• La ONU-DH reconoció la labor y resistencia de las madres buscadoras en México.
• Colectivos marcharon en distintos estados para exigir avances en la localización de personas desaparecidas.
• Más de 25 mil madres han acudido a fiscalías desde 2019 para denunciar la desaparición de sus hijos.
ONU reconoce la lucha de las madres buscadoras
En el marco del Día de las Madres, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su reconocimiento a las madres buscadoras y a las familias que continúan exigiendo verdad y justicia para sus seres queridos desaparecidos.
A través de redes sociales, el organismo retomó declaraciones del Alto Comisionado Volker Türk, quien señaló que las desapariciones siguen siendo uno de los problemas más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México.
“La desaparición provoca un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familias”, destacó el funcionario internacional durante su reciente visita al país.
La ONU-DH también resaltó el papel de los colectivos encabezados principalmente por mujeres, quienes han impulsado labores de búsqueda, documentación, memoria y exigencia de rendición de cuentas ante las autoridades.
Marchas y movilizaciones marcaron el 10 de mayo
En distintas ciudades del país, madres buscadoras realizaron marchas, vigilias y protestas para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir avances en las investigaciones.
En la Ciudad de México, colectivos marcharon del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia con fotografías, pancartas y consignas para reclamar la localización de sus familiares.
Durante la movilización, madres compartieron testimonios sobre años de búsqueda y denunciaron omisiones de las autoridades. Algunas expresaron que, aunque sea mediante restos, desean recuperar a sus hijos para poder cerrar el duelo.
Las consignas “¿Dónde están nuestros hijos?” y “Nada que celebrar” acompañaron gran parte de la protesta.
Colectivos de Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua exigen respuestas
En Culiacán, colectivos como Sabuesos Guerreras y ¿Dónde están? encabezaron la octava Marcha de la Dignidad Nacional, recorriendo calles de la ciudad hasta llegar a la Fiscalía estatal.
Las madres pidieron a las autoridades que las desapariciones no sean normalizadas y exigieron que continúen las búsquedas sin importar los cambios políticos en el estado.
En Nuevo León, integrantes del colectivo Amores solicitaron al gobierno estatal activar mecanismos de alerta inmediata para agilizar la localización de personas desaparecidas.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaciones y familiares realizaron vigilias, misas y actos de memoria para honrar tanto a personas desaparecidas como a madres que fallecieron sin encontrar a sus hijos.
Más de 25 mil madres han buscado apoyo en fiscalías
Datos obtenidos de fiscalías estatales revelan que desde 2019 al menos 25 mil 111 madres mexicanas han acudido ante autoridades para denunciar la desaparición de sus hijos.
Sin embargo, 19 entidades reconocieron no contar con estadísticas específicas sobre el parentesco de quienes presentan denuncias o solicitan investigaciones.
Entre los estados con mayores cifras de atención se encuentran Tamaulipas, Chiapas y Aguascalientes, mientras que otras entidades reportaron registros mínimos o ausencia de información desagregada.
Especialistas y colectivos han cuestionado durante los últimos años la falta de datos precisos y las inconsistencias en los registros oficiales de personas desaparecidas.
Crisis de desapariciones mantiene tensión con organismos internacionales
Actualmente, México registra más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con cifras oficiales.
En abril de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para México al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.
La decisión fue rechazada por el gobierno federal, que sostuvo que en el país no existe una política de desaparición forzada desde el Estado.
Las declaraciones provocaron críticas e inconformidad entre colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos.

















