- La SCJN declaró constitucional el Fondo de Pensiones para el Bienestar y descartó que implique una expropiación o confiscación de los ahorros.
- Los recursos continúan siendo propiedad de los trabajadores o sus beneficiarios y pueden reclamarse sin límite de tiempo.
- Las Afores y el PENSIONISSSTE podrán transferir recursos de cuentas inactivas cuando se cumplan las condiciones previstas por la ley.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar y determinó que la transferencia de recursos provenientes de cuentas individuales inactivas no representa una confiscación ni una expropiación de los ahorros de los trabajadores.
El Pleno de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, mediante el cual declaró infundada la acción de inconstitucionalidad presentada por 185 diputados de oposición contra las reformas que dieron origen al fondo en 2024.
Los ministros concluyeron que los recursos mantienen como propietarios a los trabajadores o, en su caso, a sus beneficiarios. La reforma únicamente modifica la institución encargada de administrar determinados recursos que no han sido reclamados.
Trabajadores conservan el derecho sobre sus recursos
La SCJN determinó que el dinero transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar puede ser reclamado por sus titulares en cualquier momento.
El derecho para solicitar la devolución es imprescriptible, por lo que no existe un plazo límite para que los trabajadores o sus beneficiarios recuperen los recursos, incluso después de que hayan sido transferidos al fondo.
La legislación también contempla mecanismos para identificar de manera individual los recursos, generar rendimientos y mantener una reserva financiera que permita garantizar su devolución cuando sea solicitada.
¿Cuándo se transfieren los recursos de las Afores?
El esquema permite trasladar al Fondo de Pensiones para el Bienestar recursos de cuentas individuales administradas por las Afores y el PENSIONISSSTE que permanezcan inactivas y no hayan sido reclamadas.
En el caso de trabajadores afiliados al IMSS, la transferencia puede realizarse cuando cumplen 70 años. Para quienes cotizan al ISSSTE, el límite es de 75 años. En ambos casos, debe cumplirse además la condición de que la persona no mantenga una relación laboral activa.
Los recursos involucrados corresponden a subcuentas relacionadas con retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
La Corte rechaza que exista apropiación por parte del Estado
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la reforma no implica que el Estado se apropie de los ahorros de los trabajadores.
Explicó que el cambio consiste en trasladar la administración de determinados recursos a un mecanismo distinto, mientras se mantiene el derecho de propiedad de los trabajadores y la posibilidad de recuperar el dinero.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo, en el proyecto aprobado, que los recursos continúan siendo propiedad de las personas trabajadoras o pensionadas y que la reforma no extingue los derechos de sus titulares.
Fondo busca fortalecer el sistema de pensiones
Durante la discusión, los ministros también destacaron el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad social.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que la legislación establece una reserva financiera para respaldar la restitución de los recursos cuando sean solicitados por sus titulares o beneficiarios.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía consideró que el fondo responde a un principio de solidaridad social y permite utilizar recursos no reclamados para fortalecer el sistema, siempre que se garantice su devolución.
SCJN también avala el procedimiento legislativo
Los diputados de oposición que promovieron la acción de inconstitucionalidad también argumentaron que existieron irregularidades durante el proceso legislativo.
Sin embargo, la Suprema Corte concluyó que esas deficiencias fueron subsanadas durante el trámite parlamentario y que no impidieron que el proyecto fuera discutido de manera pública y abierta en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Con la decisión del máximo tribunal, el Fondo de Pensiones para el Bienestar continuará operando como un fideicomiso público, con el Banco de México como fiduciario.
