En una misma semana el presidente Donald Trump tuvo el gran gesto de llamar personalmente a la presidenta Sheinbaum para invitarla a la final del Mundial de Futbol en Nueva York, aun cuando ella ya estaba invitada por la FIFA, y unos días más mandar una amenaza con su representante comercial, Jamieson Greer, que si México no aumenta su nivel de cooperación en temas como el agua que, según él, se le adeudan, y también en materia de seguridad, el TMEC podría peligrar.
Luego, el pasado jueves, mientras la Presidenta recibía al mismo Greer en Palacio Nacional, en Estados Unidos se anunciaba la imposición de aranceles de 10 a 12.5% a sus 60 socios comerciales, incluido México, a productos producidos con trabajo forzado, desatando nerviosismo en la economía mexicana, al grado que Marcelo Ebrard se tuvo que salir de la reunión de Palacio para aclarar que nuestro país no se ve afectado por los nuevos aranceles, porque ya teníamos el 10% en todos los productos que no están incluidos en el TMEC, lo que calmó las aguas mexicanas.
Y el viernes Trump volvió a repetir la misma vieja estrategia del garrote y la zanahoria, al anunciar el garrotazo de que pensaba en imponerle un arancel del 10% a las lechugas mexicanas a raíz del brote de cliclosporiasis en su país, sabedor de que tan sólo en los últimos seis meses, de enero a junio de este año, México exportó 147 mil toneladas de lechugas a la Unión Americana, para unas horas después sacar la zanahoria cuando su gobierno anunció que abriría la frontera estadounidense al ganado mexicano, que llevaba más de un año cerrada a la ganadería nacional.
En el juego de presiones que tiene contra México y contra su Presidenta, el mandatario estadounidense retoma la vieja estrategia que siempre usaron los inquilinos de la Casa Blanca contra los gobernantes mexicanos, aunque, como todo en esta segunda “era Trump”, la zanahoria y el garrote vienen recargados y no se trata sólo del golpe y la sobada, sino que estos mensajes cruzados en la relación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, son parte del objetivo de desgaste y golpeteo contra el actual régimen gobernante en el país.
Porque mientras elogia y luego pega al gobierno de Sheinbaum, la administración trumpista no quita el dedo del renglón de sus reclamos de detención y extradición sobre Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros seis acusados por la justicia estadounidense por vínculos con el narcotráfico, como tampoco deja de investigar y solicitar a altos personajes del gobierno de López Obrador, muy cercanos al expresidente, por el negocio del huachicol fiscal que contrabandeó miles de millones de litros cúbicos de combustibles ilegales entre Estados Unidos y México.
Y en ese objetivo Trump no duda de mezclar todo tipo de asuntos políticos, de seguridad y comerciales en la relación con México y mantiene ocupada y en vilo a la mandataria mexicana que, en la medida que se siga negando a entregar a los militantes de su partido acusados de narcopolítica y huachicol, seguirá resintiendo los embates de Washington, con ocasionales reconocimientos y elogios del mismo presidente de Estados Unidos o de sus agencias y secretarios.
La pregunta es hasta cuándo seguirán esas presiones constantes y crecientes de la Casa Blanca contra el gobierno mexicano y qué sucederá si las exigencias trumpistas en materia de seguridad y de combate a los cárteles de la droga y a los políticos que los protegen y auspician, siguen siendo rechazadas por la doctora Sheinbaum en aras de una defensa de la soberanía, según el discurso oficial, pero en la práctica más bien sean como la protección de la Presidenta a su antecesor y mentor político.
Puede que a la Presidenta le queden solo un par de meses para pactar, por las buenas, las entregas de narcopolíticos morenistas o cabezas reales del huachicol, o para enfrentar si no lo hace las consecuencias de la estrategia trumpista para aumentar sus niveles de popularidad y de votación para el partido republicano en las ya cercanas elecciones de Congreso en los Estados Unidos, en noviembre próximo.
Es decir que todo apunta a que entre septiembre y octubre, justo antes de los comicios estadounidenses, el gobierno de Trump podría aumentar el nivel de sus acciones, amenazas y golpes en contra de políticos vinculados al narco, pero también funcionarios y personajes del gobierno lopezobradorista acusados de corrupción en forma del negocio del huachicol y en otras materias.
Conforme se acerquen las votaciones y los estadounidenses salgan a votar por sus representantes y senadores para los próximos dos años, veremos acciones cada vez más fuertes contra los políticos mexicanos, mayoritariamente, aunque no exclusivamente, del Partido Morena, y un embate mucho más duro e intrusivo contra los cárteles de la droga y sus principales capos.
Eso lo saben bien en el gobierno de Sheinbaum, tanto que el secretario Omar García Harfuch dijo públicamente que están cerca de capturar a las cabezas del cártel de Los Chapitos, es decir a los dos hijos del Chapo que hoy dirigen a esa facción del Cártel de Sinaloa, porque ese es una de las mayores exigencias de Estados Unidos, aunque no es la única, porque desde Washington han estado insistiendo en que el Cártel Jalisco Nueva Generación ya tiene un nuevo líder al que se refieren como el R3 o Juan Carlos Valencia González, quien habría tomado el mando tras el asesinato de Nemesio Oseguera Martínez “El Mencho”. Hasta ahora el secretario Harfuch no ha confirmado ni desmentido la información estadounidense.
Así es que si estos últimos meses han sido turbulentos para la relación México-Estados Unidos y también para la presidenta Sheinbaum, su gobierno y su partido, los meses que vienen se volverán casi como un huracán para el gobierno mexicano y para el movimiento político con escenarios complicados para muchos personajes del obradorismo.
NOTAS INDISCRETAS…
Bajo el nombre de “Unidos por México”, 12 exgobernadores del PAN y el expresidente Vicente Fox, quien personalmente dio lectura a una carta, se pronunciaron públicamente en contra del tratamiento que se le ha dado al caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Apel, y acusaron a la FGR y al gobierno federal de incurrir en una serie de prácticas y actitudes que vulneran el principio de presunción de inocencia del empresario expanista, además de acusar un uso político y faccioso de las instituciones de procuración e impartición de justicia. “La fortaleza de una democracia se demuestra cuando el Estado ejerce su poder frente a un ciudadano. Es en esos momentos cuando deben prevalecer la Constitución, la ley y el respeto irrestricto a la dignidad humana. La detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador electo, protagonista de la transición democrática, obliga a defender un principio esencial: nadie está por encima de la ley, pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos fundamentales”, señalan los exgobernantes panistas en su comunicado en el que se presentan como los “Gobernadores y Presidente del Cambio Democrático”. En su texto de 3 páginas, leído ayer en un videomensaje por Vicente Fox, señalan que “toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a una defensa adecuada y a jueces independientes. Estos derechos no son privilegios; son garantías que protegen a todos los mexicanos frente al poder del Estado”, y acusan que existe una “persecución selectiva” en contra del exmandatario bajacaliforniano porque mientras a él se le aplica la ley de manera contundente y con fuerza excesiva, a otros personajes políticos que han sido señalados en investigaciones periodísticas y evidencias de su participación en el contrabando ilegal de combustibles desde Estados Unidos no se les investiga ni se esclarecen sus responsabilidades. “La justicia pierde legitimidad cuando parece utilizarse para fines distintos a la búsqueda imparcial de la verdad. La ley debe aplicarse con los mismos criterios para todos, sustentada en pruebas, legalidad e independencia, nunca en presiones políticas o mediáticas. Recuerdan las denuncias desde 2019 por el tema del huachicol, mencionan a Sergio Carmona Angulo como el operador de ese delito y “financista político”, y recuerdan que desde la campaña del 2024 en los debates presidenciales de aquellas elecciones, Xóchitl Gálvez denunció el llamado “huachicol fiscal” procedente de Estados Unidos y auspiciado y promovido por políticos y el crimen organizado. Acusan que la defensa del señor Ernesto Ruffo Appel ha informado las serias dificultades para mantener comunicación con él debido a las restricciones impuestas en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” y cuestionan el que lo hayan enviado a un penal de máxima seguridad como una “medida desproporcionada” por su edad de 74 años, cuando la ley establece que personas mayores de 70 pueden incluso seguir su proceso penal bajo libertad. Hablan de insuficiencia de pruebas, falta de valoración de los elementos presentados por la defensa de Ruffo y de una audiencia “desarrollada de manera cerrada y opaca”. Hacen un llamado para que todo procedimiento relacionado con Ernesto Ruffo Appel se conduzca con estricto apego a la Constitución, al debido proceso, a los tratados internacionales de derechos humanos y a los principios de independencia judicial, imparcialidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. La carta la firman Carlos Medina Plascencia, exgobernador interino de Guanajuato; Alberto Cárdenas Jiménez, exgobernador de Jalisco; Fernando Canales Clariond, de Nuevo León; Francisco Javier Ramírez Acuña, de Jalisco; Miguel Márquez Márquez y Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato; Marcelo de los Santos Fraga, de San Luis Potosí; Marco Antonio Adame Castillo, de Morelos; Patricio Patrón Laviada, de Yucatán; Ramón Corral Ávila, senador, candidato a la gubernatura de Sonora; Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro; Emilio González Márquez, de Jalisco; José Guadalupe Osuna Millán y Vicente Fox Quesada, expresidente de México…El relleno sanitario de Kanasín, en Yucatán, volvió al centro del debate ambiental después de que ciudadanos presentaran una denuncia acompañada de fotografías fechadas el 17 de 2026, en las que se muestran residuos descubiertos, escurrimientos sobre suelo natural, presencia de fauna nociva, deficiencias en la contención de lixiviados y una posible nueva zona de disposición sin impermeabilización visible. La denuncia solicita una nueva inspección técnica independiente para verificar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y descartar afectaciones al acuífero y riesgos para la salud de la población. Esto luego de que fueron levantadas las clausuras (total y parcial) por parte de Profepa. Y es que los ciudadanos que hacen la denuncia sostienen que desde que se levantó la clausura de Profepa volvieron a incurrir en el tiradero en prácticas contaminantes y descuidos, por lo que piden que la dependencia encabezada por Mariana Boy debe verificar el cumplimiento de la NOM-083, mientras que las autoridades estatales son responsables de revisar las autorizaciones para la construcción o ampliación de sitios de disposición final de los desechos urbanos…El caso del asesinato del periodista Alejandro Leyva, atraído ya por la Fiscalía General de la República, se torna cada vez más politizado y parece ser parte de la guerra política que vive Oaxaca de cara a las elecciones por la gubernatura en el próximo año. Porque mientras desde el gobierno de Salomón Jara lo atribuyen a cárteles del narcotráfico locales por los golpes que se les han dado en últimas fechas, el fiscal estatal dijo que se investigaría el brutal asesinato desde su trabajo periodístico y la Federación decide atraer la indagación ante el riesgo de contaminación política. Por lo pronto, ayer el gobernador Jara, en un ejercicio para desmarcarse del mortal ataque al periodista crítico de su gobierno, convocó a una reunión con el gremio periodístico oaxaqueño para escuchar sus reclamos, para reiterarles el respeto a su trabajo y para abrirse a sus preguntas sobre el tema. Jara dijo que está dispuesto a asistir a declarar ante la FGR para responder a cualquier pregunta o duda, pero no sólo él sino su secretario de Gobierno, Jesús Romero, y el consejero jurídico de su gobierno, Geovany Vázquez Segrero. Ofreció que su gobierno sea investigado en las líneas existentes por el asesinato de Leyva y, ya entrado en su apertura, hasta le ofreció a los periodistas de Oaxaca que cambiaría su política de comunicación y evitaría secciones de sus conferencias que estigmaticen a la prensa y a los medios, como sus llamados “Trapitos al sol” en los que expone publicaciones de los periodistas oaxaqueños. Total que Salomón Jara claramente quiere deslindarse de este asesinato. Veremos qué tan imparcial y confiable es la investigación de la FGR de la hoy enferma doctora Ernestina Godoy…Y mientras el gobernador se desmarca del asesinato en Oaxaca, hay versiones que señalan hacia el sexenio anterior, el del expriista y ahora morenista Alejandro Murat, del que por cierto fue funcionario el periodista Leyva, que dirigió la Comisión de Radio y Televisión de Oaxaca, aunque algunos lo dicen más sutilmente culpando “al narcotráfico que llegó el pasado sexenio al estado”….Se lanzaron los dados. Escalera Doble para todos los amables lectores.
