La queja fue directa del mando más alto de la Secretaría de Marina, encargada por el presidente Enrique Peña Nieto para encabezar y coordinar la búsqueda del prófugo Javier Duarte de Ochoa: “Van por lo menos cuatro ocasiones en que las células de élite de la Marina están a punto de capturar a Duarte, llegan al lugar en donde se encuentra y, como si alguien le avisara de los operativos, ha salido minutos antes de que lleguen los marinos”. El delicado señalamiento del alto mando de la Armada de México, al mismo tiempo que sugiere que al ex gobernador le están pasando información desde una instancia de seguridad federal, explica por qué hasta la fecha, tres meses después de su apoyada fuga el pasado 13 de octubre, ni los grupos de inteligencia de la Marina –los mismos que recapturaron al Chapo Guzmán– ni todas las agencias federales de seguridad han podido encontrar al escurridizo ex mandatario veracruzano.
Pareciera que alguien de muy alto nivel en el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiere que Duarte sea detenido y sometido a juicio por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por los que se le giró una orden de aprehensión desde el 17 de octubre, justo cuatro días después de que se fugara en medio de la negligencia y de la nula vigilancia del gobierno federal. Alguien de adentro de las áreas de seguridad del propio gobierno y que debe tener nivel suficientemente para tener acceso a información confidencial y a comunicaciones de alto nivel como para enterarse de cuándo las células de inteligencia de la Marina reciben información concreta de la ubicación del prófugo veracruzano y salen en su búsqueda. Porque en al menos los cuatro casos que comenta el alto mando naval, los marinos que han llegado a los presuntos escondites (ubicados todos en territorio de Chiapas) encontraron evidencias y señales de que Duarte estuvo ahí y tenía escasos minutos de haber abandonado el escondite.
La pregunta sería quién está filtrándole información y protegiendo a Javier Duarte desde el propio gobierno, según la queja de los altos mandos de Marina. ¿Serán los mismos que le avisaron aquel 13 de octubre que la orden de aprehensión en su contra ya estaba a punto de ser solicitada por la PGR entonces encabezada por Arely Gómez? ¿Los mismos que después de que el aún gobernador saliera del despacho del secretario Miguel Osorio Chong, en Gobernación, la noche del 11 de octubre de 2016, convencido de anunciar su licencia un día después en la televisión, no consideraron importante vigilarlo para evitar su fuga? Funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Gobernación se acusan mutuamente de haber facilitado la fuga de Duarte ¿estarán en algunas de esas dos áreas los que le filtran información de los operativos para capturarlo?
Quién esté encubriendo a Duarte y tenga comunicación con él debe conocer muy bien la información en poder del ex gobernador que puede cimbrar y comprometer a las cúpulas del gobierno y de la clase gobernante o no se entendería de otro modo los “pitazos” que le dan al prófugo y que hasta ahora le han ayudado a escapar a tiempo al menos en cuatro ocasiones. ¿Dónde está el topo en la seguridad federal y hasta que nivel llega la “ayuda” que sigue recibiendo en su prolongada huida Javier Duarte?
NOTAS INDISCRETAS…Es pura coincidencia, dicen en el gobierno estatal, pero justo a horas del arribo a territorio mexicano del ex gobernador Mario Villanueva, Can Cún y la Riviera Maya sufren una ola de violencia, ataques y pánico del crimen organizado. Las balaceras ayer en la Fiscalía del Estado, donde perdieron la vida un policía y tres delincuentes, se sumaron a disparos en zonas comerciales y al ataque armado del lunes en el bar Blue Parrot de Playa del Carmen. Más allá del presunto rescate de una ex policía y presunta narcotraficante apodada “doña Lety”, el ataque armado a la Fiscalía evidenció que en Quintana Roo y en su codiciado corredor internacional, se libra una guerra no sólo entre cárteles, por el control de una plaza millonaria, sino también de grupos delincuenciales que quieren someter e intimidar al actual gobierno encabezado por Carlos Joaquín. Información de inteligencia federal y estatal apuntan a que las pugnas tienen que ver con la llegada de células del Cártel Jalisco Nueva Generación a Can Cun, ligadas a la administración municipal del joven alcalde pevemista Ramberto Estrada. Esos grupos estarían disputando la plaza a Los Zetas, que controlan el corredor turístico desde el gobierno de Villanueva Madrid y que habrían tenido pacto con la pasada administración de Roberto Borge. Ayer el gobernador Carlos Joaquín atribuía los ataques “a que los delincuentes estaban acostumbrados a que sus fechorías no sólo no tenían castigo sino que eran toleradas”, en claro señalamiento contra su antecesor Borge Angulo. ¿Quién quiere incendiar el paraíso?..Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
