facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos mediante sobornos, filtración de operativos y respaldo político. También se les vincula con la posesión de armamento y delitos relacionados con el crimen organizado.
Entre los señalados figuran:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también solicitó licencia
- Enrique Inzunza Cázarez
- Dámaso Castro Zaavedra
- Gerardo Mérida Sánchez
- Juan Valenzuela Millán
Defensa del gobernador: rechazo total a las imputaciones
En un mensaje público, Rocha Moya calificó los señalamientos como “falsos y dolosos” y aseguró que enfrentará el proceso legal conforme a derecho.
Sostuvo que su decisión responde a una convicción republicana y reiteró que su trayectoria respalda su actuación:
- Afirmó tener “la conciencia tranquila”
- Negó cualquier vínculo con el crimen organizado
- Señaló que demostrará su inocencia ante las autoridades
También aseguró que no permitirá que el caso sea utilizado para afectar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Respuesta del Estado mexicano y exigencia de pruebas
La FGR solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos la entrega de pruebas, documentos y evidencias que sustenten las acusaciones. En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de solicitudes de extradición.
Sin embargo, autoridades mexicanas han señalado que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para proceder legalmente, por lo que cualquier acción dependerá de la solidez de las pruebas que se presenten.
Congreso de Sinaloa y relevo en el Ejecutivo
Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa convocó a una sesión extraordinaria para definir quién asumirá de manera provisional la gubernatura.
La decisión se tomó de forma expedita durante la noche, reflejando la urgencia institucional ante un caso que ha generado incertidumbre política en la entidad.
Estrategia de EE.UU.: decomisos y presión financiera
Además de los cargos penales, la acusación en Estados Unidos incluye una ofensiva para confiscar bienes y recursos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
El expediente contempla:
- Decomiso de propiedades, cuentas y activos relacionados con el narcotráfico
- Confiscación de armas y equipo utilizado en actividades criminales
- Aplicación de la figura de “bienes sustitutos” para recuperar recursos no localizados
Las autoridades estadounidenses buscan desmantelar completamente las estructuras financieras vinculadas al caso.
Tensiones políticas y escenario en evolución
El caso ha generado reacciones divididas en México. Mientras la oposición exige investigaciones a fondo y posibles sanciones, figuras cercanas al gobierno federal han pedido respetar el debido proceso.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe presentar pruebas contundentes, subrayando la defensa de la soberanía nacional.
En este contexto, el proceso se mantiene en una fase inicial, pero con implicaciones políticas, legales y diplomáticas de alto alcance tanto en México como en Estados Unidos.
