La carta de Ismael “El Mayo” Zambada, exigiendo su repatriación a México, se está volviendo un dardo envenenado para la 4T. En la medida que el gobierno mexicano decida asumir la defensa legal del “ciudadano” Zambada –algo que por cierto no le recomiendan hacer a la presidenta desde su gabinete de seguridad–, se estarían dando más elementos para el discurso trumpista de que las autoridades mexicanas tienen “una alianza con los cárteles” y que eso representa un peligro para la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos.
La administración de la doctora Claudia Sheinbaum se está moviendo en terreno minado con su decisión de “analizar” y atender la petición del Mayo, porque aun cuando sea cierto que al buscado capo sinaloense se lo llevaron a través de una “extracción ilegal”, hoy finalmente es un sujeto detenido y procesado por la justicia estadounidense y promover desde el gobierno mexicano su repatriación llevaría inevitablemente a una ruta de choque en la cada vez más tensa relación entre la Casa Blanca y Palacio Nacional por el tema de la guerra contra los cárteles mexicanos.
Porque no hace falta mucho análisis para entender que la de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, es una estrategia frontal y declarada contra los narcos mexicanos y que si ya dijeron en un statement oficial de la Casa Blanca que “existe una alianza de los cárteles con el gobierno mexicano”; si ya declararon formalmente a seis organizaciones criminales mexicanas como “terroristas internacionales”, el siguiente paso sería declarar a los políticos mexicanos vinculados o financiados por el narco y a su partido como “narcopolíticos” o “narcopartidos” y ahí entraría Morena como un partido que tiene vínculos con esos grupos.
Y aunque Trump y Rubio juegan un doble juego en su relación con el gobierno mexicano –en el que por la mañana les clavan la daga con declaraciones como las del narcoterrorismo, y por la tarde elogian a la presidenta y dicen que “hay un muy buen diálogo” con las autoridades mexicanas– la realidad es que, paralelo al diálogo oficial, desde áreas específicas del Departamento de Estado se sigue investigando y se documentan expedientes sobre políticos y funcionarios mexicanos a los que les intentan probar vínculos directos con los cárteles de la droga.
En esta columna hablamos hace unos meses, sobre 43 nombres de políticos y gobernantes mexicanos a los que les habían abierto expedientes en Washington por sus relaciones de distinto tipo con organizaciones del narcotráfico; pues ahora, según información de fuentes estadounidenses, el número se ha incrementado y ya se habla de hasta 110 expedientes que se siguen integrando en el Departamento de Estado, donde además de aquellos 43 se incluyen nuevos nombres y perfiles de políticos y funcionarios de los tres niveles de gobierno en México, de los cuales el 85%, nos dicen, son personajes de Morena, entre los que se menciona a gobernadores, congresistas, alcaldes y funcionarios.
En el armado de esos expedientes, según la fuente, hay colaboración de personajes mexicanos opositores al gobierno, entre los que mencionan a un excanciller, un exgobernador de un estado, un exembajador de México en Estados Unidos y recientemente también se sumó a la entrega de información el dirigente nacional de un partido político de oposición. También hay congresistas de Estados Unidos, que tienen conexiones e información sobre México y sus narcopolíticos, que están brindando información al Departamento de Estado para los 110 expedientes mencionados, y entre ellos figuran 4 congresistas republicanos de Texas y 5 de la Florida.
Es decir, que con esos expedientes y con las presiones desde Washington para que el gobierno mexicano haga suya su “guerra total contra los cárteles”, cada vez empieza a verse más claro que si no hay una colaboración total y frontal de las autoridades mexicanas y, si en lugar de eso se dedican a defender legalmente al Mayo Zambada y a cuestionar la estrategia de Trump, lo que podría venir es la declaración de Morena como “el brazo político” de los cárteles y un embate directo contra dirigentes, gobernantes y funcionarios de ese partido.
Y si Washington, en el escenario más extremo, decidera acusar al partido gobernante en México de ser un “narco partido”, inevitablemente las acusaciones y señalamientos apuntarían hacia su líder máximo y fundador y contra su círculo más cercano. Por eso, dependiendo de cómo manejen la situación en Palacio Nacional, hoy todos los caminos de las investigaciones de narcopolítica en Washington conducen hacia Palenque, o como dirían en el argot judicial mexicano, “le están tendiendo la camita” al personaje que, dicen, habita por esas tierras del sureste.
Tal vez por eso en su polémica carta, solícitamente atendida por el gobierno mexicano, Ismael El Mayo Zambada amenaza con el “colapso de la relación bilateral” si no lo traen de regreso a México. Porque al final el capo histórico de Sinaloa no sólo sabe mucho sobre cómo se maneja el narcotráfico en México y cómo operan sus redes y acuerdos con los políticos y gobernantes, sino que también El Mayo sabe cómo opera y funciona el narco en Estados Unidos, las redes de la DEA y de otras agencias estadunidenses. Por eso sabe que si él habla puede provocar tsunamis en ambos lados de la frontera.
NOTAS INDSICRETAS… Por más que la poco seria dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, haya salido rápidamente a querer deslindar a su partido del abogado Juan Pablo Penilla, el actual “asesor legal” del Mayo y de algunos gobernadores mexicanos, está más que identificado y conocido por las autoridades estadunidenses. Y sí, el abogado que tiene muchos vínculos políticos, no sólo con Morena sino también con personajes de MC, sí estuvo en los eventos y reuniones de campaña del partido gobernante pero sus redes políticas no se limitan a Morena, si bien hoy son las que más opera y cultiva. Según información en poder de la DEA el abogado que hoy asesora al Mayo, antes fue conocido por su asesoría jurídica al Z-40, Miguel Treviño Morales, a quien por cierto las autoridades mexicanas nunca han querido extraditar a Estados Unidos, a pesar de varias solicitudes que se han hecho. Se dice en la agencia antidrogas estadounidense que el experimentado jurista negociaba con jueces, magistrados y políticos a favor de su cliente y que también es actualmente abogado de varios casinos que se ubican en Tamaulipas y Sinaloa. Y aunque ahora lo desconozcan en Morena, a Penilla se le vio muy cercano a una de las corcholatas de Morena, en el proceso interno del 2024. Y aunque no nos dicen cuál de las seis corcholatas era la que tenía cercanía con el multicitado abogado, solo nos dicen que era una que tenía que ver con el tema de los casinos… Los dados abrieron con la Doble Serpiente. La semana se viene turbulenta.
