• El informe advierte un uso creciente del sistema judicial como herramienta de censura.
• Se documentan casos contra Héctor de Mauleón, Jorge Luis González Valdez y otros comunicadores.
• La SIP señala opacidad en la publicidad oficial y controles sobre el acceso a la información.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un aumento del acoso judicial contra periodistas y medios en México durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque la presidenta se ha pronunciado públicamente contra la censura, el organismo advirtió que su administración mantiene mecanismos de control sobre la información pública y la regulación de telecomunicaciones.
Control y discrecionalidad en la información
En su más reciente informe, la SIP señaló que “la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura; sin embargo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y la regulación de las telecomunicaciones”.
El organismo también señaló la falta de transparencia en la asignación de publicidad oficial, que continúa bajo criterios discrecionales. “Aunque se observa un mayor gasto en medios respecto al gobierno anterior, las reglas siguen beneficiando selectivamente a ciertos grupos”, advierte el documento.
Además, la SIP criticó el cierre del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y su sustitución por la oficina Transparencia para el Pueblo, que, según el informe, “desechó el 99.6% de las solicitudes de información”, debilitando el derecho ciudadano al acceso a los datos públicos.
Acoso judicial como herramienta de censura
El organismo destacó que el acoso judicial se ha consolidado como el principal mecanismo para silenciar a la prensa crítica. Citando datos de Artículo 19 México, el informe registró 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas solo en el primer semestre del año.
Entre los casos más graves se encuentran:
- Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, procesado por “incitación al odio y violencia de género” tras denuncias de la gobernadora Layda Sansores. Un juez ordenó el cierre de su medio por dos años y le prohibió ejercer el periodismo durante ese lapso.
- Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral federal por un comentario en la red social X sobre presunto nepotismo. Se le impuso una multa, disculpa pública diaria por 30 días y su inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta 2027.
- Héctor de Mauleón y EL UNIVERSAL, denunciados en Tamaulipas por calumnia y violencia política de género tras publicar una columna sobre presuntas redes de corrupción. Aunque el INE descartó la acusación de género, ordenó retirar el texto y sancionó al medio con multa y disculpa pública.
Postura ambivalente del gobierno
La SIP subrayó la ambivalencia del discurso presidencial. Si bien Sheinbaum ha calificado como “excesivos” algunos casos de acoso judicial, también ha endurecido sus críticas hacia los medios que investigan presuntos actos de corrupción del sexenio anterior.
El informe reconoció, no obstante, que la mandataria se opuso a la censura digital, al pedir al Senado eliminar un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que habría permitido al Gobierno bloquear plataformas digitales.
Panorama de riesgo para la libertad de prensa
En su 81ª Asamblea General celebrada en Punta Cana, la SIP advirtió que el acoso judicial se ha convertido en una constante en varios países de América Latina. En el caso mexicano, alertó que “el sistema legal se usa para intimidar, desgastar económicamente y censurar periodistas”.
El organismo reafirmó que la libertad de prensa enfrenta un contexto de “creciente hostilidad promovida desde los discursos oficiales” y exhortó al gobierno mexicano a garantizar condiciones reales para el ejercicio periodístico libre y seguro.
