- Un Tribunal Federal revocó el auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega y ordenó su liberación inmediata por el caso Colosio.
- Los magistrados concluyeron que la acción penal prescribió desde 2015 y que la FGR ejerció la acusación cuando el plazo legal ya había vencido.
- La resolución también señala que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sostener la teoría de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Tribunal pone fin al proceso penal contra el exagente del Cisen
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al determinar que la acción penal en su contra por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta prescribió hace más de una década.
La resolución revoca el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México y declara extinguida la acción penal por el delito de homicidio simple intencional.
Los magistrados Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y Josué Osvaldo Garduño Sánchez concluyeron que la Fiscalía General de la República (FGR) retomó las investigaciones cuando el plazo legal para perseguir el delito ya había expirado.
La acción penal venció desde 2015, concluye el Tribunal
En su sentencia, el órgano colegiado estableció que la posibilidad de ejercer acción penal concluyó, a más tardar, el 23 de marzo de 2015, fecha en la que prescribió el delito.
Los magistrados señalaron que la reapertura de las investigaciones en 2021, las nuevas diligencias realizadas en 2022 y las consignaciones efectuadas entre 2023 y 2025 ocurrieron cuando el caso ya no podía ser judicializado.
Por ello, el Tribunal ordenó el sobreseimiento de la causa y la inmediata libertad de Sánchez Ortega, exclusivamente por este proceso, sin afectar cualquier otro procedimiento penal que pudiera enfrentar.
No se acreditó la teoría del segundo tirador
Además de la prescripción del delito, el Tribunal concluyó que la FGR no logró demostrar la participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega en el magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
La resolución señala que el Ministerio Público no acreditó que existiera un acuerdo previo entre Sánchez Ortega y Mario Aburto Martínez, sentenciado como autor material del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI.
Los magistrados explicaron que la existencia de dos disparos durante el atentado y la ubicación de posibles tiradores en distintos puntos del lugar únicamente describen circunstancias físicas y cronológicas, pero no constituyen evidencia suficiente para demostrar una actuación coordinada.
Asimismo, indicaron que la Fiscalía tampoco pudo probar que el exagente conociera el plan del ataque, la ubicación del otro presunto tirador, el momento en que se realizarían los disparos o que hubiera participado en la organización del atentado.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron consideradas insuficientes
Durante el proceso, la FGR sustentó parte de su acusación en el testimonio de una compañera de trabajo de Mario Aburto, quien aseguró que Sánchez Ortega lo visitó en diversas ocasiones antes del asesinato.
También presentó como evidencia una chamarra con rastros de plomo que, según la investigación, sugería el posible uso de un arma de fuego.
Sin embargo, el Tribunal determinó que esos elementos no permiten acreditar la coautoría ni demostrar que el exagente actuó con premeditación, alevosía o en coordinación con Aburto.
De igual forma, concluyó que no existen pruebas que acrediten que conociera el dispositivo de seguridad de Colosio o que hubiera aprovechado esas condiciones para facilitar el crimen.
La investigación fue reactivada tres décadas después del magnicidio
La Fiscalía General de la República reabrió el caso durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, al retomar la hipótesis de la existencia de un segundo tirador.
Tras varios intentos fallidos para obtener una orden de aprehensión en 2023 y 2024, un juez federal autorizó la captura de Sánchez Ortega en septiembre de 2025.
El exagente fue detenido dos meses después en Tijuana e ingresado al penal federal del Altiplano, donde permanecía sujeto a proceso hasta la resolución emitida por el Tribunal Colegiado.
La condena de Mario Aburto permanece vigente
La resolución no modifica la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, quien fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Su sentencia continúa firme luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos el amparo que buscaba reducir su condena.
De acuerdo con el fallo, la pena concluirá en 2039.
Asimismo, el Tribunal precisó que la Fiscalía ya no cuenta con mecanismos para impugnar la resolución, por lo que únicamente las víctimas indirectas del caso podrían promover un juicio de amparo.
No obstante, integrantes de la familia Colosio, incluido el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, han expresado públicamente su deseo de cerrar definitivamente este capítulo judicial.
