El discurso legaloide de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que lleva más de dos semanas negándose a cumplir la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos contra 10 políticos de Sinaloa porque según ella “no hay pruebas” sobre la culpabilidad de los funcionarios morenistas, se derrumbó este viernes por completo. Dos de los sinaloenses acusados de asociación con el narcotráfico por el Departamento de Justicia se entregaron al gobierno estadounidense tras ser detenidos, uno en Arizona y otro en Europa.
Fue la administración de Donald Trump la que anunció ayer la entrega-detención del general Gerardo Mérida Sánchez, quien cruzó la frontera con Estados Unidos por la garita de Nogales desde el pasado 11 de mayo y se entregó voluntariamente a las autoridades de aquel país para responder a las acusaciones de vínculos con “Los Chapitos”, por lo que de inmediato fue detenido y enviado al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde este viernes se realizaría su primera audiencia en el juicio por los delitos que le imputa la Corte federal del sur de Nueva York.
El general en retiro del Ejército mexicano, quien fungió como titular de la seguridad estatal con el gobernador Rubén Rocha Moya, es una pieza clave en el entramado de corrupción y protección a la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa. Su actuación servía para proteger a Ovidio, Ivan Archivaldo y Jeús Alfredo de los operativos y redadas federales del Ejército o la Guardia Nacional. Según la petición de extradición hecha en su contra, Mérida Sánchez recibía 100 mil dólares mensuales para dar aviso de cualquier movimiento u operativo federal en contra de Los Chapitos, a los que llegó a alertar hasta de 10 operativos militares en un año, además de controlar a la Policía Estatal y nombrar directores de seguridad afines a ese grupo del cártel sinaloense.
El segundo en entregarse fue el exsecretario de Finanzas y Administración de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, quien según el portal La Silla Rota había sido detenido en Europa este viernes y también se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses que lo acusan de “conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. Díaz Vega es considerado un “amigo cercano” del gobernador Rocha y conoce bien los manejos financieros de su gobierno. Durante los tres últimos años que estuvo en el gobierno del morenista su patrimonio creció significativamente y se le documentaron hasta 10 nuevas propiedades en ese lapso y un crecimiento patrimonial en bienes inmuebles de hasta 18 millones de pesos.
La entrega de estos dos funcionarios sinaloenses rompe completamente con el discurso y los argumentos del gobierno mexicano, tanto de la presidenta Sheinbaum como de la Fiscalía General de la República y hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que no había pruebas contundentes de las acusaciones que les hace el gobierno de Estados Unidos a ellos y a otros ocho acusados por vinculación con Los Chapitos.
El que los dos exsecretarios de Rocha Moya hayan preferido entregarse a continuar bajo la protección del gobierno de México confirma, primero, que ellos saben que sí hay pruebas e información que los involucra en los delitos mencionados y que no confiaron en la defensa que pretendía hacer de ellos la administración de la presidenta Sheinbaum. Porque al decidir entregarse a la justicia estadounidense, es claro que ambos buscarán algún tipo de beneficio o acuerdo para entregar información de sus superiores, a cambio de obtener algún trato con el Departamento de Justicia.
Y el jefe de ambos era el gobernador Rocha Moya a quien los testimonios del general Mérida y del administrador y financiero de su gobierno Enrique Díaz, terminarán por hundirlo en las imputaciones que le hace el gobierno norteamericano. Es muy probable que tanto el exsecretario de seguridad como el de finanzas desconfiaran del gobierno de Sheinbaum porque intuían que en algún momento, por la presión de Washington, la doctora iba a tener que entregar a algunos de los acusados y lo más probable es que fueran ellos dos, pues el interés político del gobierno es más bien proteger a Rocha Moya.
A diferencia de la presidenta, ninguno de estos dos acusados cuestionó la existencia de pruebas en la acusación estadounidense y con su decisión de entregarse, no sólo ponen en entredicho el discurso y la estrategia de Sheinbaum frente a estas acusaciones, sino que además confirman que confían más en la justicia de Estados Unidos que en la propia justicia de México, algo que también acaba de ocurrir hace unas semanas con el contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, quien prefirió entregarse al gobierno de Argentina y casi seguramente al de Estados Unidos en fecha próxima, antes que ser juzgado en su propio país.
La pregunta ahora es qué va a decir la presidenta después de estas entregas y cuánta información más podría obtener el gobierno de Trump a partir de lo que declaren y ofrezcan informar el general Mérida y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa. Difícilmente podrá justificar la retención de los otros ocho acusados y la negativa de entregarlos en extradición. Ayer la propia doctora informó que sostuvo otra llamada telefónica con el presidente Trump, la número 18, y es muy probable que el tema abordado en este diálogo haya sido justo el tema de los extraditables sinaloenses.
¿Cuánto tiempo más aguantará la presidenta sin entregar a Rocha Moya, al senador Inzunza y a los otros seis funcionarios solicitados en extradición? Porque si ella no se decide a entregarlos por motivos políticos y de protección a su partido y a su mentor López Obrador, el peligro, como ya se había advertido, es que los propios acusados decidan aceptar la colaboración con Estados Unidos y también se entreguen en busca de beneficios y a cambio de dar más información sobre la narcopolítica morenista. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué espera Sheinbaum para sentarse cara a cara con Trump y negociar lo que tenga que negociar para salvar al país de la intervención abierta de Estados Unidos?
NOTAS INDISCRETAS… Dicen que hay maderas que no agarran el barniz y lo mismo aplica para algunas ministras de la Corte en materia jurídica y de principios fundamentales del derecho. Porque el pasado miércoles la ministra Lenia Batres, por enésima ocasión y a pesar de que ya se lo han dicho en público, en privado y hasta se lo han explicado con palitos y bolitas sus propios compañeros ministros, volvió a plantear la reapertura de un caso juzgado relativo a una empresa privada mexicana que evidentemente se inconformó con la intención de que se vuelva a judicializar y a revisar una sentencia favorable que ya había obtenido hace algunos años tanto de un Tribunal Colegiado, como de la Segunda Sala de la antigua Corte que había revisado su caso y había validado el fallo judicial favorable que obtuvo dicha empresa. En la sesión del jueves pasado, al discutir un proyecto en el que se analizaba la calidad de cosa juzgada de una determinación previa, la mayoría de ministros decidió dejar atrás lo resuelto por la integración anterior de la Corte, y lo hizo con base en una solicitud planteada por Lenia Batres Guadarrama a la anterior integración de la Suprema Corte para que ejerciera su facultad de atracción en un asunto en materia fiscal promovido en contra de una empresa. Dicha petición fue rechazada por la Corte anterior al estimarse que el Alto Tribunal carecía de competencia para conocer del caso. No obstante, una vez integrada la Nueva Corte, Batres volvió a solicitar la atracción del asunto y, en esta ocasión, Hugo Aguilar dio trámite a la petición para que el juicio fuera conocido por el Tribunal Constitucional. La parte afectada promovió un recurso al considerar que se vulneraba el principio de cosa juzgada, pues existía una determinación previa que impedía volver a plantear el mismo tema. Del recurso correspondió conocer a Loretta Ortiz, quien sostuvo que no existía afectación alguna para la empresa y propuso desecharlo, lo que finalmente fue aprobado por la mayoría. Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel argumentó en contra de la mayoría que la propia Nueva Corte ya había sostenido previamente que las cuestiones competenciales causan estado y adquieren la calidad de cosa juzgada. A pesar de ello, la mayoría de sus pares optó por dejar atrás dicho criterio y desconocer la decisión anterior, en perjuicio de la empresa privada involucrada. Esta discusión vuelve a abrir el debate sobre la manera en que la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación parece mostrarse cada vez menos dispuesta a respetar las determinaciones adoptadas por la integración anterior, particularmente cuando ello implica flexibilizar principios básicos de seguridad jurídica en perjuicio
de los gobernados. Más allá del caso concreto, la decisión genera inquietud respecto de los límites institucionales del propio Tribunal Constitucional. La cosa juzgada no constituye una formalidad menor, sino una garantía indispensable para asegurar estabilidad, certeza y confianza en las decisiones judiciales. Permitir que resoluciones previamente firmes puedan ser replanteadas por razones de coyuntura o de integración amenaza con debilitar la predictibilidad del sistema jurídico y erosionar la seguridad jurídica de los particulares. Si así el país no tiene en este momento nuevas inversiones extranjeras por el temor e incertidumbre que genera el nuevo Poder Judicial federal electo por votos, y con este tipo de fallos, menos invertirán ni los extranjeros ni los mexicanos cuando saben que los ministros violentan de manera tan flagrante principios básicos como el de la cosa juzgada… Con todo y aumento del 9% al magisterio, anunciado ayer en Palacio Nacional, la CNTE tomó ayer las calles de la Ciudad de México y, tras calificar el incremento salarial como “una burla”, reiteró su amenaza de venir a protestar y sabotear los eventos del Mundial de futbol que comienza el 11 de junio. Y eso que la presidenta Sheinbaum recibió a los principales líderes de la Coordinadora el pasado lunes en Palacio Nacional, con el objetivo de negociar con ellos que no haya sabotajes ni manifestaciones durante el Mundial. La reunión ocurrió después de que los maestros de la CNTE amenazaran con boicotear el acto de la presidenta en Palenque, Chiapas, el pasado 30 de abril cuando la mandataria tenía un evento para anunciar la unión de los trenes Interoceánico y Maya. Para evitar el boicot de los maestros en Palenque, la presidenta les ofreció recibirlos después en Palacio, lo cual ocurrió el pasado lunes 11 de mayo. Pero al parecer ni hablando directamente con la presidenta los de la CNTE bajarán la guardia ni dejarán de mantener al vilo al gobierno y a los organizadores mundialistas… Giran los dados. Escalera Doble. Buen fin de semana a los amables lectores.
