Preguntando entre cercanos al Palacio Nacional si la idea del presidente López Obrador de abrir la puerta a un general para que pueda competir por la Presidencia de la República lleva alguna dedicatoria o nombre específico, al menos dos fuentes nos aseguraron que en quien piensa el mandatario cuando manda a Adán Augusto López a abrir el debate sobre un militar compitiendo en las elecciones presidenciales es en su secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a quien no solo considera “un militar ejemplar, surgido de abajo, del pueblo y no de las élites castrenses”, sino que además le ve tamaños y, sobre todo lo que más valora y reconoce el presidente: lealtad incondicional y a toda prueba.
Pero no es que López Obrador necesariamente esté pensando en que el general secretario renuncie a su cargo al menos seis meses antes para poder ser habilitado como candidato presidencial, según marca la ley electoral, nos precisa una de las fuentes. Si bien el presidente no duda que Cresencio Sandoval podría ser un candidato legítimo y que represente “al pueblo uniformado”, como llama él al Ejército, en realidad lo que busca el tabasqueño es abrir un debate sobre una de las reglas “no escritas” del viejo sistema priista; una que ha permanecido intacta desde hace 82 años, tras la presidencia del general Manuel Ávila Camacho y que se convirtió en un tabú intocable para el antiguo régimen, pero también en un factor indiscutible de estabilidad política y gobernabilidad para la República.
En realidad, al decir el secretario de Gobernación que un militar “sí puede ser candidato a la Presidencia”, no está mintiendo ni tampoco revelando algo que no esté considerado en la ley y en la Constitución de la República. Los militares, de cualquier rango y sobre todo los generales, tienen los mismos derechos políticos y electorales que cualquier ciudadano mexicano y les aplica igual que a cualquier ciudadano la fracción 1 del artículo 41 constitucional que establece que todo ciudadano mexicano “tiene derecho a votar y ser votado”. Pero son el momento, el contexto actual y la coyuntura particular de cuando lo dijo Adán Augusto, lo que le da un carácter provocador y en cierta forma explosivo a su declaración.
Porque justo cuando se debate sobre la militarización en la República y sobre el uso político que el presidente hace del Ejército y las Fuerzas Armadas, al asignarles cada vez un mayor número de funciones y labores civiles, lo que conlleva también presupuestos millonarios, responsabilidad administrativas y económicas y hasta riesgos de corrupción y desgaste para las fuerzas castrenses, López Obrador manda a su hombre de confianza a soltar una declaración, en pleno Congreso del estado de Hidalgo, que cuestiona a la mencionada “regla no escrita” y pone los reflectores, a querer o no, en los actuales titulares de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, que son además dos de los funcionarios del gabinete con los que más habla el presidente.
Pero lo que puede parecer una “imprudencia” del secretario de Gobernación, sería más bien una especie de “escape de López Obrador” para buscar proteger a sus candidatos civiles: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el propio Adán Augusto. Más que una propuesta de distracción, es una especie de juego del presidente para cubrir y blindar a los que él llama “mis corcholatas”. No es, pues, que el general Luis Cresencio se vaya a convertir en una corcholata de color verde olivo, sino más bien que, desatar en el imaginario de los mexicanos la idea de un militar despachando en la Presidencia, busca al mismo tiempo que validar y legitimar el empoderamiento creciente del Ejército, cuidar a sus tres prospectos para que sigan avanzando y haciendo campaña aunque violen flagrantemente las leyes y no expliquen de dónde sale el dinero público para su promoción personal y política.
Y aquí viene quizás lo más real e interesante de todo este asunto: otra de las fuentes consultadas de la Presidencia nos dice que, más que un candidato general en 2024, lo que sí podría ocurrir es que López Obrador estuviera pensando y habilitando a un “nieto de general” como candidato presidencial. Y ese nieto de militar sería Lázaro Cárdenas Batel, actual coordinador de asesores del presidente. En una de esas todo este asunto de los militares a la Presidencia, que por lo pronto ha desatado todo tipo de reacciones, desde las condenas y cuestionamientos hasta los que sí votarían por un militar, es sólo un preámbulo para prepararle el terreno a la cuarta corcholata, que proviene de una estirpe legendaria en la política nacional: la del general Lázaro Cárdenas del Río.
}¿Será entonces que Lázaro Cárdenas Batel, que tiene nombre y apellido de prosapia y de escuelas, calles y avenidas que hay en toda la República, se incorporará como la cuarta corcholata? Ya sea para que el exgobernador de Michoacán vaya a competir realmente por la candidatura de Morena en 2024 o para ser un elemento de validación y legitimación de la corcholata favorita, la idea no suena nada descabellada en cualquiera de los dos escenarios.
NOTAS INDISCRETAS…
Ayer se conmemoró el 77 Aniversario de la creación y fundación de la Organización de las Naciones Unidas, también conocido como el “Día ONU”. Y en México, como cada año, se realizó un evento para celebrar al organismo internacional por excelencia en el Museo de Antropología, del Paseo de la Reforma. Los presentes: Peter Grohmann, coordinador Residente de la ONU en México; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB; Eduardo Jaramillo, Director General de ONU en la Cancillería; Antonio Saborit, director del Museo de Antropología e Historia. El evento, nos cuentan, fue tan pequeño, que apenas y se llenó el pequeño salón que improvisaron. La gran ausente y que nadie se explicaba por qué no estaba ahí fue Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH y por supuesto el presidente López Obrador que, como crítico de la ONU, nunca ha asistido en su gobierno a los aniversarios del organismo multilateral. En otros sexenios los presidentes solían acudir a conmemorar a la ONU, pero en este la constante ha sido el desaire y la crítica al organismo al que AMLO ha propuesto “reformar o desaparecer” y lo ha tachado en sus discursos de “anquilosado” y de que “cuesta mucho y no da resultados”. Ni hablar, seguro el presidente mexicano que solo ha salido del país para ir a tres veces a Estados Unidos y a Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba, el mismo que rehúye participar en cualquier foro internacional, desde el G7, hasta el G20 pasando por la Cumbre del Cambio Climático, la Cumbre de las Américas y por supuesto la Asamblea de la ONU —eventos a los que siempre manda a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard— sabe más de asuntos multilaterales y negociaciones internacionales que la ONU y su cuerpo de funcionarios y diplomáticos a los que tanto cuestiona… Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue galardonada por primera vez con el Premio “Sentencias 2022: acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional” que otorgan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ACNUR, entre otros organismos defensores de migrantes. El reconocimiento se lo llevó la Corte por el amparo en revisión 275/2019 en el que se declaró la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias de autoridades mexicanas que se realizan en lugares distintos a los del tránsito internacional, por ser contrarias a los derechos de libre tránsito y circulación en el territorio nacional, así como a los derechos de igualdad y no discriminación. El premio fue recogido a nombre de la SCJN por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien fue la ponente en esta sentencia de amparo que se derivó del recurso interpuesto por tres personas indígenas del estado de Chiapas que fueron detenidas y recluidas en una estación migratoria porque los agentes mexicanos que los detuvieron mientras se dirigían a Sinaloa, creyeron que eran guatemaltecos. La jurista Ríos Farjat explicó al agradecer el reconocimiento, que después de un intenso debate, la Corte concluyó que la ambigüedad y laxitud con la que se regulan las revisiones migratorias en México permite que los agentes migratorios, policías y otros agentes públicos incurran en estereotipos y prácticas de discriminación a partir de perfiles raciales, lo que afecta y viola derechos de los mexicanos indígenas y afrodescendientes, que frecuentemente son confundidos y tratados como extranjeros y si no pueden demostrar en ese momento su nacionalidad porque no traen consigo un documento, son detenidos y recluidos en centros de migración. Por eso la Corte, por mayoría de votos de los ministros, determinó declarar la inconstitucionalidad de diversas normas y se ordenó la reparación integral del daño a los solicitantes del amparo. Todo basado en el compromiso de la Primera Sala de la Corte con los derechos humanos y los derechos de los migrantes, dijo la ministra Ríos Farjat en la ceremonia de premiación… El estado de salud del exprocurador Jesús Murillo Karam se está manejando con hermetismo y hasta secrecía por parte de las autoridades mexicanas. Ayer se confirmó que Murillo Karam sigue hospitalizado en el Instituto Nacional de Cardiología, a donde fue llevado desde el jueves pasado, luego de que en el Hospital de Xoco no pudieran atenderlo. Problemas de coágulos en una arteria llevaron a que lo sacaran del reclusorio Norte el miércoles pasado y anoche había versiones de que se encuentra grave en el área de terapia intensiva. Pero hasta ahora, nadie informa sobre cuál es su estado de salud, ni siquiera a sus familiares ni a su médico. ¿Será que esconden algo las autoridades para negar la información de un paciente que además está sujeto a un proceso penal?… Los dados mandan otra Escalera. La semana arranca bien.