A unos días de que se cumpla un año del estallido de una guerra intestina entre los narcos del Cártel de Sinaloa, el productivo estado del occidente mexicano registra pérdidas multimillonarias en sus ingresos, su actividad económica, además de la dolorosa pérdida de vidas humanas, desapariciones, desplazados de sus comunidades y una sensación de violencia y anormalidad que afectó la vida de los ciudadanos de esa entidad.
El próximo 9 de septiembre se cumplen 365 días de que estalló el enfrentamiento armado entre las facciones de Los Mayitos y Los Chapitos, que convirtieron a Culiacán y sus alrededores, además de Mazatlán y Los Mochis, en escenario de cruentas batallas por el control de la mermada organización criminal que comenzó a derrumbarse tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de los Estados Unidos.
Un año transcurrido entre la incapacidad, la indolencia y la indecisión de los gobiernos federal y local para poner fin a esta guerra narca que les robó la paz y la tranquilidad a los sinaloenses y que provocó un derrumbe de su pujante economía. Fue el 9 de septiembre cuando los primeros combates sucedieron en Culiacán, que a partir de entonces se volvió una ciudad con miedo, donde sus habitantes tuvieron que refugiarse en sus casas y suspender o modificar sus hábitos y actividades cotidianas por temor a verse envueltos en un fuego cruzado, un asalto o un asesinato.
Con motivo de este primer año de guerra narca, la doctora Cristina Ibarra, economista e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, elaboró un estudio que, con base en cifras oficiales y encuestas del INEGI, estima que las pérdidas acumuladas en esta guerra alcanzan entre el 8 y 10% del PIB sinaloense, es decir que la economía del estado perdió entre 55 mil y 70 mil millones de pesos nominales en este período. Eso ha representado el cierre de 13 mil empleos formales y 20 mil empleos de forma general, siendo Culiacán, la capital, la más afectada con 12 mil empleos cerrados por la violencia y más de 5 mil empleadores que cerraron sus negocios.
Los ingresos de los sinaloenses cayeron a la par de su economía. El estudio compara el PIB per cápita en Sinaloa en 2018, cuando empezó el gobierno de López Obrador, y era de 172 mil 735 pesos por cada habitante del estado. Para 2023 había caído a 164 mil 725 por la pandemia de Covid, mientras que para 2024 se estima que caerá hasta los 158 mil 365 pesos, el nivel que tenía hace 10 años. Y como la actividad sigue cayendo en este 2025, dice la doctora Ibarra, el PIB per cápita de los sinaloenses podría bajar hasta los 150 mil pesos, es decir el nivel que tenía en 2005, hace 20 años.
Las inversiones extranjeras en la entidad sinaloense también cayeron y se registra el nivel más bajo de Inversión Extranjera Directa desde el año 2006, con solo 10 millones de dólares de nuevas inversiones y hubo desinversiones de 14.4 millones de dólares. Las exportaciones sinaloenses, que son de las más importantes a nivel nacional en la agroindustria, cayeron en -9.5% en el primer trimestre de 2025; la construcción en el estado decreció en -17.1 al cierre de 2024, al igual que la hotelería y el esparcimiento decrecieron en -18.8 y la agricultura cayó -11.3%, acumulando tres trimestres con pérdidas promedio de 25% en el 2024.
Los sectores más afectados por la pérdida de empleos fueron el restaurantero, de servicios y turismo, además de la construcción, que perdieron 20 mil 430 empleos en el segundo trimestre de 2025, la mayor parte de microempresas, según datos de la encuesta ENOE del INEGI. A partir de la información de esa encuesta oficial, el reporte de la doctora Cristina Ibarra resalta dos datos preocupantes: que los sinaloenses que perdieron sus empleos en este año de violencia no aparecen aún como desempleados, “porque no están buscando empleo en las condiciones actuales” y que “ocurrió un hecho histórico: más de 96 mil personas dejaron de estar disponibles para trabajar, lo que puede también deberse a la inseguridad”, señala la académica.
A todo eso, añade el estudio, hay que considerar que “las cifras de empleo no contabilizan a las empresas que dejaron de vender, porque posiblemente, aún no se encuentran buscando empleados. Por ejemplo, gremios profesionistas como músicos y eventistas y otros giros que cuenten con registros formales. Tampoco contabiliza a las personas que trabajan de manera eventual cuando hay eventos como conciertos, palenques y partidos de futbol, que han sido cancelados, generando también pérdidas a toda una cadena de empresas y autoempleo”.
Las remesas que llegan a Sinaloa han bajado un 25% de enero a junio de este año, mientras que la captación bancaria en Culiacán cayó 10% comparado con 2024. El robo de autos se disparó en 170%, según datos de las instituciones de seguros y entre junio de 2024 y junio de 2025 se habían robado 3,757 autos en el estado, lo que disparó el costo de los seguros de auto; esto ha provocado también la caída de ventas de autos nuevos por lo que empresas como Nissan han despedido a colaboradores. También la violencia afectó al transporte de carga por la quema de camiones de flete, lo que disminuyó el transporte de carga y de pasajeros en la entidad.
Pero de todos los saldos económicos y sociales que ha dejado este conflicto armado en Sinaloa, el más grave y doloroso son las vidas humanas. Aunque hay discrepancias entre las cifras oficiales de homicidios dolosos en este año de guerra y las cifras que han contabilizado organismos civiles nacionales y extranjeros, la cadena CNN, a partir del análisis de ambas cifras, estima que los asesinatos violentos crecieron 400% en el estado desde que estalló esta guerra aquel 9 de septiembre.
Sobre estas muertes, que impactan directamente a miles de familias sinaloenses, el estudio de Cristina Ibarra señala que “las pérdidas humanas tienen altos costos de oportunidad, no solo por la mano de obra perdida, sino también por la pérdida potencial para las familias directa o indirectamente afectadas. Esto deja huella en la población y la reconstrucción de ese tejido social es fundamental. Las familias que tiene familiares heridos o han sido asesinados, padecen también dificultades económicas”.
Y sobre el aumento también de las desapariciones, que pasaron de 5,584 en 2024 a 6,305 al corte de mayo de 2025, la académica comenta que, además del profundo daño emocional que causa a la familia “cada persona desaparecida representa el ingreso mensual de al menos un salario mínimo y con ello la disminución de la propia actividad económica al interior de las familias”.
Un año después de que estalló la guerra entre narcos en Sinaloa, la cual ha transcurrido mayoritariamente en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la posición oficial sobre la tragedia sinaloense dice que los operativos federales para capturar a integrantes de los Mayitos y Los Chapitos está dando resultados pero no se comprometen nunca, ni la doctora ni su secretario Omar García Harfuch, a decir cuándo terminarán con esa guerra que sigue afectando a los sinaloenses.
El pasado 24 de mayo, de visita en la entidad, Sheinbaum dio un discurso en el que advirtió, subiendo la voz, que no vamos a permitir que nadie estigmatice Sinaloa”, a partir de que dijo que su gente es “trabajadora y sale adelante todos los días”. ¿Y entonces, si a la Presidenta le ofende tanto que estigmaticen a los sinaloenses, no le ofende o le molesta igual que los maten, los desaparezcan, los asalten o los dejen sin empleo y les roben la paz y la tranquilidad?
NOTAS INDISCRETAS…
Ayer tomaron protesta los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son cinco integrantes de la Sala Superior que empezarán funciones en noviembre próximo y la presidencia del Tribunal recaerá en el magistrado Gilberto Bátiz, quien desde ahora adelanta que en cuanto asuma el cargo implementará un “programa de austeridad” presupuestal y de salarios en dicho tribunal. Y es que los magistrados salientes del TEPJF no se caracterizaron precisamente por ser muy austeros y entre sus sueldos, enormes prestaciones y hasta actos de corrupción que les documentaron a varios de ellos, se ganaron la fama de gastalones y de no limitarse a la hora de ejercer el presupuesto. Veremos si la austeridad que anuncia el chiapaneco Bátiz se da solo a los altos niveles, que es donde mejor ganaban, o si se afecta también a los trabajadores del Tribunal en sus ingresos y prestaciones…En vísperas del segundo informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez, en su gabinete siguen los escándalos y acusaciones de corrupción. Por ejemplo, a la secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, la señalan por sospechas de corrupción y tráfico de influencias, a partir de documentos y audios filtrados que sugieren que la funcionaria utiliza su cargo para beneficiar a la empresa Centrum Promotora Internacional, vinculada al exfuncionario priista Guillermo Zamacona. Y es que Centrum, que ha obtenido contratos por más de 1,800 millones de pesos con el gobierno estatal por más de 12 años, perdió recientemente una licitación para el servicio de pruebas de laboratorio en el ISSEMYM. La empresa presentó un oferta con precios demasiado bajos y fue descalificada por no cumplir con los requisitos técnicos. El contrato fue adjudicado a otro proveedor, que ofreció una actualización tecnológica significativa. Sin embargo, Centrum interpuso una inconformidad ante la Contraloría estatal y la dependencia, bajo el mando de Salazar Gil, ha insistido de manera “subjetiva, parcial y arbitraria” en reponer el procedimiento, a pesar de que el comité de adquisiciones del ISSEMYM ha confirmado en dos ocasiones que la propuesta de Centrum no cumple técnicamente. La situación ha escalado con la imposición de multas y amenazas de destitución a funcionarios del comité, así como la intervención directa de la secretaria de la Contraloría en las sesiones, incluso excediendo sus funciones. Tanto interés y apasionamiento de la secretaria Hilda Salazar, ha llevado a cuestionar si el verdadero objetivo es revertir la decisión del comité para favorecer a Centrum y a sus operadores políticos. El caso se encuentra ahora en los tribunales, donde se espera una resolución que podría destapar una red de corrupción protegida desde las altas esferas del gobierno mexiquense…Los dados vuelven a mandar Serpiente. Sigue tensa la semana.
