A escasos días de cumplirse dos años de la desaparición y muerte de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía de Iguala y del Cártel Guerreros Unidos, la sociedad mexicana sigue sin sabe por qué fueron masacrados los estudiantes. Y con el amparo otorgado la semana pasada al narcotraficante Sidronio Casarrubias, la posible liberación del principal testigo que sostiene la “verdad histórica” de la PGR, está a punto de tirar toda la investigación oficial.
El amparo federal “por señalamientos de tortura” al sicario Casarrubias –principal acusador de José Luis Abarca y su esposa, asó como de las policías de Iguala y Cócula, y de Guerreros Unidos como autores intelectuales y materiales del secuestro y asesinato de los normalistas– invalidaría la principal prueba que sostenía la “verdad histórica” del gobierno federal; también siguen sin esclarecerse irregularidades y violaciones legales en la mayoría de las diligencias e interrogatorios de este caso, evidenciadas en videos donde el subprocurador Tomás Zerón, principal encargado de las investigaciones con Murillo Karam, sembraba restos en el Río San Juan.
Las graves irregularidades y la impunidad que rodean al tambaleante “caso Ayotzinapa” se reflejan también en la tranquilidad de Angel Aguirre Rivero. Al ex gobernador lo han visto a últimas fechas entrar y salir de las oficinas de la PGR, donde visita a funcionarios que le dan trato de “amigo”. El manto de protección e impunidad que cubre al ex mandatario –amigo de Peña Nieto y financiador de su campaña presidencial en 2012— alcanza también a su familia: ya fueron liberados su hermano, Carlos Mateo Aguirre Rivero y su sobrino, Luis Angel Aguirre Pérez, quienes en febrero de 2015 fueron detenidos junto a los empresarios Paulo Ignacio, Mauricio, Alejandro Carlos y Huges Acosta, acusados todos de corrupción por desviar 287 millones de pesos del erario estatal y federal, a través de triangulaciones que hicieron con empresas constructoras. Todos ya están libres y, según sus abogados, pronto podrán ser exonerados “por falta de pruebas”.
A este paso, si se comprueba que la declaración de Sidronio fue obtenida bajo tortura, como muchos otros testimonios que constan en la “versión oficial” de la PGR, el caso se derrumbaría jurídicamente y llegaríamos al segundo aniversario no sólo sin saber la verdad que pasó en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, sino con la se confirmación de lo que dijo hace meses el Grupo de Expertos Internacionales de la CIDH: que el Estado mexicano –y sus autoridades como el presidente Peña Nieto, los titulares y funcionarios de la PGR— mintió y manipuló las investigaciones para ocultar los verdaderos móviles y autores intelectuales del secuestro y asesinato de los normalistas.
¿Tendrá ese ocultamiento que ver con la corrupción que protege al tráfico de amapola, goma de opio y heroína en Guerrero y que algunos dicen alcanza lo mismo al Ejército mexicano, que a la Policía Federal, cuyos miembros atestiguaron la masacre de los normalistas y, según testimonios de sobrevivientes se negaron a auxiliarlos “porque ustedes se lo buscaron? ¿Y tendrá que ver también con la figura que, dicen, se esconde detrás del nombre del “patrón” mencionado por sicarios y policías en sus declaraciones cuando hablaban de qué hacer con los 43 jóvenes –“lo que ordene el patrón”— y que apunta al “señor de Hutizuco” como se conoce al ex gobernador de Guerrero Ruben Figueroa Alcocer?
Esas son las preguntas que no ha respondido, y quién sabe si responderá, la versión oficial que se cae en pedazos a dos años de la peor masacre del sexenio de Enrique Peña Nieto.
NOTAS INDISCRETAS…Aunque le quitaron el cargo –y eso debió doler a alguien tan soberbio— el poder de Luis Videgaray en el gabinete parece intacto. Una prueba es el nombramiento que su sucesor, José Antonio Meade, hizo de Osvaldo Santín como nuevo titular del SAT. Santín es el “hijito” de Videgaray desde el Estado de México y jefe de su Oficina de Coordinación en Hacienda. Y ahora en secretaria de la Función Pública se menciona que Aristóteles Núñez podría llegar al cargo que dejó vacante Virgilio Andrade. El problema para Aristoteles es que si llega a Función Pública no tendría mucho margen, pues el encargado de despacho, Javier Vargas, aprovechó sus “cinco minutos de poder” y modificó los reglamentos internos para que todas las áreas importantes, que antes reportaban a la oficina del secretario, ahora sólo le reporten a la subsecretaría que él encabeza. Vargas elaboró y firmó el dictamen de la Casa Blanca, que exoneró a Peña y a su esposa de cualquier “conflicto de interés”, y a cambio de eso quiere poder y lo ejerce con prepotencia…Los dados abren con Escalera. La semana promete.