- La Fiscalía del Estado de México investiga una red que creó 459 plazas docentes irregulares para desviar al menos 96 millones de pesos del erario.
- El esquema operó desde 2021 mediante falsos docentes, control de tarjetas bancarias y plazas asignadas a escuelas inactivas en diversos municipios mexiquenses.
- Hasta ahora, 28 personas fueron vinculadas a proceso por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad, mientras continúan las investigaciones.
Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló la operación de una presunta red de corrupción integrada por exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares que utilizó plazas docentes irregulares para desviar recursos públicos mediante un esquema de “aviadores”.
Las autoridades estiman que la organización operó desde 2021 y que solo entre enero de 2025 y febrero de 2026 provocó un daño patrimonial de 96 millones de pesos. Hasta ahora, 28 personas han sido vinculadas a proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados.
Crearon cientos de plazas docentes para desviar recursos públicos
La indagatoria comenzó tras las denuncias presentadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), luego de detectar 459 altas irregulares de personal docente cuyos supuestos beneficiarios nunca acudían a laborar ni existían evidencias de que desempeñaran funciones en escuelas públicas.
De acuerdo con la Fiscalía, las plazas eran registradas con expedientes incompletos o documentación irregular, pero aun así eran incorporadas al sistema de nómina estatal para autorizar el pago de salarios y prestaciones.
Solo entre enero de 2025 y febrero de 2026, el esquema habría generado un desvío de aproximadamente cuatro millones de pesos por quincena, además de pagos por aguinaldos, primas vacacionales y bonos.
Así operaba la red de “aviadores”
Las investigaciones señalan que funcionarios de distintas dependencias estatales coordinaban el alta de plazas falsas utilizando los sistemas administrativos del gobierno.
La organización reclutaba principalmente a familiares, amigos y personas de confianza para registrar sus datos personales como supuestos docentes. Una vez autorizadas las plazas, las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios quedaban bajo control de los operadores del esquema.
Posteriormente, integrantes de la red retiraban el dinero y lo distribuían entre los responsables. En algunos casos, los falsos docentes recibían apenas 6 mil pesos, mientras que el resto del salario era repartido entre los organizadores.
La Fiscalía también documentó que algunos capturistas realizaron más de 70 altas irregulares y recibían cinco mil pesos por cada movimiento.
Plazas en escuelas inactivas para evitar ser descubiertos
Para dificultar la detección del fraude, las altas se realizaban durante la madrugada y desde diferentes cuentas de usuario.
Las plazas eran asignadas a escuelas con claves inactivas o sin operación en municipios como Toluca, Metepec, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Zinacantepec, Tejupilco, Luvianos, Amecameca, Almoloya de Alquisiras y Zumpango.
Además, la Fiscalía obtuvo mensajes en los que presuntos reclutadores instruían a los beneficiarios para cancelar sus cuentas bancarias y negar cualquier relación laboral con el gobierno una vez iniciadas las auditorías.
También se asignaban plazas con fines personales
Las investigaciones revelan que varios de los integrantes de la organización también se otorgaron una o más plazas docentes con salarios cercanos a 50 mil pesos mensuales.
Estas plazas permanecían bajo licencias irregulares para conservar derechos laborales y utilizarlas como respaldo en caso de dejar sus cargos de confianza o con fines de jubilación.
La Fiscalía detectó un nivel de vida que no correspondía con sus ingresos
Como parte de las indagatorias, la Fiscalía identificó que varios de los investigados mantenían un patrimonio superior al que permitirían sus ingresos como servidores públicos.
Entre las evidencias se encuentran viajes a París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto y diversos destinos del Caribe, así como la adquisición de vehículos de lujo, accesorios de alta gama e inmuebles de elevado valor.
28 personas ya enfrentan proceso penal
La investigación involucra a 33 personas, entre exsubsecretarios, exdirectores generales, delegados administrativos, coordinadores, subdirectores, capturistas, servidores públicos en funciones y particulares.
Hasta el momento, 28 imputados fueron vinculados a proceso y permanecen sujetos a prisión preventiva, mientras que otros promovieron amparos para evitar su detención.
El expediente integra 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer si el daño económico es mayor y determinar la posible participación de más personas.
