Como en todas las coyunturas graves que ha enfrentado en su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo llegaron tarde a la que tal vez sea la crisis definitiva y definitoria de su administración: la del gasolinazo. Ayer, tras dos intentos fallidos de calmar la ira social y explicarle a los mexicanos el incremento de las gasolinas, el presidente recurrió a un viaje al pasado y, reviviendo un esquema que funcionó dudosamente en otro México: el del corporativismo priista y los “sectores productivos” controlados por el gobierno, revivió los viejos “pactos económicos” del neoliberalismo, al que ahora llamó “acuerdo” y lo presentó como su “nueva propuesta” para “proteger a la economía familiar” de los efectos del inmisericorde aumento de las gasolinas.
Más allá de darle o no el beneficio de la duda al “Acuerdo” firmado ayer en Los Pinos, con todo y sus enunciados grandilocuentes y sus buenas intenciones, la experiencia de los mexicanos afirma que ese tipo de esquemas, implementados de Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo, con Carlos Salinas como su máximo exponente, demostraron ser más un mecanismo de control corporativo y clientelar de los gobiernos priistas que un efectivo instrumento para proteger a las familias o la estabilidad económica. Sirvieron sí para someter a trabajadores y campesinos y “apretarles el cinturón” y si acaso para matizar y atenuar la voracidad de los empresarios, pero ninguno de esos “pactos” evitó ni detuvo, mucho menos castigó, el fenómeno que hoy tiene indignada y movilizada a la sociedad mexicana: la corrupción y la vida de privilegios, lujos y dispendios con la que viven gobernantes, funcionarios, legisladores, ministros de la alta burocracia.
¿Qué nos garantiza que éste “Acuerdo” de Peña Nieto será diferente a todos los anteriores? No será por supuesto la “asuteridad adicional” que, así en genérico, ofrece el documento para el gobierno federal, mucho menos el “generoso” 10% de descuento a los sueldos de altos funcionarios, y por supuesto tampoco el compromiso de emitir un “Decreto para ordenar la repatriación de capitales mantenidos en el extranjero. ¿Acaso Peña le va a repatriar sus fortunas en el extranjero a sus amigos empresarios Juan Armando Hinojosa Cantú, Ricardo Pierdant o Alfredo Miguel, que aparecen mencionados en los Panamaleaks y los Bahamasleaks como propietarios de empresas fantasma y capitales en dólares en el exterior? Difícil pensarlo.
Por lo demás este rimbombante “Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía y la Protección de la Economía Familiar”, tiene un título más largo que el tiempo que llevó su elaboración y consenso entre los “sectores productivos” que acudieron a firmarlo: tres días bastaron para que el documento se generara en Los Pinos y, sin mayores consultas que un vistazo rápido de los involucrados, se firmó ayer en un acto que buscó ser la “respuesta sensible” que no ha logrado el presidente Peña Nieto para tratar de serenar los ánimos de una sociedad enardecida que en las calles ya no solo pide marcha atrás en el gasolinazo sino también su renuncia.
Fue el jueves 5, tras una reunión de gabinete de emergencia, cuando se decidió elaborar este “Acuerdo”, luego de que fallara el segundo mensaje en cadena nacional donde el presidente enojado, regañaba a los mexicanos aùn más enojados y les preguntasba “¿Y Ustedes que hubieran hecho?”. En aquella reunión en Los Pinos el primero en exponer fue José Antonio Meade, que hizo gala de sus dotes de técnico con una exposición que algunos asistentes calificaron de “muy completa” donde les explicó con lo único que él entiende, cifras, gráficas, porcentajes y números, por qué el gobierno tuvo que retirar el subsidio de 200 mil millones de pesos que metía a las gasolinas y adelantar su liberación: “de no haberlo hecho, les dijo, se cancelarían…”, luego les puso ejemplos concretos de programas de diversas dependencias que hicieron arquear las cejas a varios secretarios.
Vino después la valoración “política” y fue el mismo presidente quien se encargó de explicar a su equipo “lo difícil y complicado” que había sido tomar la decisión, a pesar de reconocer que hubieron voces que le pidieron no hacerlo y le sugirieron “explorar otras vías. Sabíamos que el costo sería muy alto. Yo lo sabía pero decidí enfrentarlo”, les dijo el presidente. Ya para entonces se reconocía, ahí adentro, la gravedad y el crecimiento de las protestas, pero aun así la instrucción de Peña al gabinete fue una y contundente: “Vamos de frente, hay que salir, explicar, defender y argumentar. Hay que asumir el costo”. En pocas palabras “no hay marcha atrás”.
Por eso el presidente prefirió un “regreso al pasado” y un “Acuerdo” con el que apuesta a calmar la ira de los mexicanos prometiéndoles, en un documento de cuatro cuartillas, que ahora sí el gobierno cumplirá todo lo que por ley debió hacer siempre.