- La presidenta pidió a la Fiscalía de Veracruz justificar la acusación de terrorismo contra un periodista
- Reiteró que la libertad de expresión es un principio que no puede vulnerarse
- Señaló que, si hay un delito ajeno al ejercicio periodístico, debe explicarse con claridad
Posición del Gobierno federal
Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene la obligación de aclarar por qué imputó el delito de terrorismo al periodista Rafael León Segovia, detenido desde el pasado 24 de diciembre.
La mandataria señaló que desconoce las razones jurídicas de dicha acusación y subrayó que se trata de un tipo penal que no tiene antecedentes en México aplicado a periodistas, por lo que resulta indispensable una explicación pública y detallada.
Libertad de expresión como eje central
Sheinbaum enfatizó que la libertad de expresión está por encima de todo y que el ejercicio del periodismo no debe ser criminalizado. Indicó que el Gobierno federal mantiene una postura firme en la defensa de este derecho y advirtió que cualquier investigación debe diferenciar claramente entre la labor informativa y la comisión de un delito.
“No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo… tiene que explicarlo”, expresó la presidenta al referirse al caso durante su intervención.
Delitos imputados y situación legal
El periodista Rafael León Segovia, conocido como Latifa León y dedicado a la cobertura de temas de seguridad en Veracruz, fue imputado por el Ministerio Público por tres delitos:
- Terrorismo
- Encubrimiento por favorecimiento
- Delitos contra las instituciones de seguridad pública
Tras la audiencia inicial, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas, por lo que será un juez quien determine su situación jurídica en la próxima audiencia. Mientras tanto, el comunicador permanece en prisión preventiva oficiosa.
Reacciones y preocupación por un posible precedente
La detención generó inquietud entre el gremio periodístico y organizaciones civiles, que advirtieron sobre el riesgo de establecer un precedente negativo para la libertad de prensa. Diversas organizaciones señalaron que la investigación estaría vinculada a la labor informativa del periodista, particularmente a su cobertura de hechos de seguridad.
Especialistas y defensores de derechos humanos recordaron que la protección de las fuentes periodísticas es un derecho fundamental, reconocido en estándares nacionales e internacionales, y que recibir información de diversas fuentes forma parte esencial del ejercicio periodístico.
Llamado a la transparencia institucional
Sheinbaum reiteró que, si existiera un delito comprobado ajeno al trabajo periodístico, corresponde a la Fiscalía de Veracruz explicarlo con total transparencia para evitar interpretaciones de persecución o criminalización del periodismo.
