- El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca aumentar las acusaciones contra presuntos narcopolíticos mexicanos.
- Funcionarios estadounidenses plantean aplicar leyes antiterroristas en casos relacionados con cárteles.
- Las declaraciones surgen tras las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa.
El gobierno de Estados Unidos intensificó su estrategia contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico y analiza ampliar de manera significativa las investigaciones y acusaciones penales bajo cargos relacionados con terrorismo.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, el Departamento de Justicia estadounidense instruyó a fiscales federales a incrementar los procesos judiciales contra políticos y funcionarios señalados de colaborar con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
La directriz fue comunicada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto de Estados Unidos, durante una llamada interna con fiscales federales de distintas regiones del país. Según el reporte, el funcionario pidió triplicar las acusaciones contra servidores públicos mexicanos presuntamente relacionados con cárteles.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, declaró Singh durante la conversación citada por el medio estadounidense.
El funcionario también sostuvo que las posibles molestias diplomáticas con México no modificarán la estrategia de Washington.
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, afirmó. Añadió además: “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”.
Buscan aplicar leyes antiterroristas contra redes criminales
Según el reporte, la administración de Donald Trump pretende que las investigaciones relacionadas con el narcotráfico también incluyan cargos por terrorismo, luego de que varios cárteles mexicanos fueron catalogados este año como organizaciones terroristas extranjeras.
La intención del Departamento de Justicia sería ampliar el uso de estas herramientas legales contra funcionarios señalados de colaborar con grupos criminales dedicados al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
Singh aseguró que las autoridades federales deben tratar a los implicados “como los terroristas que son”, en referencia a quienes presuntamente brindan protección política o institucional a organizaciones criminales.
Caso Sinaloa elevó la tensión entre México y EU
Las declaraciones ocurren semanas después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaran cargos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados también figuran Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez y Damaso Castro Zaavedra, además de otros exmandos de seguridad.
El caso tomó mayor relevancia tras la detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y presunta colaboración con la facción criminal de Los Chapitos.
Crece la presión política y diplomática
El endurecimiento de la postura estadounidense ocurre en un contexto de creciente tensión bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
The New York Times señala que la estrategia de Washington también se fortaleció después de que se revelara la participación encubierta de agentes estadounidenses en operativos realizados en territorio mexicano, así como tras recientes investigaciones sobre presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.
Hasta el momento, el gobierno mexicano ha insistido en que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas contundentes y ha solicitado a Estados Unidos compartir la evidencia correspondiente antes de proceder judicialmente en territorio nacional.
