- La Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván para que puedan enfrentar investigaciones penales.
- El alcalde de Ixhuatlán del Sureste es investigado por su presunta relación con la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.
- El alcalde de Úrsulo Galván es señalado por su presunta participación en la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su chofer Ignacio López.
Congreso de Veracruz analiza solicitudes de desafuero
El Congreso del Estado de Veracruz recibió dos solicitudes de declaración de procedencia promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.
Las solicitudes buscan retirarles el fuero constitucional para que las autoridades ministeriales puedan continuar las investigaciones penales en su contra.
Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinaron que existen elementos suficientes para que ambos expedientes sean analizados por la Comisión Instructora, la cual dará seguimiento al procedimiento legislativo.
Caso del alcalde de Ixhuatlán está relacionado con la periodista Roxana Guzmán
De acuerdo con la Fiscalía estatal, Raúl González Martínez es investigado por su presunta participación intelectual en la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.
La carpeta de investigación incluye el testimonio de una persona que aseguró que el alcalde habría solicitado apoyo a un presunto líder criminal para privar de la libertad a la comunicadora, debido a que supuestamente ella poseía una fotografía en la que aparecía portando un arma de fuego.
Las autoridades precisaron que estas acusaciones forman parte de una investigación en curso y que será el procedimiento legal el que determine las responsabilidades correspondientes.
Por este caso ya fueron vinculadas a proceso ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
Edil de Úrsulo Galván es investigado por desaparición de empresario
La segunda solicitud de desafuero corresponde al alcalde Bertín Bravo Montero, quien es investigado por la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su chofer Ignacio López, ocurrida en mayo pasado.
Según la investigación ministerial, ambas víctimas acudieron al domicilio del alcalde tras una presunta reunión y posteriormente desaparecieron. Como parte de las indagatorias, la Fiscalía incorporó videos de vigilancia que muestran el ingreso del empresario y su acompañante a la zona donde se ubica la vivienda del edil, sin que existan registros de su salida.
La autoridad sostiene que estos elementos forman parte de la investigación y deberán ser valorados durante el procedimiento correspondiente.
Comisión Instructora definirá si procede el desafuero
Los dos alcaldes fueron citados para comparecer ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz, donde podrán presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.
Una vez concluidas las audiencias, la comisión elaborará un dictamen que será sometido a consideración del Pleno del Congreso. Para retirar el fuero constitucional se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores.
El procedimiento de declaración de procedencia no implica una determinación de culpabilidad, sino que permite que las autoridades ministeriales continúen las investigaciones penales sin la protección del fuero constitucional.
Movimiento Ciudadano denuncia persecución política
Tras conocerse las solicitudes de desafuero, Movimiento Ciudadano acusó que existe una presunta persecución política contra integrantes del partido en Veracruz.
Mediante un comunicado, la dirigencia estatal pidió que la Fiscalía actúe con autonomía, imparcialidad y estricto apego a la ley, además de evitar que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas con fines políticos.
El partido reiteró que respalda la investigación y sanción de cualquier conducta delictiva, siempre que los procedimientos se desarrollen respetando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
